Tras el comienzo del gobierno de coalición, se cerró entre PSOE y Unidas Podemos el acuerdo sobre los presupuestos después de limar asperezas sobre 2 temas fundamentales: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la regulación del precio de los alquileres. Respecto a este último, estaba enmarcado en una propuesta de Ley de Vivienda que pretendía, además de la regulación, aumentar el número de viviendas públicas para asegurar que todo el mundo pudiera acceder a una vivienda digna.
Este pacto se vendió como un triunfo, sin embargo, ya hemos visto que las 2 medidas anteriormente mencionadas, no se han llevado a cabo. El IMV no está llegando a más del 1% de la población y, en las últimas semanas, hemos visto cómo también nos alejamos de la regulación del precio de los alquileres.
La propuesta que se hace ahora por escrito por parte del PSOE es favorecer una reducción del 60% en el IRPF para propietarios y grandes tenedores que alquilan la vivienda, porcentaje que puede llegar a ascender hasta el 90% si éstos rebajan el alquiler un 10% con respecto al precio existente en las zonas tensionadas (zonas en las que ha subido desmesuradamente el precio del alquiler), es decir, no se lleva a cabo una política de prohibición, restricción o regulación a los que siempre se benefician del negocio de la vivienda sino todo lo contrario, se hacen propuestas para amparar que se siga con la especulación y los beneficios de los bancos y los fondos buitre.
Como el propio ministro Ábalos dice, “la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado” y porque para sacar a oferta las viviendas vacías hace falta “que haya estímulos” para que los que llevan años llenándose los bolsillos sigan haciéndolo, olvidando que son l@s trabajador@s y la juventud, con los sueldos de miseria y los contratos precarios, l@s que estamos imposibilitados para pagar una hipoteca o un alquiler.
Por otro lado, la propuesta de Unidas Podemos consistía en regular los alquileres a través de la limitación de precios, la prohibición de los desahucios para las familias que no tienen una alternativa donde vivir y crear un impuesto a la vivienda vacía. Llevamos semanas escuchando que el acuerdo de gobierno sobre este asunto se está incumpliendo pero el problema ha sido que no se especificaba de manera detallada cómo se iba a llevar a cabo esa regulación del alquiler, de ahí que el PSOE saque una propuesta que aleja la accesibilidad real de la clase trabajadora y la juventud a una vivienda digna y beneficia a los grandes propietarios y la banca.
¿Qué más hace falta para dejar de negociar con un derecho básico como es la vivienda?
El problema de la vivienda en el Estado Español no es algo nuevo. Desde 2007 hasta el tercer trimestre de 2020 se han registrado 1.044.507 desahucios, de éstos, 29.406 en plena pandemia. A pesar de la supuesta “paralización de los desahucios” los números son claros con respecto a la realidad. A esto tenemos que sumarle la imposibilidad de la juventud de hacer frente a un alquiler. Numerosos estudios revelan que un joven destinaría alrededor del 60% de su sueldo para poder hacer frente al pago, sin mencionar que durante el pasado año, casi 230.000 personas entre 16 y 35 años han tenido que regresar al hogar de sus padres (según datos del INE).
Tampoco podemos olvidar el rescate que con dinero público se hizo al sector bancario. Nada más y nada menos que 67.000 millones de euros, hecho que no solo significaba poner por delante a los bancos sino que se tradujo paralelamente en recortes en el sector público, reducción de salarios, etc. Respecto a esto, hace unos días salía la noticia del quiebre del Sareb (lo que se conoce como “banco malo”, creado para comprar los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca tras el estallido de la crisis financiera) que nos deja una nueva deuda de 35.000 millones de euros. El Sareb es dueño de suelo público y de millones de viviendas, vendidas muchas de estas a fondos buitre.
Defendamos el derecho a la vivienda: alquileres asequibles, suministros básicos garantizados y paralización de los desahucios ya.
Las diferencias entre las propuestas del PSOE y UP nos dejan claros algunos elementos. Por un lado, el primero sigue con su lógica de beneficiar la especulación con la vivienda, no poner ninguna medida punitiva sino más bien beneficiarlos con subvenciones. Por otro lado, aunque hay un intento de regulación del precio de los alquileres por parte de UP, también se olvidan de la exigencia de los movimientos por la vivienda que reclaman que esa regulación debe hacerse en base de los sueldos de la población así como son incapaces de decir a las claras que hay que expropiar las viviendas vacías, o por ejemplo, utilizar todas las viviendas del Sareb para creación de alquileres públicos.
La propuesta de Ley de vivienda no va servir para la paralización de los desahucios ni para la regulación del alquiler puesto que ninguno de los componentes del gobierno está dispuesto a llevar a cabo una política de enfrentamiento hasta las últimas consecuencias hacia la banca, entidades o fondos buitre. No se puede pretender hacer virar hacia políticas sociales al PSOE. Lo que sí está en la mano de Unidas Podemos tras las negativas del PSOE de ceder en esta cuestión es la de movilizarse en la calle para conseguir imponer un verdadero cambio con respecto a la vivienda: más parques públicos, paralización de los desahucios y regularización de los alquileres según el salario de la población.
Sin embargo, esta no está siendo la estrategia de Pablo Iglesias ni se espera que lo sea, puesto que no sería la primera vez que se asume una política de salvar los beneficios de la patronal, de los grandes capitalistas, para mantener el gobierno de coalición. Los famosos ERTEs que supuestamente están ayudando a millones de trabajador@s a día de hoy supone una ayuda a las grandes empresas como Seat, Burguer Kong, HyM, Iberia, que tienen millones de beneficios anuales y que para nada necesitan estas bonificaciones por parte del Estado.
Frente a los grandes debates del gobierno sobre el tema de la vivienda debemos seguir exigiendo en la calle y de manera organizada la paralización de los desahucios, la expropiación de las viviendas vacías en manos de entidades financieras, garantizar los servicios mínimos de agua, luz y gas así como la creación y puesta a disposición de las personas de un parque público de vivienda.