Desde hace algunos años, y especialmente desde el movimiento contra la Loi Travail de 2016, la violencia policial y la represión contra los movimientos sociales se han convertido en la norma. No se cuenta el número de víctimas de “abusos”, ni los arrestos durante las manifestaciones. Las graves lesiones infligidas al joven Théo en 2017 también nos recuerdan que la violencia policial ha existido durante mucho tiempo en los barrios pobres.
Operación de mantenimiento del orden…social
Desde noviembre, la represión ha aumentado un nivel más con motivo del movimiento de los “chalecos amarillos”. El número de manifestantes que han perdido un ojo, una mano o fueron alcanzados por un disparo de LBD, como Jerome Rodrigues, portavoz destacado del movimiento, o Louis Boyard, presidente de la UNL, es impresionante.
La represión no se limita evidentemente a los “chalecos amarillos”: así, l@s estudiantes de secundaria que se movilizaron en diciembre contra la reforma del Bachillerato han hecho frente a una estrategia represiva que busca para aterrorizar y frenar las movilizaciones. Las imágenes de Mantes-la-Jolie, con una clase entera de estudiantes de rodillas y con las manos en la cabeza, amenazados por la policía, han conmocionado a gran parte de la población.
A pesar de volverse sistemática, esta política represiva no es nueva para todo eso, y golpea dondequiera que la protesta se atreva a aparecer. Las universidades no han escapado: durante el movimiento contra la selección universitaria en la primavera de 2018, se han presenciado brutales evacuaciones de universidades por parte de la policía. En Lille, el primer día de los parciales, la policía no dudó en rociar a los estudiantes con gas lacrimógeno; y en Nanterre, a principios de abril, 7 estudiantes que fueron a la huelga fueron arrestados después de una intervención del CRS (policía antidisturbios).
L@s trabajador@s en huelga también tienen que lidiar con eso, como los docentes de Toulouse atacados por gas lacrimógeno delante del rectorado, o l@s carter@s de Hauts-de-Seine que ya no cuentan cuántas convocatorias han acabado en la estación de policía. En las empresas, la represión patronal se suma a la represión policial: al final de la huelga en SNCF en 2018, much@s trabajador@s ferroviari@s fueron objeto de supresiones y sanciones disciplinarias importantes.
Primera línea de defensa de la burguesía
Para justificar estos abusos, los políticos invocan las leyes de la República y el estado de derecho, como si el gobierno, sus altos funcionarios y sus cuerpos represivos (policía, ejército, tribunales) estuvieran ubicados por encima de la sociedad y no fueran más que la representación fiel de toda la población y sus intereses. Pero los hechos cotidianos golpean y derriban esta propaganda muy rápidamente. La represión no es aleatoria.
La policía que dispara contra los “chalecos amarillos” nunca ha registrado los hermosos vecindarios para encontrar evasores de impuestos. Nunca cuestionó a los patrones deshonestos que no respetan los derechos de l@s emplead@s. La justicia condena a l@s manifestantes y persigue a l@s trabajador@s que luchan, como los 3 carteros de Hauts-de-Seine acusados de un montaje, pero en cambio puede mostrar clemencia contra Alexandre Benalla, protegidos por las altas instancias, que hoy es libre. Y estos ejemplos están lejos de ser excepciones.
Detrás de las fuerzas represivas con las que nos enfrentamos durante las movilizaciones sociales, hay, por supuesto, patrocinadores. Pero más allá de tal prefecto o ministro del Interior, hay todo un estado al servicio de la clase dominante: una “máquina diseñada para mantener el dominio de una clase sobre otra”, como explicaba Lenin. La policía es un engranaje, un aparato represivo encargado de imponer por la fuerza los intereses de la burguesía. La tarea de la policía y la gendarmería es “supervisar” las manifestaciones y sofocar la contestación social y las revueltas cada vez que el gobierno en el poder lo considere necesario.
Estos cuerpos armados protegen la estabilidad del poder capitalista contra cualquier cosa que pueda provocar una crisis social o política, cualquier cosa que pueda amenazar los negocios de la burguesía. Esto se atestigua por la deriva autoritaria actual hacia el movimiento de los “chalecos amarillos” como en las huelgas y todos los movimientos sociales. Si el gobierno implementa una política de este tipo es porque la clase capitalista sabe que el miedo podría cambiar rápidamente de bando si la movilización de una fracción de las clases trabajadoras arrastrara a la clase trabajadora a la acción.
Ya hace más de un siglo que Friedrich Engels definió el estado como un compuesto de “destacamentos especiales de hombres armados”, dispuesto a imponer el respeto del orden social por la fuerza y con el monopolio de violencia legal, sin la cual la sociedad capitalista basada en la explotación de una mayoría por una minoría parasitaria no podría existir.
Encuadramiento ideológico
Pero la violencia sola no puede ser suficiente para mantener una sociedad desigual. Los capitalistas buscan que l@s trabajador@s acepten como justos o al menos inevitables el hecho de que son explotad@s. No hay necesidad de porras cuando l@s pobres se quedan en su lugar. El estado también cumple funciones ideológicas, que en última instancia tienen como objetivo evitar que nos demos cuenta de nuestra situación y nuestros intereses reales. Esto explica por qué el estado generalmente aparece como una institución inmutable que se coloca por encima de la sociedad y desempeña el papel de árbitro en nombre del interés general.
Hoy en día, el marco ideológico es cada vez más descarado, con medidas como el restablecimiento de un servicio nacional universal (SNU) para jóvenes a partir de los 16 años. De hecho, este SNU no será más que un encuadre ideológico, con el uniforme y el saludo a la bandera. En la misma línea, con la obligación de colgar la bandera tricolor y aprender la letra de la Marsellesa en todas las aulas, el objetivo es inculcar desde una edad temprana el respeto por la “República”, sus “valores” y la pertenencia a la “nación”.
En la sociedad burguesa, la ideología dominante presenta a los ciudadanos como todos iguales ante un estado imparcial, garante del respeto al lema republicano “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. En realidad, no hay igualdad posible entre el ciudadano explotador y el ciudadano explotado, y el poder de los ciudadanos se reduce al uso ocasional de la papeleta electoral. Los derechos civiles están limitados por un derecho superior, el derecho de propiedad de quienes poseen los medios de producción.
Para y al servicio de la clase capitalista
El estado permite a la burguesía acumular ganancias, librando la guerra en todo el mundo, saqueando países y continentes enteros y aumentando la explotación de l@s trabajador@s. Muchas leyes, como las dos Loi Travail en 2016 y 2017, y la reforma ferroviaria del año pasado, se instituyeron con el pretexto de que la economía estaba en crisis. Siempre es a las clases populares, a l@s trabajador@s, a quienes nos toca una y otra vez apretarnos el cinturón, aceptar regulaciones, supresiones y recortes salariales, supuestamente por el bien colectivo … mientras que siempre son los mismos quienes se enriquecen.
Las arcas pueden estar vacías para financiar servicios públicos útiles para la población, pero miles de millones están siempre disponibles cuando se trata de regalos a grandes empresas. Ya sea en forma de exenciones fiscales, paquetes de estímulo o medidas antisociales contra los derechos de l@s trabajador@s, el estado sirve siempre a los intereses económicos de la patronal y los capitalistas.
El estado, sus instituciones, sus aparatos militares y policiales, fueron diseñados por la burguesía por y para sus propios intereses. Es por esta razón que no será suficiente cambiar el conductor de esta máquina para dar servicio a las clases populares. Según Lenin, “la emancipación de la clase oprimida es imposible, no solo sin una revolución violenta, sino también sin la supresión del aparato de poder estatal creado por la clase dominante”.