El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) ha confirmado que este año está siendo la temporada más devastadora en lo que a incendios se refiere, desde el inicio del sistema en el 2000. Nunca hasta este momento se habían observado tantas zonas arrasadas por el fuego desde el espacio como en los meses que han transcurrido de 2022. Sin contar los incendios de septiembre y octubre, a finales de agosto, las imágenes por satélite ya mostraban 290.000 hectáreas calcinadas a lo largo de todo el Estado español.

Los incendios, cada vez más devastadores: el cambio climático y la inadecuada gestión del suelo.

Según la Agencia Estatal Meteorológica (AEMET), este verano se han podido contar 42 días de “ola de calor” frente a los 6 registrados entre 1981 y 2010 y a los 14 días de media registrados de 2011 a 2020. No sorprende entonces que 2022 esté batiendo récords de extensión de tierra quemada cuando el aumento de la temperatura es tal. Durante los 8 días de temperaturas extremas de junio, casi 50.000 hectáreas fueron arrasadas por los 34 incendios que se declararon; 56 incendios se iniciaron en los 9 días de ola de calor de julio, que calcinaron 121.000 hectáreas.

Altas temperaturas, bajas precipitaciones y viento se combinan para que la masa de combustible forestal (materia vegetal) se encuentre en las condiciones más favorables para el inicio y la propagación del fuego. El cambio climático avanza de la mano del capitalismo destruyendo cada vez más territorio a su paso y no se frenará si no se cambia radicalmente el modelo productivo y se acaba con las emisiones de gases de efecto invernadero. De lo contrario, los incendios serán cada vez más frecuentes y devastadores.

Dejando a un lado los factores climáticos, el abandono del medio rural y la inadecuada gestión forestal de los montes públicos son determinantes en la acumulación de combustible forestal que propague el fuego por amplias superficies. Por poner un ejemplo, el incendio de los distritos de Valdeorras e Monterrei, que ha supuesto el 35% de las tierras calcinadas en Galicia en la última década, ha barrido áreas donde la actividad agraria y ganadera se había abandonado, produciendo la acumulación de combustible forestal y con ello aumentando la extensión y rapidez de los incendios.

La deficiente gestión forestal de los montes debida a los pocos recursos que se emplean en la misma es probablemente el factor más peligroso para la propagación del fuego. Una adecuada gestión forestal es el mejor instrumento para la prevención de incendios. Tareas como generar y limpiar periódicamente cortafuegos, eliminar materia vegetal para mantener el nivel de biomasa forestal dentro de unos límites, etc., son imprescindibles para frenar el incendio futuro que pueda generarse. Cabría también hablar de otros elementos como la repoblación de los montes con eucalipto o la gestión del agua, pero no queremos extendernos más en este punto.

Como resultado de la suma de los factores anteriores, la extensión de los incendios va a seguir aumentando si no se le pone freno. La prolongación del verano hace que cada vez haya más incendios en momentos en los que años atrás no se daban o en lugares distintos de los habituales. La temporada de fuegos supera con creces el periodo calificado como de alto riesgo (meses de verano). 

En septiembre y octubre, fuera del periodo de alto riesgo, se ha sucedido por ejemplo el incendio de Los Guájares en Granada, que calcinó más de 5.600 hectáreas. De ahí la demanda de los y las bomberas forestales en Andalucía para que se prolongue el periodo calificado como de alto riesgo. Pero además año tras año se incrementan los incendios que tienen lugar en temporada invernal. Por ejemplo, entre enero y febrero de 2022, en la provincia de Málaga se declararon casi 30 fuegos. El problema por tanto no se reduce al verano y las soluciones tampoco pueden hacerlo.

La difícil situación de la gestión de los incendios en el Estado español.

La prevención antes mencionada es imposible cuando las plantillas están al mínimo. El problema central, con notables diferencias entre comunidades autónomas, es que las brigadas que conforman los retenes, quienes están en primera línea de fuego, están casi vacías durante todo o parte del periodo no considerado de alto riesgo, de manera que se desaprovecha el mejor momento para realizar las tareas de prevención, además del riesgo que supone tener los retenes bajo mínimos si se declaran incendios importantes. 

Éste fue el caso del incendio de Losacio, en Zamora, donde, en palabras del portavoz de la Plataforma Bomberos en Lucha de Castilla y León, “Las cuadrillas no estaban la mayoría contratadas y las contratadas estaban con 5 personas cuando deberían ser 11. Los medios aéreos no habían llegado a sus bases porque no estaban todavía operativos”.  Indudablemente, si los retenes no están al 100%, la rápida respuesta a los incendios es imposible pero además es necesaria una continuidad a lo largo de todo el año del trabajo de l@s bomber@s forestales para desarrollar la labor preventiva imprescindible para que en periodos de alto riesgo los incendios se puedan gestionar de forma segura y eficiente. 

Como denuncia el portavoz de la citada plataforma, en la emergencia de Losacio, la Junta de Castilla y León se ha gastado en torno a 600 millones de euros en la extinción, es decir, han empleado en solo un mes el presupuesto de 10 años, que asciende a 64 millones. “Se han gastado más en extinción que lo que habría sido necesario en prevención”.

A esta problemática se suma, en muchas comunidades autónomas, la tendencia a la externalización del servicio, que precariza cada vez más el trabajo de los retenes. Siguiendo con el ejemplo antes citado, no sorprende que se dé una situación de falta de contratación cuando el 90% de los retenes de la Junta de Castilla y León es subcontratado a través de empresas privadas, que buscan abaratar costes por todos los medios: pagan el salario mínimo, reducen costes del material de protección, no pagan formación y sobre todo reducen al mínimo las plantillas a lo largo del año, contratando prácticamente solo en verano.

Por último, cabe también señalar que las plantillas de bombero@s (urban@s) que participan en los incendios de nivel 1, donde hay riesgo para la población rural, también están bajo mínimos, incrementando aún más las dificultades para salvaguardar la seguridad en este tipo de incendios y dificultando la coordinación de los mismos.

La difícil situación de l@s bomber@s forestal@s.

El primer problema al que se enfrentan l@s bomber@s forestales es la falta de estabilidad y continuidad en el puesto de trabajo. Por ejemplo, en Andalucía, la mayoría de los retenes trabajan solo durante la mitad del año con contratos indefinidos discontinuos. La última reforma laboral ha transformado los contratos eventuales de 6 meses en contratos indefinidos discontinuos por el mismo periodo, es decir, ha cambiado su forma legal pero no la situación de discontinuidad en la que se encuentran.

Además de los problemas antes mencionados acerca de la falta de respuesta ante incendios que puedan declararse y de la insuficiente prevención que pueden realizar con esta merma de plantilla, hay que tener en cuenta que la extinción de incendios es un trabajo complejo que requiere una adecuada formación, una larga y continuada experiencia de los retenes, así como una fuerte coordinación de las cuadrillas, que solo puede lograrse tras meses de trabajo conjunto que aseguren una adecuada cohesión y experiencia de los equipos que se enfrentan al fuego. Las tareas de prevención sirven no solo para evitar la extensión de incendios, sino que además son el mejor instrumento formativo. Acabar con la discontinuidad de las plantillas es por tanto el mejor remedio para asegurar una adecuada prevención y extinción de los incendios.

A esto se suma que la categoría de bombero/a forestal no está reconocida a nivel estatal. Esto implica que, aun desempeñando un trabajo de alto riesgo, no se les reconocen las enfermedades profesionales, que no son pocas, ni tienen coeficientes reductores para la edad de jubilación que sí tienen reconocidos otros sectores como l@s bomber@s o l@s miner@s. Esto supone un riesgo extra para los y las trabajadoras que están en primera línea del fuego tanto de sufrir patologías derivadas de su actividad como de muerte en una situación de emergencia. Sin ir más lejos, este verano en el incendio de Zamora, tuvimos que lamentar el fallecimiento de un retén de 60 años de edad.

El aumento del número y extensión de los incendios debida al cambio climático, sin un incremento paralelo de la plantilla y con el despido de la mayor parte de los/as profesionales tras el verano, está suponiendo una sobrecarga de trabajo para l@s que se quedan, elevando aún más los riesgos a los que están expuestos. La situación de l@s bomber@s forestales es ya insoportable, de ahí las huelgas y movilizaciones que están llevando a cabo en los últimos tiempos. En Andalucía, fueron más de 2 meses de acampada frente a la sede del gobierno andaluz, en San Telmo, exigiendo retenes 100% completos durante todo el año, la estabilidad de l@s trabajador@s del sector y, entre otras reivindicaciones, el fin de la congelación de la antigüedad que la Junta de Andalucía lleva manteniendo desde 2006 con el acuerdo de las direcciones burocráticas de CCOO y UGT.

La política del gobierno y de las CCAA

La situación es alarmante, aunque parece que no para el ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha aportado únicamente 85 millones de euros para extinción de incendios como complemento a los presupuestos de las comunidades, que aportan el otro 90% del total que se destina a la campaña estatal contra incendios forestales de 2022 (860 millones de euros). 

Si ya la suma aportada por las comunidades autónomas se demuestra insuficiente para la adecuada prevención y gestión de los incendios, la partida del ministerio no puede ser más irrisoria, más cuando esos 85 millones se reparten entre las distintas autonomías y más teniendo en cuenta que el presupuesto total del ministerio es de 8.934 millones de euros. Es decir que el ministerio solo dedica un 0,95% de su presupuesto anual para luchar contra los incendios forestales. Mientras tanto, por poner un ejemplo, ha destinado 925 millones de euros al Plan MOVES III para la transición hacia el coche eléctrico, que han ido directos a las arcas de la industria automovilística.

Ante la amenaza que suponen cada vez más los incendios en el Estado español, se hace imprescindible la centralización de la gestión de los servicios de prevención, detección y extinción de incendios, obligando a las comunidades a desarrollar un servicio 100% público, prohibiendo la subcontratación de empresas privadas, ya que su objetivo es el lucro y no la gestión forestal ni de los incendios; dotando de la estabilidad necesaria a l@s trabajador@s para realizar su labor en las mejores condiciones; obligando a cubrir los retenes al 100% durante todo el año y a aumentar las plantillas para realizar las necesarias tareas de prevención; y, por supuesto, reconociendo de una vez la categoría de bombero/a forestal, los coeficientes reductores y las enfermedades y accidentes profesionales.

En este sentido, la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomber@s Forestales (PASBF) sigue presionando para que se aplique el Estatuto Básico del Bombero/a Forestal, que fue aprobado por el Senado en 2019 pero nunca llegó a entrar en vigor. Tratan de impulsar una Proposición no de Ley para la aprobación definitiva de dicho estatuto. 

De aprobarse, en palabras del portavoz de la plataforma, el anteproyecto de ley “supondrá el establecimiento de las condiciones básicas laborales de los servicios de prevención, detección y extinción de incendios forestales; el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal y el adecuado encuadre en la clasificación nacional de ocupaciones, y la consideración de carácter público esencial de estos servicios”, entre otras cuestiones. Aún está por ver si este gobierno de PSOE-UP está dispuesto a profesionalizar de una vez el sector o si sigue echando balones fuera como ha hecho hasta el momento y desoyendo la lucha de este movimiento importante de trabajador@s que no deja de movilizarse en el Estado español.

La gestión de los incendios es necesaria; frenar el cambio climático, imprescindible.

Pero el problema de fondo sigue vigente aun aplicando todas las medidas anteriormente citadas. No acabaremos con la amenaza si no frenamos el cambio climático, algo que ya se ha demostrado imposible dentro de la gestión del sistema. La única solución es acabar con el capitalismo, frenar el cambio climático y solucionar otros problemas de fondo para evitar la propagación del fuego, como es la gestión del suelo, imposible de abordar mientras la estructura de propiedad actual de la tierra se mantenga. No habrá salida, tampoco en materia de incendios, dentro de este sistema.