La “memoria histórica” tomó forma de ley en el Estado español en 2007. A pesar de ello el Estado ha hecho muy poco por hacer realidad lo que su propia ley establece. La localización y excavación de fosas comunes viene siendo realizada por asociaciones con fondos propios. Los procesos de reconocimiento de derechos personales siguen siendo verdaderos calvarios judiciales y administrativos para las familias de las personas afectadas. La eliminación de símbolos franquistas en espacios públicos apenas ha comenzado en la mayoría de los municipios.
Andalucía, con la publicación 10 años después de la ley estatal de su propia ley de memoria histórica (marzo de 2017), parecía suponer un impulso importante, por lo menos aquí. Sin embargo, ya vamos viendo con claridad el diseño que el gobierno de la Junta de Andalucía y del PSOE, y los otros partidos de la izquierda parlamentaria, han hecho de la realización de las medidas que se contemplan en la ley. Prevalece en cualquier acción o discurso la idea fuerte de humanitarismo que se fija más en un concepto de individuos despolitizados convertidos en víctimas, que lo que el estudio y el conocimiento de la Historia nos revela.
En la memoria histórica institucionalizada prevalecen los intereses dominantes del presente sobre la realidad del pasado. En este sentido, desde hace un tiempo se viene impulsado desde arriba la iniciativa de llevar esa memoria histórica humanitarista y presentista a la educación en Andalucía, llegando incluso a plantearse su inclusión en el currículo de la enseñanza obligatoria. En distintas provincias, grupos de profesionales de la enseñanza y/o de la Historia, están ya elaborando materiales didácticos que empezarán pronto a testarse en las aulas. Tod@s ell@s tienen un vínculo más o menos directo con alguna administración o institución de la comunidad autónoma, y están trabajando en ello avalad@s más por ese vínculo que por su conocimiento demostrado en la didáctica o en la Historia.
En todo ello, tanto en las formas como en los contenidos de las acciones y los discursos institucionales, se ve, como digo, la imposición de la visión de las represiones y los asesinatos fascistas como actos de maldad sobre individuos despolitizados, negando implícita, pero también explícitamente, la realidad histórica de la revolución social española, así como el reconocimiento de la dignidad de combatientes de los trabajadores y trabajadoras con consciencia y organización de clase que murieron o sufrieron en ella. No debemos pasar por alto todo esto porque si lo hacemos estaremos permitiendo que los que ganaron entonces sigan ganando hoy cada día.