El pasado 28 de noviembre tuvo lugar una huelga en los conservatorios de las provincias de Granada y Málaga, motivada por la errática gestión de los conservatorios superiores de Andalucía que viene haciendo la Junta de Andalucía en los últimos años. Este paro, respaldado y convocado por USTEA Granada y CGT Málaga, fue excepcional en tanto que han sido históricamente muy escasas las ocasiones en que este colectivo se ha puesto en huelga. La jornada fue precedida de acciones reivindicativas en Sevilla, y diversas asambleas y manifestaciones de profesorado y alumnado en los diversos conservatorios superiores de toda Andalucía. Estos son los antecedentes de este conflicto:
Los conservatorios superiores son un ente administrativo extraño, un híbrido entre facultad universitaria e instituto de secundaria. Estos centros tienen planes de estudios para universitario@, expiden títulos superiores equivalentes a un grado, y se gestionan según Bolonia y las regulaciones universitarias europeas. Sin embargo, el profesorado tiene la condición de profesor de Secundaria. Esto provoca numerosas contradicciones en la gestión y organización de estos centros y sus estudios, y muchos agravios comparativos para el estudiantado, que está en franca inferioridad legal, académica y material con respecto a los universitarios de pleno derecho.
Hasta hace poco, más del 90% de las plantillas de estos centros eran profesor@s de conservatorios profesionales en comisión de servicio tras su selección en diversos concursos de méritos. Sólo una pequeña fracción del profesorado eran catedráticos, ya que no se habían celebrado procesos de acceso a cátedra en casi 3 décadas. Había, por tanto, urgencia por estabilizar la situación de estos centros, que arrastran una precariedad crónica. El modo en como esta consolidación se está llevando a cabo está siendo desastrosa para gran parte del profesorado, y puede serlo para el futuro de estas enseñanzas en el sistema público.
Las oposiciones a cátedra del pasado verano tuvieron resultados decepcionantes, quedando una gran parte de las plazas desiertas. Este proceso, muy discutido en muchos aspectos y con múltiples contenciosos abiertos actualmente en contra del mismo, dio pie a la creación de una bolsa de trabajo específica para conservatorios superiores. Para acceder a esta bolsa se requiere la posesión de un máster universitario. Este requisito, impuesto sin previo aviso oficial de que sería imprescindible, y que nunca antes había sido necesario para acceder a estas vacantes, ha motivado que de un curso al siguiente alrededor de un tercio de las plantillas haya tenido que abandonar su puesto de trabajo, en muchos casos tras décadas desempeñando su labor en carreras docentes y artísticas de gran trayectoria y reconocimiento.
En el acceso a estas bolsas sólo se valoran los méritos académicos y una fracción del tiempo de servicio, a pesar de que en los últimos cursos los méritos artísticos habían sido un elemento clave a la hora de configurar el acceso a estos puestos. Ahora, la carrera artística no cuenta en absoluto, lo que implica un cambio enorme en el perfil del profesorado. Como consecuencia de todo esto, podemos extraer estas preocupantes conclusiones:
Bajo la apariencia de burocrática objetividad en la selección del profesorado, la realidad es que para la administración importa muy poco la evaluación de los perfiles y el desempeño real de sus propios docentes. En un asunto clave como la educación, su gestión se reduce al diseño de una maquinaria ciega, incapaz de ver los grandes profesionales de los que ha prescindido. Esto es un agujero en la línea de flotación de los conservatorios superiores públicos, ya que en su formación superior el alumnado de conservatorio busca a profesorado de trayectoria artística prominente, lo que cada vez va a encontrar menos en el sistema público, viéndose empujado a continuar su formación en la privada.
La posesión de un máster universitario es una barrera social más en la igualdad de acceso a puestos de trabajo. Tener un máster se ha convertido en un canon que hay que pagar para subir en el estatus laboral. La inflación académica, en la que todo se mide por el peso de títulos cada vez más elevados y abundantes, pero no por evaluaciones reales de las aptitudes docentes y profesionales, pervierte el sistema educativo en su conjunto y lo transforma en un gran negocio. El mundo académico es cada vez más un mercado regido por intereses económicos, que empuja a una competición por la acreditación, y no por la formación real. Y como todo mercado capitalista, necesita crecer para sobrevivir.
Finalmente, la gestión del gobierno del PSOE saliente en la Junta de Andalucía ha propiciado mayor precarización del profesorado, pérdida de calidad del sistema educativo público, potenciación de la enseñanza privada, e impulso a la mercantilización e hipertrofia de lo académico como un fin y no como un medio. El relevo en el gobierno andaluz va muy probablemente a profundizar en esta concepción capitalista de la educación, por lo que estos conflictos se van a agudizar en el futuro inmediato.