María José Carrasco, sufría una enfermedad irreversible llamada esclerosis múltiple desde hace 3 décadas. Desde hacía años yacía postrada en su cama y reclamaba que la “ayudaran a morir”. Su caso se hizo famoso tras una entrevista con su marido, Ángel Hernández, en El Intermedio (La Sexta), en la cual explicaba la situación de dependencia que vivía su mujer y la escasa ayuda social y económica que recibía por parte de las instituciones públicas. El matrimonio decidió hacer público su sufrimiento aportando a la entrevista grabaciones para mostrar cómo era su día a día.

El día 4 de abril, Ángel Hernández, decidió llevar a cabo la petición de su mujer. Esa misma mañana avisó a las autoridades, las cuales lo detuvieron por “haberle suministrado una sustancia a su mujer para provocar su fallecimiento”. Tras 24 horas en el calabozo fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Tras este caso, salió a la palestra pública el debate sobre el suicidio asistido (o eutanasia), haciéndose más amplio debido a la campaña electoral.

Una de las primeras opiniones que salieron públicamente fue, cómo no, la de la Iglesia católica, condenando que “la muerte sea la solución de los problemas” desde una posición de “defensa radical de la vida”. La supuesta defensa de la vida de la iglesia católica (sin tener en cuenta la opinión de la persona afectada y de sus condiciones físicas o sociales) viene dada por una visión retrógrada basada en que solo un ente divino puede decidir sobre nuestras vidas, visión con la cual la iglesia católica pretende enviar un mensaje en el que se demuestra que quieren seguir controlando todos los aspectos sociales. No podemos dejar que ninguna institución religiosa vulnere nuestros derechos a decidir cómo deber ser cualquier aspecto de nuestra vida, incluyendo la forma de morir.

Por otro lado, cabe destacar la posición que han tenido los tres principales partidos de la derecha del Estado español. Mientras que PP y VOX han tenido un discurso bastante similar al de la iglesia católica, intentando rehuir el debate en todo momento, ya que son conscientes de que la sociedad actual va varios pasos por delante en este tema. Para disimular su anacrónico discurso se basan en crear una ley sobre los cuidados paliativos que disminuyan el dolor que pueden sentir personas con enfermedades degenerativas, como lo ha sido el caso de María José Carrasco. En el caso de Ciudadanos, no ha querido fijar una posición clara sobre este debate, posicionándose en una ambigüedad entre la ley de los cuidados paliativos y una ley que regule la eutanasia, que no le haga quedar mal con nadie y por tanto no pierda votos, mientras exigía que el resto de partidos llegara a posicionarse claramente y de manera común en un solo sentido.

En el caso de los partidos de la izquierda parlamentaria (PSOE y Podemos), han prometido que elaboraran leyes que permitan y regulen el suicidio asistido. Sin embargo, un gobierno que se diga verdaderamente de izquierdas debería ir más allá y acabar de una vez por todas con la intromisión de la iglesia católica en la vida política y social. Basta ya que la Conferencia Episcopal se sitúe por encima del bien y del mal y opine siempre con el objetivo de frenar avances evidentes en materia de derechos civiles como pueden ser las cuestiones relacionadas con el aborto, la homosexualidad, la identidad sexual o la eutanasia.

Para ello, es necesario que se abra un debate en el Estado Español en el que se revise la cuestión de la relación entre el Estado y la Iglesia. En la práctica la Iglesia católica sigue teniendo un papel central en cuestiones que afectan nuestra vida diaria y una cantidad de privilegios alarmantes. Esa herencia que proviene de la época de la dictadura de Franco es la que explica que a día de hoy la mayoría de los colegios e institutos concertados sean religiosos aunque financiados por la administración pública, eso es lo que explica que aún en el siglo XXI la religión católica sea una asignatura que se imparte en los centros educativos públicos o que sigan recibiendo grandes cantidades de dinero público para por ejemplo restaurar catedrales e iglesias aunque éstas no son propiedad del Estado.

Sobre este asunto, merece ahondar un poco. En el Estado Español, las iglesias y catedrales son propiedad de la Iglesia aunque se trate de patrimonio cultural e histórico. Esto implica que es la iglesia la que se encarga de cobrar entradas y decidir el uso que se da a dichos templos. De ahí la importancia de que no se sepa cuántos inmuebles han sido registrados a nombre de la iglesia gracias a la famosa “Ley Aznar”.

En lugares como la mezquita de Córdoba o la catedral de León, por poner dos ejemplos de patrimonio de la humanidad, es el obispo del lugar quien puede decidir quién entra y quién no, qué exposición o concierto puede darse, o si la construcción tiene o no seguro. Está claro pues quién decide y cobra. Sin embargo, ¿quién paga? Pues por mucho que seamos un Estado aconfesional, quién financia, a pesar de no decidir nada, buena parte de su mantenimiento, restauración, seguridad y personal es la administración pública.

Se estima que desde 1997 se ha financiado vía presupuestos generales del estado al menos 500 millones de euros para restaurar centenares de templos en todas las provincias españolas. En cuanto al dinero para la rehabilitación que proviene de la casilla de la Renta, que a su vez se detrae de los Presupuestos Generales del Estado, se estima que desde que se implantara esto en 1987, la cantidad que la iglesia católica ha podido recibir superaría los 2000 millones de euros. A eso es a lo que un gobierno de izquierdas debería meterle mano.

Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR defendemos los derechos civiles de las personas a decidir sobre su propio cuerpo, su orientación sexual, así como su derecho a la muerte digna a la vez que exigimos que se acabe con todos los privilegios de la Iglesia católica para que de una vez por todas dejen de entrometerse en nuestras vidas, todo eso financiado además, con nuestro dinero.