“Hay tres tipos de violencia. La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres y mujeres en sus engranajes silenciosos y bien engrasados. La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. La tercera es la violencia represiva que tiene por objetivo asfixiar a la segunda haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la que engendra todas las demás. No hay peor hipocresía que llamar violencia solo a la segunda fingiendo olvidar la primera, que la hace nacer, y la tercera que la mata”. Dom Hélder Cámara. Arzobispo de Brasil. (1909-1999).
¿Por qué ha ingresado a la cárcel Pablo Hasel ?
El pasado 16 de febrero, los Mossos irrumpían en la universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Hasel condenado a 9 meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del estado. Los hechos condenados se remontan al periodo comprendido entre 2014 y 2016 y tienen que ver con la publicación de 64 mensajes en Twitter y con una canción sobre el rey emérito en los que se denuncia la corrupción de la Monarquía y la violencia policial (aquí puedes ver los tweets así como la canción https://www.publico.es/sociedad/estos-son-64-tuits-y-cancion-sido-condenado-rapero-pablo-hasel.html).
Por estos hechos la Audiencia Nacional lo condenó en marzo de 2018 a 2 años y un día de cárcel y al pago de 24 300 euros de multa. Sin embargo la Sala de Apelación de este órgano rebajó la pena en septiembre de ese mismo año a 9 meses y un día al considerar que, si bien cometió los delitos por los que fue condenado, se debía aplicar el mínimo castigo contemplado en la ley porque sus mensajes no supusieron un “riesgo real” para las personas. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2020.
En marzo de 2015, Pablo Hasel ya fue condenado en firme a 2 años de cárcel por unos hechos similares. En aquella ocasión no entró a prisión al no tener antecedentes y al no superar la condena los 2 años. Ahora, los 3 magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazan aplicarle este beneficio al considerar que el cantante no cumple las “condiciones necesarias” como por ejemplo que esta segunda sentencia fuese su primera condena.
Hace unos días, coincidiendo con las numerosas movilizaciones protagonizadas por la juventud exigiendo la inmediata puesta en libertad del rapero, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de otras condenas en contra del cantante para justificar su encarcelamiento y generar una amalgama. Sin embargo, éstas no son firmes y están recurridas, y por tanto, no son la razón por la que hoy se encarcela a Pablo Hasel. Hablamos de la supuesta agresión a un periodista de TV3 en una rueda de prensa en el rectorado de la universidad de Lleida durante una ocupación estudiantil y de unas supuestas amenazas a un hombre que testificó en un juicio a favor de un agente de la Guardia Urbana de Lleida acusado de agredir a un menor. A día de hoy, Pablo Hasel está por tanto en la cárcel por escribir tweets y cantar canciones expresando su opinión.
Nada que esperar de una justicia parcial al servicio de los de arriba
Pablo Hasél no es el único en haber sido condenado por un delito de expresión. En los últimos 20 años se han producido más de un centenar de condenas de cárcel por delitos de opinión al considerarlos enaltecimiento del terrorismo, injuria a la Corona o a los sentimientos religiosos. Sentencias que han sido a menudo denunciadas por organismos internacionales e incluso por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado al Estado Español hasta en 62 ocasiones estos últimos 20 años por no respetar derechos humanos básicos como el derecho a un proceso justo, por no investigar debidamente denuncias por torturas bajo custodia policial o por vulnerar la libertad de expresión.
Por si todo esto fuese poco, también hemos visto estos últimos años cómo la justicia española sigue dependiendo tanto de los poderes políticos como de los poderes económicos y cómo ésta conserva un tufo ideológico, proveniente de la dictadura, profundamente reaccionario y patriarcal. Recordemos, sin ir más lejos, la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 en contra de la banca que dictaminaba que ésta tenía que asumir el impuesto de las hipotecas (un posible desembolso de hasta 4000 millones de euros en reclamaciones) y que desembocó en la inmediata paralización de dicha sentencia por parte del mismo Tribunal por “la enorme repercusión económica y social” del fallo. No era la primera vez que algo parecido ocurría. Ya en 2013, los mismos tribunales consideraron que la devolución por parte de la banca de las cláusulas suelo podía conllevar un “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico” siendo al final el Tribunal de justicia de la UE el que tuviera que dictar una sentencia a favor de los clientes.
Que la justicia europea le saque los colores a la justicia española dice mucho del estado de nuestra justicia que no cumple siquiera con el criterio básico de independencia con respecto al poder político. No olvidemos que todos los jueces más importantes son puestos a dedo por los partidos políticos mediante la elección del Consejo General del Poder Judicial: Tribunal supremo, presidentes de las audiencias provinciales, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos, incluso los sustitutos temporales de la Audiencia Nacional que investigan los principales casos de corrupción. ¿Quién puede en su sano juicio pensar que la justicia es imparcial?
Pero por si todo eso fuese poco, no sólo contamos con una justicia claramente vinculada al poder político sino que además contamos con una judicatura cuyos cimientos provienen de la dictadura franquista al igual que sucede por ejemplo en el Ejército. En efecto, no sólo los Consejos de Administración de Endesa, La Caixa, Telefónica o Iberdrola fueron el cobijo en democracia de la mitad de los últimos ministros franquistas sino que también en la justicia hubo puertas giratorias: 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista ascendieron al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional. Es evidente que esa falta de depuración sigue teniendo hoy consecuencias ideológicas tanto en la justicia como en el Ejército (véanse los chats privados y los comunicados de los altos mandos retirados del Ejército que sueñan con fusilamientos y golpes de estado). No es de extrañar por tanto que uno de los 3 magistrados que ha condenado a Pablo Hasél haya sido candidato hasta en dos ocasiones de la Falange Española Independiente.
¡Por la libertad de expresión hay que movilizarse!
Desde que se anunciara la inminente encarcelación del rapero, muchísim@s jóvenes han salido a la calle para expresar su indignación. Primero denunciando, al igual que lo hicieran más de 200 personalidades del mundo de la cultura con Almodóvar o Bardem a la cabeza, que el “Estado Español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones” equiparándonos a “países como Turquía o Marruecos”. Y desde su detención, exigiendo en numerosas ciudades su puesta en libertad inmediata. Estas movilizaciones con fuertes enfrentamientos con la policía están siendo criminalizadas al unísono por todos los medios de comunicación que tratan de desviar el problema de fondo: el encarcelamiento de un cantante por el contenido de sus canciones o de sus tweets.
Estas movilizaciones son la expresión de la violencia de un sistema que no sólo no ofrece futuro para una mayoría de la sociedad condenada al paro y a la precariedad sino que además es profundamente desigual e injusta al tratar de manera muy diferente a un rey emérito corrupto, a unos políticos, obispos e incluso guardias civiles que no respetan los protocolos de vacunación, a unos empresarios cada vez más ricos, a pesar de las crisis económicas y sanitarias, en comparación con el conjunto de la juventud que sabe ya que el horizonte que está por venir se anuncia aún más lleno de recortes, paro y precariedad.
Frente a esta situación, los estallidos en las calles se multiplican como pasó en Linares en respuesta a la terrible agresión de 2 policías a un padre y a su hija en una cafetería. Una parte de la juventud parece hartarse de que se le responsabilice de los contagios en cada nueva ola, de que la tasa de paro juvenil esté ya por encima del 30% y de que la segunda causa principal de mortalidad juvenil sea, después de los accidentes de tráfico, el suicidio. Tanto la derecha parlamentaria como el propio Pedro Sánchez han encontrado un filón. Tratan de utilizar los disturbios entre policías y manifestantes para desviar la atención del problema de fondo: que en pleno siglo XXI se siga encarcelando a gente por delito de opinión mientras, eso sí, grupos neonazis homenajean en las calles de Madrid a la División azul con “arribas España” y “vivas a Franco”.
Hay que extender las movilizaciones por la libertad de expresión, por la libertad inmediata de Pablo Hasél, por la reforma del Código penal y la derogación de la ley Mordaza
En el seno de las organizaciones tradicionales de la izquierda, el debate está girando estos días en si condenar o no las manifestaciones de la juventud. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, se ha atrevido incluso con un tweet afirmando que la “obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evitar que una pequeña manifestación acabe en un caos”. Hablando de la obligación de la policía, parece que se olvida de la suya que debería ser llamar a movilizaciones por la defensa de la libertad de expresión, por la libertad inmediata de Pablo Hasél, por la reforma del Código penal y por la derogación de la ley Mordaza que en teoría iba a desaparecer con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, nada de nada. Ni derogación de la ley Mordaza en el gobierno, ni llamamientos a la movilización en la calle.
Saludamos, sin embargo, las declaraciones de algunos dirigentes de Podemos que se han solidarizado públicamente con las movilizaciones actuales negándose a condenarlas seguramente entendiendo que como decía Hélder Cámara “no hay peor hipocresía que llamar violencia sólo a la segunda (violencia revolucionaria) fingiendo olvidar la primera (violencia institucional), que la hace nacer, y la tercera (violencia represiva) que la mata”. Deberían, aún así, ir más allá y llamar a movilizaciones por todo el estado español para exigir las reivindicaciones antes mencionadas.
Las organizaciones sindicales con implantación en los centros de trabajo están siendo, además de Unidas Podemos, las grandes ausentes de dichas movilizaciones. Es urgente que vayan saliendo llamamientos a la movilización de los sindicatos de izquierdas. Los y las trabajadoras debemos salir a la calle para defender la libertad de expresión y pasar de juzgar las movilizaciones de la juventud a reforzar la lucha por la reforma del código penal, la derogación de la ley Mordaza y la libertad inmediata de Pablo Hasél y de todos l@s detenid@s estos días.
Hace unas semanas el secretario general de CCOO, Unai Sordo, decía “compartir el sentido del manifiesto firmado por más de 200 artistas sobre la pena de prisión de Pablo Hasél” mientras numerosos sindicatos combativos sacaban comunicados públicos pidiendo la libertad del cantante. Sería el momento de pasar del dicho al hecho y de llamar urgentemente a movilizaciones por todo el territorio que permitan generar un movimiento amplio en la calle al que el conjunto de la izquierda política y social consecuente pueda sumarse.