Desde que el pasado 14 de febrero se celebraran las elecciones en Catalunya, los intentos de pacto por parte de las organizaciones independentistas se han sucedido, aunque sin un resultado claro por el momento. Aunque el plazo para la investidura acaba el 26 de mayo, no hay nada en claro sobre la formación de gobierno, pero sí parece claro que hay, únicamente, dos escenarios posibles: un gobierno encabezado por ERC, ya sea en solitario y con el apoyo de la CUP y/o JxCat, ya sea conjunto; y una repetición electoral.

Por tanto, y para comprender las distintas posibilidades institucionales abiertas en Cataluña actualmente, debemos conocer las posiciones de las diferentes organizaciones.

Así pues, encontramos, por un lado, a ERC y a JxCat, históricamente los partidos de la pequeña burguesía catalana. Ambos, con unos resultados a nivel nacional similares, buscan acercar posiciones de cara a un acuerdo de gobierno, aunque esas posiciones parecen alejarse por el acuerdo de ERC y la CUP. En él, ambas organizaciones se comprometen a una serie de medidas que parten de la premisa de la mesa de diálogo con el gobierno estatal con un plazo de dos años. Por tanto, parten de la idea de un independentismo pactado con el estado con el que se quiere romper, con los mismos que reprimen el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.

Así, es ya un primer vistazo a unas medidas que no ponen en jaque el Régimen del 78 ni el sistema capitalista. Además, ese plazo de 2 años que proponen para la mesa de diálogo, lo fija también la CUP para revisar el resto del pacto con ERC y decidir si pasan a formar parte del gobierno, y no solo lo apoyan desde fuera. Por otro lado, también a nivel de “gestión” del independentismo, la CUP y ERC han acordado modificar el papel del Consell per la República, presidido por Carles Puigdemont, y que supone un escollo para las negociaciones con JxCat, ya que quitaría parte del poder a la derecha independentista y lo equilibraría con la Assemblea de Càrrecs Electes, donde sí están presentes ERC y la CUP.

En cuanto a las medidas sociales del pacto, destaca un nuevo protocolo de desahucios, que trata de evitar la intervención de los antidisturbios en los desahucios de las familias y las personas vulnerables, pero que no los elimina, así como evitarlos si no se puede garantizar una vivienda a través del parque público, aunque no se establece el modo en que esas viviendas se van a asegurar.

También la creación de una banca pública catalana y la implantación de una renta básica universal, sin concretar medidas para garantizar el trabajo y dignificar a la clase trabajadora. Además, se tratan cuestiones como la bajada de ratios en educación, la estabilización de l@s trabajador@s interin@s y temporales, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, la suspensión del uso de las balas foam, el blindaje del Parlament y el combate contra el racismo.

No obstante, una de las cuestiones más llamativas del acuerdo es la de los presupuestos. La CUP se compromete, a partir de este documento, a facilitar la aprobación de los mismos y la gobernabilidad si se cumplen los acuerdos tomados en las medidas que estamos analizando y las del resto del documento.

En relación con ese acuerdo de gobierno es particularmente interesante la posición de la CUP, que ha pasado a primar el independentismo pactado con el Estado, señalando que no llegar a un acuerdo con la derecha independentista sería “tirar a la basura” el 52% de los votos del independentismo en las elecciones: la independencia por encima de todo. Sin embargo, esta no es la única posición dentro de la organización autodenominada “anticapitalista”. El día anterior a la primera votación de investidura, la militancia del partido votó el acuerdo con ERC, apoyado por un 59 % de la misma, lo que supone un resultado relativamente ajustado y muestra de las diferencias que hay dentro de la propia CUP sobre las relaciones con las instituciones y con los pactos con ERC.

Además, y pese a esa “victoria” del pacto, el 85,58 % de la militancia que votó consideró que el pacto debía mejorarse, lo que ha llevado a Mireia Vehí, diputada de la CUP, a señalar que se trata únicamente de un pacto de mínimos, y no de un acuerdo de gobierno, aunque siguen insistiendo, desde las organizaciones del acuerdo, en que este puede obligar a JxCat a un giro hacia la izquierda, aunque nada más alejado de la realidad y de las condiciones de investidura que están imponiendo los conservadores.

Todo ello nos lleva a observar un alejamiento cada vez mayor de la constitución de una República catalana de las y los trabajadores, que rompa con los intereses de la burguesía española, pero también de la catalana, y que suponga un cambio real en las vidas de los que menos tienen, de los explotados y de los oprimidos. Una vez más, los intereses políticos y económicos van por delante de las necesidades de la clase trabajadora, y en esa lucha debemos situarnos desde la izquierda revolucionaria, tanto en las calles como en una candidatura conjunta en caso de una repetición electoral.