Nos situamos ya en pleno tercer trimestre de un 2021 que ha arrasado por completo con el empleo en el sector de la banca, fruto de las distintas fusiones y movimientos que se han realizado en el sector. Ya en 2020 comenzaron a oírse las primeras noticias que hablaban de profundas reestructuraciones pero ha sido con la pandemia y la aceleración de los procesos digitales que trajo consigo, que las distintas entidades han aprovechado la ocasión para soltar lastre en modo de puestos de trabajo. Si bien el empleo en el sector ha sido siempre considerado de los más estables esta vez no se ha librado de los recortes, reconfigurando incluso el proceso tradicional de negociación laboral en el sector.

Para refrescar un poco la memoria, Santander e Ibercaja acordaron a finales del 2020 sendos ERE con más de 4.300 puestos menos de trabajo. A esto hay que sumarle los 1.800 del Sabadell y su plan de salidas voluntarias, y por supuesto los 2935 de BBVA y los 6452 de Caixabank respectivamente, siendo estos últimos quizás los procesos más sonados. La escalofriante  suma asciende a más de 15.500 puestos perdidos.

Sin embargo la cosa no queda aquí ya que, como resultado de la última fusión correspondiente a Unicaja con Liberbank, y que se estima que costará más de 2000 puestos de trabajo, y las futuras absorciones que relacionan a Sabadell, Abanca e Ibercaja, el resultado final de la destrucción de puestos de trabajo en el sector podría alcanzar los 17.600 empleos ya en el 2022. Los datos son especialmente dolorosos si nos fijamos en que más del 51% de las oficinas que estaban abiertas en 2008 están a día de hoy cerradas, dando lugar a una exclusión financiera que cada día se agrava más en las zonas rurales y en la que ninguna entidad bancaria parece querer reparar.

Estos datos contrastan fuertemente con las cifras que presentan en sus balances de activos las distintas entidades. En primer lugar del ranking nos encontramos con la nueva Caixabank – ya con Bankia integrada – que tiene un volumen de activos superior a los 600.000 millones. Le sigue BBVA con 400.000 millones de euros; el Banco Santander con 350.000 millones de euros y Banco Sabadell que tiene casi 200.000 millones de euros en España.

Mucho se ha hablado también en los medios de los planes de “recolocación garantizada” que enarbolan a modo de bandera tanto bancos como grandes empresas – como el Corte Inglés, que también ha realizado un amplio ERE de más de 3.200 puestos de trabajo -, y que según prometen están destinados a buscar nuevos puestos para cada una de las personas que se queden fuera.

En efecto, sobre el papel este tipo de acuerdos parecen querer proteger a las personas que voluntariamente abandonan sus puestos, pero en la práctica rara es la ocasión en la que nos nuevos sueldos superan el 75% de los perdidos. Además, son múltiples los testimonios de antiguos trabajadores y trabajadoras de la banca que aseguran preferir abandonar voluntariamente sus trabajos antes que continuar soportando la inhumana presión comercial que sobre ellos y ellas se ejerce por parte de la dirección en las oficinas. Se nos presenta así clara la visión de la treta que la banca ha querido gastarle a sus plantillas, presionándoles hasta lo insoportable para luego ofrecerles la “libertad” en otras empresas y con peores condiciones.

 Hoy por hoy se da por sentado que las recolocaciones se efectuarán sobre todo en el sector de las finanzas y los seguros. De este modo la banca siempre gana: elimina puestos de trabajo con condiciones laborales medianamente beneficiosas para la clase trabajadora y les vuelve a recolocar en peores puestos con peores sueldos, pero aprovechando todo el beneficio que les aporta la formación de esos y esas trabajadoras recicladas.

Lejos quedaron ya los llamados despidos de oro en el sector de la banca, que allá por 2012 – ya con la reforma laboral en pleno funcionamiento – indemnizaba de media con unos 44.556 euros a cada afectad@, frente a los 9.150 que cobraba el despedido medio. Como vemos, incluso un sector tan sólidamente establecido en el inmovilismo social como es el bancario, ha acabado claudicando ante el descontento de miles de trabajadores y trabajadoras con el trato que se les profiere por parte de sus empresas. Como ejemplo podríamos citar las dos huelgas con amplio seguimiento que han llevado a cabo las plantillas Caixabank en los últimos meses y que son las primeras de sus 117 años de historia, o la huelga en BBVA, primera en la entidad desde los años ochenta.

Se da además la circunstancia en estos EREs de la bajada de edad de los afectados conforme a lo que venía siendo habitual en el sector. Con el objetivo de abaratar el coste de los expedientes de regulación se ha priorizado para su salida a trabajadores y trabajadoras menores de 50 años, eluyendo así la llamada “cláusula telefónica” que Zapatero impondría en 2011 y según la cual se obliga a las empresas de más de 100 trabajador@s que realizan ERES mientras tiene beneficios a anticipar el coste de la prestación de desempleo de los mayores de 50 años despedidos, y, de manera simultánea, a reducir la que suponen los convenios espaciales con la Seguridad Social.

Cabría decir aquí que, si bien la cláusula lleva en vigor desde 2011, su cumplimiento ha sido más que dudoso por parte de las empresas. Así, un Informe Anual del SEPE correspondiente al ejercicio de 2019, recoge un descuadre de casi 149 millones de euros en los primeros nueve años de aplicación de la media: “En total, desde el inicio hasta 2019, a estas 61 empresas se les reclamaron aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 19.404 trabajadores, por valor de 559,22 millones de euros de los cuales se ingresaron 410,67 millones de euros”. Diez de esas sociedades eran entidades financieras, por cierto.

Otra repercusión que tendrán los EREs sobre la plantilla que se quede en sus puestos será la indudable sobrecarga de trabajo que experimentarán, sumada a la ya mencionada presión comercial que se les viene imponiendo en los últimos años. Como decíamos anteriormente, el conocimiento de esta insufrible presión que ya se está dando en muchas sucursales, ha sido uno de los detonantes para que much@s trabajador@s de la banca hayan optado por asumir una salida voluntaria de la empresa incluso asumiendo bajadas en su poder adquisitivo en la mayoría de los casos.

Qué conclusiones podríamos sacar de estos procesos, cabría pensar ahora. Bien, la evidente es que la crisis que sufre el sistema, lejos de atenuarse como parecen esperar que suceda desde posiciones liberales, no deja de acentuarse más y más, llevándose por el camino a sectores laborales que normalmente no habían sufrido apenas – o si acaso mucho más suavemente – los vaivenes del capitalismo.

Vivimos en una época en la que las entidades bancarias son cada vez más fuertes, fruto de las fusiones y las distintas operaciones financieras, y sin embargo cada vez hay menos sucursales y cajeros, obligando así a su clientela a interactuar con una digitalidad que está lejos del alcance de muchas personas, o bien por falta de posibilidades económicas  o por desconocimiento de la tecnología. Una época en la que los monopolios bancarios encarecen las comisiones de unos servicios cada vez más deficitarios y pretenden olvidar que no hace mucho se les rescató con una desorbitada suma de millones procedentes de dinero público y que debería haber sido destinado a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por su parte, ni las llamadas de atención al sector bancario por parte de la ministra Nadia Calviño, ni la suma a estos ruegos por parte de Yolanda Díaz han parecido servir de nada,  Como tampoco ha servido de nada tener un gobierno socialdemócrata ante las sucesivas y sangrantes subidas del precio de la luz o del gas, e incluso de los alimentos más básicos. Gestionar el Estado es una cosa muy distinta a trabajar para la clase obrera, a pesar de lo engañoso que a veces pueda ser el discurso de la socialdemocracia. Los hechos son más esclarecedores, sin embargo, y la realidad es que ante sectores clave de la economía como son la banca o las energéticas, el gobierno (éste o cualquier otro) sólo puede “sugerir” e “instar” a que cambien de actitud.