El fallecimiento del Presidente Hugo Chávez en marzo de 2013 dio paso a una nueva coyuntura política en Venezuela. Tan solo 5 meses antes Chávez acababa de ser reelecto para su tercer mandato con una ventaja sobre su oponente del 10.76%. Sin embargo a penas transcurrido un mes desde la muerte del Presidente, Nicolás Maduro ganaba a Henrique Capriles las elecciones presidenciales por una diferencia de 1.49%,
Estos números nos ayudan a entender el enorme peso del hiperliderazgo de Hugo Chávez en el proceso político bolivariano. Pero la crisis actual que atraviesa Venezuela no se puede achacar al cambio de la figura del líder por muy relevante que esta se presente, sino que el factor determinante atiende a razones más terrenales como lo es, sin duda alguna, el colapso de los precios del petróleo.
Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de 100 dolares el barril; en el año 2014 bajó hasta los 88,42 dólares; siguió desplomándose durante 2015 marcando un promedio de 44.65 dólares; para acabar llegando a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de 24,25 dólares el barril de crudo.
Quizás las dimensiones de la catástrofe económica que están padeciendo, especialmente, las clases populares venezolanas, no serían tales, si en los primeros años de la autodenominada “Revolución Bolivariana” se hubiese cuestionado el heredado modelo rentista en vez de haber hecho de, dicho modelo su bandera, superando niveles históricamente desconocidos en Venezuela. El petróleo pasó de representar el 64% de las exportaciones en 1998 al 92% en 2012. Pero además, estas rentas obtenidas en los años de abundancia, fueron dirigidas hacía políticas asistencialistas, mientras se obviaba la transformación del modelo económico, logrando así reducir la pobreza de ingresos que rescató a miles de personas de la pobreza extrema, pero sin alterar las condiciones estructurales que provocaban dicha exclusión social.
Mientras los precios del petróleo se mantuvieron por las nubes, fue posible mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población, a través de las diferentes misiones e incluso se pudo liderar el proceso integracionista en el ámbito latinoamericano. Cuando los precios de las materias primas y especialmente los del petróleo se hundieron, todo el proyecto político “Bonapartista”, comenzó a desmoronarse.
A día de hoy, la reducción de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora que depende de salarios y pensiones es generalizada, mientras, que por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación.
Por la vía de los hechos, la política económica del actual Gobierno opera como una política de “ajuste fondomonetarista” que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de las clases populares, al priorizar el pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de los y las venezolanas.
El extremo paternalismo con el que se llevó a cabo la creación durante los tres últimos lustros de las organizaciones sociales de base (consejos comunales, comunas, consejos comunitarios de agua, etc.); el modelo de sindicalismo vertical implantado, prácticamente inhabilita hoy la posibilidad de dar, desde abajo, una respuesta, a situación de emergencia social, así como debilita la opción, de las clases populares de protagonizar un desborde político que ponga en jaque a la burocracia bolivariana, debido a la generalización de las relaciones clientelares que las mantienen bajo un importante grado de dependencia respecto del aparato estatal.
La crisis económica internacional se ha ido convirtiendo en Venezuela, sobre todo a partir de 2015 en adelante en una crisis política y social de gran envergadura, debido principalmente a la intensificación de la agresividad de la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y al giro autoritario de Maduro a raíz de la primera derrota electoral del chavismo en las parlamentarias de diciembre del 2015, en las que la oposición ganó, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno, logrando además 112 parlamentarios, dos terceras partes de la cámara, gracias al sistema electoral “mayoritario” que durante años sobre-representó al chavismo. Desde entonces, la iniciativa parlamentaria de la oposición dirigida a sacar a Maduro del Gobierno desde el primer día, exigiendo un revocatorio, ha sido frenada por el Tribunal Supremo de Justicia que ha declarado inconstitucional cada una de esas iniciativas. Mientras el gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos presidenciales.
Como era de esperar, el asedio político y mediático, el boicot económico, y la violencia social, incluso a través de bandas paramilitares, dirigido por la mayoría de la burguesía que gobernó el país hasta la primera victoria de Chávez, (hoy reorganizada en la MUD), no ha hecho otra cosa que fortalecerse e intensificar sus acciones de desestabilización contra el Gobierno, con la inestimable ayuda del gobierno de los Estados Unidos, que desde el primer día les brindó su respaldo político, financiero y militar, incluido el golpe de Estado del año 2002, del que también participó el Gobierno de Jose María Aznar y que fue defendido por las principales agencias internacionales de noticias. Sin embargo se pueden distinguir dos orientaciones dentro de la MUD entre quienes ven la necesidad de un golpe militar urgente y quienes apuestan por un lento desgaste que implica cierto grado de colaboración con el gobierno
En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza, por un debilitamiento, no tanto de las luchas obreras y movimientos sociales, como, principalmente de los denominados “gobiernos progresistas” en toda Latinoamérica.
A los golpes en Honduras y Paraguay, los siguieron la derrota del kichnerismo en Argentina y el golpe blando en Brasil, los dos gigantes del continente aliados de Venezuela en el proceso de integración iberoamericana, sin contar con el debilitamiento de Correa en Ecuador y de Evo en Bolivia. Lo que ha supuesto un incremento sustancial del acoso a Venezuela y una revitalización de la OEA, la cual, el Gobierno de Venezuela, decidió abandonar el pasado 26 de abril de este año 2017. No abordaremos en esta ocasión el balance sobre el cambio de ciclo de estos gobiernos que tantas esperanzas despertaron en la mayoría de la izquierda internacional, pero sí aprovechamos para resaltar la importancia y la urgencia de llevar a cabo ese balance, si se pretenden sacar lecciones de cara al futuro.
Los actuales problemas de escasez y desabastecimiento en Venezuela, han generado revueltas, saqueos y enfrentamientos violentos entre los defensores de la MUD y “colectivos” chavistas o cuerpos de seguridad del Estado directamente, que suman más de un centenar de muertos en el último año, lo cual ha permitido fijar el foco mediático internacional sobre Venezuela de una forma desmedida, rozando lo patológico en el caso de las corporaciones mediáticas del estado español, debido a los preferentes intereses de la burguesía española en la región.
El gobierno, ante esta descomposición generalizada, de una sociedad que ya no puede controlar y en vista de que su discurso de pose anti-imperialista se hace cada vez menos eficaz, responde con una creciente represión, alentada públicamente por gran parte de la izquierda internacional, mientras improvisa medidas con más intención de resistir en el poder político que otra cosa. En este sentido, la respuesta más importante fue la proclamación en 2016 de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo que se pretende combinar el rentismo petrolero, el cual no deja de intensificarse con nuevos proyectos de apertura de pozos, con un modelo extractivista minero.
Así, la puesta en marcha del plan de explotación del “Arco Minero del Orinoco”, abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales, a cielo abierto, es ya una realidad que puede significar la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. La deforestación que necesariamente acarrea dicho proyecto minero, implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. Por si fuera poco, tanto el incremento de la explotación petrolera como el mega proyecto minero, será puesto en marcha por especializadas multinacionales a las que el Gobierno ya está bonificando con todo tipo de prebendas y beneficios fiscales.
Las posibilidades de oponer una resistencia activa al proyecto del Arco Minero del Orinoco, resultan casi inexistentes, debido a la creación de una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero, todo ello, eso sí, en nombre del Socialismo del siglo XXI.
El 1º de mayo de 2017 Maduro anuncia la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Esta jugada le ha permitido eliminar el actual Congreso Nacional y cancelar el calendario de elecciones para estados y municipios. Sin embargo, Varias corrientes de izquierda críticas con la gestión de Maduro, estiman que la Constituyente podría funcionar como un imperfecto instrumento para desenvolver la disputa con los sectores del chavismo corrupto y boliburgués. Aunque la política de Maduro está siendo la de apoyarse en el PSUV, que no es más que un aparato electoral, obviando las demandas de los sectores obreros más avanzados, como las del control obrero de las empresas; un ataque a los negocios y privilegios de la burguesía (bolivariana y no); la creación de milicias antigolpe y contra el peligro de invasión, la suspensión del pago de la deuda y el control de los bancos privados.
Frente a la gravedad de los acontecimientos, la llamada al dialogo y la recuperación de la “normalidad democrática” que abandera la socialdemocracia europea, suena a broma de mal gusto; por el contrario, la incitación al uso de la “mano dura” de gran parte de la izquierda latinoamericana y europea de tradición estalinista, la cual sitúa el conflicto en clave de “Gobierno democrático y anti-imperialista” contra “golpistas fascistas financiados por EEUU”, refleja su campismo y la simplicidad de su análisis; y por último, la equidistancia respecto del chavismo y de la MUD mostrada por algunas corrientes de tradición trotskista, obvia, a pesar de que ciertamente exista una pugna entre dos sectores de la “burguesía”, el hecho de que en Venezuela no actúen las dos vertientes reaccionarias “yihadismo” y “dictaduras” que han logrado capitalizar algunos de los conflictos abiertos en Oriente Medio, sino que la existencia de sectores abiertamente fascistas y de paramilitares entre las fuerzas de la oposición, frente a la caída repentina de Maduro acarrearía una posible represión contra cualquier activista, militante o sindicalista sin distinción alguna acompañada de una política económica de ajuste que castigarían a la clase trabajadora con todas sus fuerzas y evidentemente no dejarían a la oposición de izquierdas en mejor posición como alguna de estas corrientes defiende.
Ante el escenario que hemos tratado de dibujar, la auto-organización y la alianza de la clase trabajadora, el campesinado más humilde y la juventud, para desbordar y deslegitimar al Gobierno y plantar cara a la burguesía dirigida por los EEUU, representa la única salida posible en beneficio de las clases populares venezolanas.
Desde el análisis marxista no es posible, aun menos hoy, asegurar o vaticinar lo que sucederá mañana en cualquier país del mundo, pero, por el contrario, si se puede determinar “lo que no es posible” que suceda, es decir, que proyectos políticos son del todo inviables, o están condenados al fracaso. El estudio de la situación del capitalismo hoy, nos revela el aumento de las dificultades de los sectores capitalistas en pugna para aumentar sus beneficios, sin deteriorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. La encrucijada ,“Socialismo o Barbarie”, ante la que se sitúa a los y las explotadas del planeta recobra su intensidad y emplaza a los colectivos y sectores más avanzados de la clase trabajadora mundial a priorizar la tarea de reconstruir una Internacional capaz de orientar y coordinar las luchas y resistencias que vuelven a levantarse día tras día.