Después de 12 años, el pasado 15 de septiembre l@s miles de trabajador@s inscrit@s en el sindicato United Auto Workers (UAW) se cruzaron de brazos para presionar y exigir al influyente gigante General Motors la mejora de salarios y de condiciones laborales, así como a reabrir complejos de producción cerrados como la planta en Lordstown, Ohio, o en riesgo de cierre, como la línea de ensamblaje de Detroit, debido al estancamiento al que han llegado las partes en las negociaciones sobre la renovación del contrato de trabajo de 4 años.
Pero los temores de una nueva crisis alimentan las tensiones en las relaciones laborales. Así, el poderoso sindicato de trabajador@s de automóviles dio luz verde a la huelga indefinida en las 33 fábricas y 22 almacenes de General Motors. El masivo paro de producción involucra a casi 50.000 trabajador@s y marca la primera toma de posición de UAW contra General Motors a partir de 2007, cuando la exigencias de medidas de seguridad en el puesto de trabajo llevaron a movilizarse a casi 75.000 emplead@s en más de 80 fábricas.
Pero el quid del acuerdo finalizado en punto muerto fue la decisión de la compañía de cerrar 4 plantas a pesar de los 8.100 millones de beneficios registrados el año pasado en Norteamérica. Una bofetada para l@s trabajador@s pero una necesidad para General Motors, que tiene que lidiar con una caída en las ventas y con el debilitamiento general de la demanda que está afectando a todos los “big three”en Detroit: no sólo General Motors sino también Ford y Fiat Chrysler Automobiles.
En ausencia de acuerdos, el fondo sindical especial para las huelgas tiene 750 millones de dólares, lo que teóricamente permite a UAW compensar a quienes se unen a la movilización, con un pago planificado de 275 dólares por semana, recaudado en enero pasado, por período extendido de tiempo. General Motors tiene por su parte existencias de vehículos para 77 días, en caso de que la producción se detenga para amortiguar el golpe. Pero la radicalidad de la huelga amenaza el lanzamiento de nuevos modelos rentables.
Las negociaciones entre United Auto Workers y la gran casa automovilística norteamericana se interrumpieron la primera semana pero los contactos se reactivaron: los líderes sindicales han indicado, sin especificar más, que hay todavía diferencias significativas en la cuestión de los salarios, el número de emplead@s temporales y la seguridad laboral. UAW parece decidido a insistir: “Hoy estamos unidos y con una sola voz defendemos a nuestr@s trabajador@s y sus derechos”, ha dicho el subsecretario del sindicato y negociador sindical Terry Dittes.
Un punto planteado por la compañía y sensible para ambas partes es la cuestión del plan sanitario. General Motors tiene la intención de reducir los costes que conlleva para el plan de salud (considerados demasiado altos en comparación con otras empresas) y le gustaría aumentar significativamente la participación de l@s trabajador@. Esto dificulta la mediación con las demandas sindicales que tienen la intención de recuperar las cuotas de salario y beneficios sacrificados para salir de la crisis.
El gigante de los automóviles ha obtenido más de 30 mil millones de beneficios en los últimos 5 años y para l@s trabajador@s éste es el momento de redistribuir una mayor parte de estas ganancias a sus emplead@s aumentando globalmente el salario y reajustando el pago por hora de l@s emplead@s nuev@s y antigu@s. Y para exacerbar el desencuentro, la compañía ha decidido suspender las prestaciones del fondo sanitario para l@s huelguistas cuyo costo recaerá en el fondo sindical de apoyo a la huelga de United Auto Workers. Un movimiento muy agresivo que indica cómo Genera Motors no está dispuesto a hacer demasiadas concesiones y apunta a debilitar la resistencia de l@s huelguistas actuando en el plano económico.
La situación actual de las negociaciones entre UAW y General Motors
General Motors tiene la intención de reclutar a más “trabajador@s temporales”, a quienes se les paga por hora y representan el 7% de la fuerza laboral total. También hay miles de emplead@s en fábricas que dependen de otras compañías de subcontratación y sin seguridad laboral. A esto se suma que en las fábricas de automóviles propiedad de empresas alemanas, japonesas y coreanas en EEUU no existe ningún contrato sindical y en cambio sí muchos trabajador@s de esta categoría.
Por supuesto, tras 3 semanas de huelga General Motors no ve ninguna razón para volver a las innumerables concesiones que hizo el sindicato consiguió arrancar en 2007-2015: un medio pago y ninguna pensión de jubilación para l@s nuev@s emplead@s y, por supuesto nada del pago de horas extras en caso de exceder el tiempo de trabajo diario de 8 horas, siendo la única compensación requerida por ley más allá de 40 horas por semana.
Los líderes de la UAW no han avanzado mucho más sobre demandas concretas antes de que comenzara la huelga. Su comunicación oficial a día de hoy pide “salarios justos, seguridad laboral, nuestra parte de los beneficios, atención médica asequible y una solución para la transición de la condición de trabajador temporal a permanente”. Estas propuestas son vagas, dejando a los negociadores demasiado margen de maniobra: ¿qué es un salario justo, qué es la atención médica asequible?
En las propuestas actuales, no se trata de acortar el período de 8 años ahora necesario para pasar del segundo al primer nivel de salarios, ni para igualar los salarios en las plantas de ensamblaje y en las partes, o para poner fin a los salarios muy bajos de l@s trabajador@s subsidiari@s de GM Subsystem, que manejan piezas dentro de las plantas de ensamblaje. Además, para construir vehículos eléctricos de bajo coste, l@s trabajador@s son emplead@s de otra filial de General Motors fuera del acuerdo de UAW.
Las implicaciones políticas y para el sindicalismo de esta huelga
La huelga indefinida contra General Motors también tiene un valor que va más allá del impacto empresarial o sectorial. Puede convertirse en el ejemplo de acciones realmente ofensivas del movimiento sindical de EEUU, recientemente concentrado sobre todo en el sector público e impulsadas por el estancamiento salarial y una desigualdad social acrecentada drásticamente por la crisis y luego por una recuperación desequilibrada.
En el plano político, se ha convertido en un apoyo de la campaña de los candidatos demócratas socialdemócratas. Desde hace algunos días los piquetes en las fábricas de General Motors se han convertido en un verdadero desfile de apoyos demócratas: Elizabeth Warren e incluso el favorito para las presidenciales de 2020, Joe Biden, estuvieron junto a empleados de la compañía el último domingo de septiembre. Bernie Sanders se desplazó a dar apoyo la semana siguiente.
Esta huelga de escala sin precedentes en un gigante auomovilístico tan emblemático es para la maquinaria demócrata una oportunidad suculenta, una veta fantástica incluso para detener la apisonadora electoral de su oponente común Donald Trump, quien por otra parte ya ha dicho en público sobre la urgente necesidad para la economía estadounidense de que se retome el trabajo por l@s trabajador@s.
Si es tan importante a más de un año de elecciones presidenciales es porque las fábricas de General Motors no están establecidas en ninguna parte. Muchas se encuentran en el Rust Belt, el “el cinturón de óxido”, la cadena de estados del noreste, cerca de los Grandes Lagos y la frontera canadiense: Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Ohio. Estos estados habían votado a Obama en 2012 pero 4 años después dieron la llave para la Casa Blanca a Trump. Y no es una coincidencia ya que había hecho grandes promesas a este electorado trabajador blanco víctima de la desindustrialización y la crisis de 2008.
La administración Obama ya tuvo que salvar a General Motors de la bancarrota en 2009. Una de las promesas de Trump fue el empleo industrial, deteniendo las reubicaciones, pero General Motors ha eliminado miles de empleos este año y ha reubicado algunas producciones, como en México. Esto explica el resentimiento y frustración de l@s trabajador@s, que se sienten traicionad@s por una compañía que genera miles de millones de dólares en ganancias, y con Trump, quien ha reducido en su mandato al mínimo los impuestos a las multinacionales
Importantes y veteranos líderes sindicales de EEUU recuerdan al calor del conflico que en la historia reciente del país la autoorganización de l@s trabajador@s a veces ha jugado un papel muy importante en las elecciones presidenciales, como en 1932, durante la victoria del demócrata Roosevelt, o en 1964 para Lyndon Johnson. Un escenario que podría repetirse en tanto que Donald Trump basó su programa en la economía: ls guerra comercial con China, debido a las recargas de materias primas como el acero, penaliza precisamente a fabricantes como General Motors.
La macrohuelga de General Motors de este otoño político tiene lugar en un ciclo de ascenso e intensificación de la lucha de clases en el coloso templo del capitalismo. En 2018, alrededor de una veintena de huelgas importantes involucraron al mayor número de trabajador@s desde 1986, 485.000. En 2009 estas huelgas fueron solo 5. Las huelgas continuaron este año: en julio ya había 15 con más de 300.000 trabajador@s movilizad@s. Entre los paros más destacados de los últimos 2 años, los de los docentes y trabajador@s de la hostelería.
Sin embargo el sindicalismo en general sigue a la defensiva, como lo demuestra el hecho de que el récord de huelgas se remonta a 1952 con 470. El número de inscrit@s en las centrales sindicales, realidad fragmentada obstaculizada por leyes locales que dificultan la expansión sindical, ha caído a umbrales de principios del siglo XX, y al nivel más bajo en 15 años: al 10% de tod@s l@s trabajador@s a tiempo completo y parcial. En el sector privado el porcentaje es del 6%. Un tercio de l@s emplead@s públic@s están sindicalizados.