El pasado 19 de noviembre, el congreso aprobó la nueva Ley Orgánica que modifica a la Ley de Educación, LOMLOE, aunque popularmente conocida como ley Celaá. El texto salió adelante gracias a los 177 votos favorables emitidos por PSOE, UP, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias (sólo un voto por encima de los 176 necesarios al tratarse de una ley orgánica) frente a los 148 en contra de PP, Cs, Vox, Coalición Canaria, PRC y UPN.
¿Qué medidas introduce?
Por un lado, esta ley claramente revierte las medidas más lesivas de la LOMCE: 1) elimina las reválidas (que por otra parte nunca han llegado a aplicarse), aunque las sustituye por pruebas diagnósticas, también criticables por motivos varios; 2) acaba con los itinerarios de 4ºESO (aplicado y académico), que suponían una segregación temprana del alumnado; 3) mantiene los programas de Formación Profesional Básica (FPB) pero otorga la titulación de la ESO al alumnado que los supere; 4) reintroduce los programas de diversificación curricular; 5) trae de vuelta la materia de Filosofía al Bachillerato, así como una materia llamada “Valores cívicos y éticos” a la ESO, que en principio parece ser análoga a la antigua asignatura de Ética; 6) vuelve a excluir la materia de Religión para el cálculo de la nota media, aunque la mantiene dentro del sistema educativo público como materia de obligada oferta y sometida a la programación de la Iglesia.
7) El Consejo Escolar retoma el peso en las decisiones que, aunque pequeño, tenía antes de convertirse en un órgano meramente consultivo; y 8) elimina la mención del castellano como “lengua vehicular” introducida con la LOMCE, la que se ha convertido en una de las medidas más polémicas cuando únicamente supone volver a la redacción anterior a la ley Wert, y se vuelve a delegar parte de las competencias en materia curricular a las CCAA, aumentando su peso con respecto a la anterior ley elaborada por el PSOE, un 50% para las CCAA con lengua cooficial (antes un 45%) y un 40% para las que no lo tengan (antes 35%).
Por otro lado, esta ley introduce nuevos elementos: prevé que los centros educativos fijen parte del curriculum en un porcentaje que determinarán las CCAA; permite a los centros la agrupación de materias por ámbitos de conocimiento en toda la etapa obligatoria, excepto en 4ºESO; establece un límite más estricto para la repetición de curso del alumnado, una vez en primaria y dos en toda la etapa obligatoria (primaria más la ESO); añade el Bachillerato General, una mezcla entre ciencias y letras, como nueva vía para el alumnado que no haya decidido qué quiere estudiar; etc.
Todas ellas, medidas que pueden ser positivas de aplicarse con los medios y recursos suficientes.
¿Qué pasa con la concertada?
Sin duda las mayores críticas a la ley Celaá se han centrado en las medidas que conciernen a la enseñanza concertada. La derecha y la patronal a la que representan, en este caso la de la escuela concertada, muy mayoritariamente en manos de la Iglesia Católica, rápidamente se han lanzado a proclamar el fin de las escuelas concertadas y a reivindicar la falsa “libertad de elección”, que en definitiva no es más que la defensa de los beneficios que sacan de la privatización de la educación sostenida para más inri con fondos públicos.
Pero, ¿cuál es la realidad del asunto? La ley elimina la expresión “demanda social”, que acuñó el ministro Wert como criterio para determinar el tipo de plazas (públicas o concertadas) que se creaban, y que tenía la clara intención de favorecer la expansión de la concertada en detrimento de la pública y de justificarla mediante la mal llamada “libertad de elección” de los progenitores sobre la educación de sus hijos/as. Y añade que la garantía de plazas será “mediante una oferta suficiente de plazas públicas” y que “las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”. Una promesa formulada como tal, con un “promoverán”, pero sin especificar los medios, los recursos ni el plan concreto para llevar a cabo esta medida, que sería muy importante para la educación pública.
Otras 2 medidas tangenciales a los conciertos educativos y rechazadas asimismo por la patronal a gritos de “libertad” son las referentes a la ampliación de plazas públicas en educación de 0 a 3 años, así como la promesa de preparar, en un plazo de diez años, los centros “ordinarios” para que “cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, lo que se ha interpretado de forma oportunista como el cierre de los centros de educación especial (concertados).
En cuanto a la atención a la diversidad en los centros ordinarios, se plantea un reparto del alumnado, actualmente presente de forma muy mayoritaria en el sistema público, de forma más equitativa entre la escuela pública y concertada, para que supuestamente la segunda asuma parte de este sobrecoste que representan las medidas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En lugar de proveer los recursos necesarios a los centros públicos reduciendo la inversión en la privada, introduce al alumnado de necesidades en la escuela concertada; una contradicción manifiesta, si lo que se quiere es ampliar la pública en detrimento de la otra.
¿Son suficientes estas medidas?
Aunque muchos de los elementos que hemos ido relatando suponen un avance con respecto a la LOMCE no dejan de ser, la mayor parte de ellas, medidas curriculares y organizativas, ni de lejos suficientes para garantizar un sistema educativo público de calidad.
Por un lado, la ley aprobada no se propone en ningún caso reducir la ratio, manteniéndose a 25 alumn@s por docente en primaria, 30 en secundaria y 35 en Bachillerato, desoyendo por completo a la comunidad educativa que hace de ella su principal reivindicación, más aún en un contexto de los contagios por COVID. La reducción de la ratio conlleva necesariamente la contratación de un número significativo de docentes, algo de lo que por supuesto tampoco se habla. De manera que, en la práctica, se quiere aplicar todo esto sin los recursos humanos y materiales necesarios para ello y con un profesorado sobrecargado por papeleo burocrático cada vez más amplio y una asignación de tareas que ha crecido exponencialmente desde que se iniciara la pandemia.
Por otro lado, las medidas tomadas para frenar a la concertada son importantes pero no suficientes, pues en ningún caso se ha puesto encima de la mesa un plan de recuperación de escuelas concertadas a la red pública y así el freno real de su crecimiento; tan sólo ponen ciertos obstáculos a su crecimiento desmedido. Tampoco ha puesto encima de la mesa un plan para recuperar los servicios externalizados (PTIS, monitores de AL, intérpretes de lenguaje de signos, limpieza…) e integrar a los y las trabajadoras en el sistema público, con plenos derechos laborales.
Las políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos del PSOE nunca han abandonado la tendencia al desmantelamiento lento y progresivo de la pública, externalizando cada vez más sus servicios y funcionando con una plantilla más pequeña y precarizada. El PSOE ha demostrado no querer enfrentarse a la patronal de la educación privada, al igual que no ha roto los pactos con la Iglesia; la patronal puede quedarse tranquila por lo que a esta ley se refiere: la educación concertada va a seguir existiendo y aún más con la posibilidad de ampliación de los conciertos a la Formación Profesional y al Bachillerato, ya aprobado por ejemplo en Andalucía, práctica a la que, por cierto, no se pone veto con esta ley.
Por último, sin una inversión suficiente no es posible hacer frente a la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para mejorar la educación pública y ampliar su red. Se han presupuestado 4.893 millones de euros para educación, un 70% más que en 2020, lo que pudiera parecer que resuelve el problema. Sin embargo, aunque los presupuestos parezcan muy optimistas, también lo es la previsión del PIB, con lo que se prevé una reducción en el peso del gasto público destinado a educación desde un 4,8% del PIB a un 4,5%, en lugar de un aumento.
El gobierno por su parte prevé una subida del gasto al 5%, aún y así muy lejos del 7% reivindicado tradicionalmente por las organizaciones sociales y sindicales del ámbito educativo. Además, esta cifra no logra igualar el gasto en educación previo a la crisis de 2008. Como hemos dicho no se prevé la reducción de la ratio ni la contratación de profesorado. Todo ello hace que no se vaya a producir una mejora significativa en los centros educativos. Es necesario ir más allá.
¿Qué se necesita para una ley integral para la educación pública de calidad?
La comunidad educativa debemos organizarnos y alzar nuestra voz por las reivindicaciones que llevamos levantando durante años y lograr su inclusión en el próximo periodo: se debe elaborar un plan para recuperar los centros concertados a la red pública y retirar los fondos de los centros privados, aumentando así el gasto en educación pública al menos al 7% y logrando así la reducción de la ratio y la contratación de profesorado suficiente para llevarla a cabo; es necesario que los servicios externatizados pasen a la pública y la mayor contratación de personal no docente para mejorar el funcionamiento de los centros educativos; es necesaria la estabilización del personal interino… Éstas y tantas otras demandas defendidas durante años por el movimiento educativo son imprescindibles para una ley integral de la educación, que debe ser debatida con y aprobada por la comunidad educativa y no a espaldas de ella, como se ha venido haciendo con una ley tras otra.