El pasado 26 de octubre el consejo de Ministros anunciaba la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda, que inicia ahora un largo trámite parlamentario que el gobierno de coalición espera culminar antes de que finalice este año. El principal objetivo del texto, al menos en principio, es limitar el precio del alquiler en aquellas zonas “tensionadas”. Sin embargo, tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH como el Sindicato de Inquilinos la tachan de “decepcionante” y critican que la normativa establezca nuevos privilegios fiscales para los propietarios.
Así, tal y como denuncian algunos colectivos y organizaciones en defensa de la vivienda, es una ley que, lejos de solucionar el problema, supone un nuevo parche. En primer lugar, su aplicación dependerá de la voluntad política de gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Así por ejemplo Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que establecerá medidas alternativas para evitar los efectos de la nueva Ley de Vivienda. Se da la circunstancia de que Madrid es la comunidad con los alquileres más elevados de todo el país.
Por otra parte, serán pocas las personas que se beneficiarán de este nuevo texto normativo, ya que el anteproyecto recoge que la limitación en los precios del alquiler será de obligado cumplimiento únicamente para aquellos propietarios que tengan la consideración de persona jurídica y que posean diez o más viviendas. Así, según datos del Sindicato de Inquilinos, en Barcelona solo podrían beneficiarse de esta limitación un 30% de los arrendatarios. Por si fuera poco, el texto retrasa la puesta en marcha de estas medidas hasta que hayan transcurrido al menos 18 meses desde su aprobación definitiva.
Pero sin duda, uno de los puntos más polémicos del anteproyecto es el aumento en la cantidad que los propietarios pueden desgravarse del IRPF a cambio de que rebajen el precio del alquiler de sus viviendas en un 5%. Hasta ahora, dicha cantidad se fijaba en el 60%, pero con el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos pasa a situarse en el 90%. Es decir, en vez de atajar el problema, el texto establece nuevos beneficios fiscales a cambio de una reducción ridícula del precio del alquiler.
Más allá del escándalo, el gobierno de coalición actúa de nuevo como una marioneta al servicio de grandes propietarios y especuladores. En vez de enfrentar a quienes acaparan un bien tan necesario como el de la vivienda, establece para ellos nuevos beneficios económicos y no proporciona soluciones efectivas para un problema de dimensiones colosales.
Sin embargo, no es novedoso que tanto PSOE como Unidas Podemos decidan ponerse del lado de especuladores y grandes propietarios. Ya ocurrió con la aprobación del falso escudo social en el que se establecía la supuesta paralización de los desahucios de familias vulnerables. Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial han demostrado una realidad bien distinta. En los últimos meses, el número de ejecuciones no solo no se ha reducido, sino que además se ha visto incrementado de manera notable.
Por si fuera poco, en plena pandemia el gobierno ya aprobó una normativa que establecía compensaciones para grandes propietarios que tenían viviendas ocupadas. Dichas compensaciones se componían de las cuotas de alquiler que habían dejado de percibir, calculadas a precio de mercado, más gastos corrientes. Es decir, en la práctica, los grandes propietarios no sólo no perdían beneficios, sino que además los veían incrementados. En un principio Unidas Podemos se opuso a esta cuestión, pero finalmente cedió y apoyó la norma.
Mientras tanto, más de 20.000 familias perdieron su vivienda durante el primer semestre del año. Tal es así que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto en marcha un contador en el que van sumando uno a uno todos los desahucios que se producen bajo el mandato del autodenominado gobierno más progresista de la historia. Incluso organizaciones como CCOO y UGT han alertado de la gravedad de la situación y han destacado que la ley es claramente insuficiente.
Porque, mientras los grandes tenedores han recibido cantidades ingentes de dinero público, la realidad ha sido bien distinta para todas y cada una de las personas que, en plena pandemia, han tenido que enfrentarse a un proceso de desahucio. La lógica que subyace a este hecho ha sido la misma que en la crisis económica que se inició en 2008: rescate a quienes especulan con nuestras vidas y pérdida de derechos para la gente trabajadora.
Con estos datos en la mano, el pasado 25 de octubre, un día antes de que el consejo de ministros anunciara la aprobación del anteproyecto de ley, representantes de distintas plataformas y colectivos se manifestaron frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo al texto. En un comunicado señalaban que “el Gobierno llevará al consejo de ministros una ley que es sinónimo de más desahucios, más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a la vivienda. Frente a ello hoy hemos explicado en una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados por qué rechazamos la propuesta del gobierno y cuáles son los puntos claves que debe incorporar una ley que garantice realmente el derecho a la vivienda”.
Además, las organizaciones convocantes añadían: “sólo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el estado español.”
Una cuestión en la que no caben medias tintas
Desde el inicio de la legislatura ha quedado patente que el gobierno de coalición ha preferido apuntalar los beneficios de especuladores y fondos buitre. Primero fue el falso escudo social, que quedó en papel mojado, más tarde la aprobación de la ya citada normativa que incrementaba los beneficios para grandes tenedores con viviendas ocupadas, y ahora, este anteproyecto de ley que, como han reconocido numerosas organizaciones, está muy lejos de poner fin al grave problema que tiene el estado español en materia de vivienda.
Por tanto, no se trata de un hecho aislado. Tanto PSOE como UP han demostrado que entienden la vivienda como un bien de mercado, y no como un derecho básico que debiera estar garantizado por las administraciones públicas. De lo contrario, no hubieran optado por aprobar sendas legislaciones que, en vez de ser beneficiosas para la mayoría social, continúan permitiendo que los especuladores campen a sus anchas.
En este sentido no caben titubeos ni medias tintas. No se puede buscar solución a un problema estructural sin enfrentar a quienes acaparan la vivienda, de la misma manera que no se pueden gestionar las migajas de un sistema capitalista que entiende que la vivienda es un privilegio convertido en un bien más con el que poder especular.
Y es en este punto donde, de nuevo, Unidas Podemos contribuye a que nada cambie. A pesar de los vítores lanzados por ministras como Ione Belarra o Yolanda Díaz -esta vez con menos aceptación social que en otras ocasiones- lo cierto es que este acuerdo no supondrá una mejora sustancial en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Porque, aunque a la aprobación de este anteproyecto hayan precedido algunos pequeños rifirrafes mediáticos entre los socios de gobierno -algunos más propios de corrillos de recreo que de cuestiones de fondo- lo cierto es que ninguno de ellos está dispuesto a ofrecer soluciones reales.
Y es que no debemos dejarnos llevar por el engaño. Por mucho que UP aparente mantener diferencias con el PSOE en cuanto al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, lo cierto es que éstas se refieren a cuestiones menores -por ejemplo al hecho de que la limitación de los precios del alquiler se aplique para personas jurídicas con más de cinco viviendas en vez de diez- y no a elementos de gran calado.
Entonces, ¿qué medidas son efectivas?
Si los socios de gobierno defendieran la vivienda como un derecho básico establecerían una serie de medidas reales y efectivas. ¿Y cuales son esas medias? En primer lugar, la creación de un parque público de viviendas que sean puestas a disposición de las personas que las necesitan en régimen de alquiler, siempre que éste no supere el 20% del salario. Dicho parque debe estar además bajo control de los y las trabajadoras. Durante años hemos visto como la vivienda pública se ha convertido en un elemento más de connivencia entre inversores y administraciones públicas, con casos sangrantes como el de la venta de vivienda pública a fondos buitre por parte de la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Por otro lado, la expropiación de las viviendas vacías en manos de entidades y grandes tenedores sin que repercuta en ellos ningún tipo de indemnización o compensación económica o de otro tipo. Éstos se han encargado durante años de especular con la vivienda en nuestro país, siendo colaboradores necesarios en la burbuja inmobiliaria que estalló en el estado español durante la década anterior.
Sin embargo, ningún gobierno ha depurado responsabilidades ni ha recortado sus privilegios, sino más bien al contrario. Ya es hora de que la crisis la paguen quienes de alguna manera la han generado o han contribuido a ella. Y qué mejor manera que desposeyendo a estos actores de las viviendas que les permiten seguir especulando.
En tercer lugar, la prohibición de los desahucios y la consideración de la vivienda habitual como un bien inembargable. Es intolerable que un gobierno que se considera progresista deje cada año a decenas de miles de personas en la calle con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Un desahucio es siempre algo inaceptable, pero más aún si cabe en un contexto de pandemia y crisis económica.
Otra cuestión importante es la lucha contra la gentrificación. En los últimos años, hemos visto como el centro de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga se ha convertido en un gran parque temático destinado al turismo, con la consiguiente subida del precio de los alquileres y la expulsión de las y los vecinos hacía los barrios periféricos. Desde entonces, en estas capitales algunos fondos buitre como Blackstone, Lone Star o Cerberus han tomado como práctica habitual la compra de edificios enteros en los que han disparado el precio del alquiler para posteriormente desahuciar a sus vecinos y reconvertir sus viviendas en apartamentos turísticos.
Y por supuesto, es necesario articular mecanismos que permitan una limitación real y efectiva de los precios del alquiler. Especialmente sangrante es el caso de los jóvenes, ya que, según datos del Observatorio de la Emancipación, éstos deben dedicar un 94% de su sueldo a pagar el alquiler si quieren vivir solos. Situación que no se resuelve con la aprobación del famoso bono de 250 euros que el ejecutivo pretende dar a los jóvenes que vivan de alquiler, pues supone una nueva inyección de dinero público para los propietarios.
Por todo ello, hoy es mas necesario que nunca generar un programa de lucha que permita revertir la situación. Los distintos gobiernos no han dejado lugar a dudas: están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance para que los de siempre no pierdan sus beneficios. Así, solo desde la movilización en la calle se puede poner fin a esta problemática.