El pasado 19 de noviembre se publicó la sentencia del macrojuicio de los ERE, casi 9 años después de que comenzaran las investigaciones (19 de enero de 2011), momento en el cual José Antonio Griñán presidía la Junta de Andalucía, tras la dimisión de Manuel Chaves, que gobernó durante 19 años (1990-2009).

La sentencia plantea condenas por delitos de prevaricación (una autoridad dicta una resolución injusta a sabiendas de que lo es) y/o de malversación (un funcionario sustrae o permite que un tercero sustraiga los fondos que tiene a su cargo) para 21 ex-altos cargos de la Junta. Griñán, acusado de ambos delitos, deberá cumplir una pena de 6 años de prisión y una inhabilitación absoluta durante 20 años; mientras que Manuel Chaves, acusado únicamente de prevaricación, es condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a 9 años de inhabilitación especial.

También han sido condenados a prisión los ex-consejeros Antonio Fernández (7 años), Francisco Vallejo (7 años) y Carmen Martínez (6 años), los ex-viceconsejeros Agustín Barberá (7 años) y Jesús María Rodríguez (6 años), así como el ex-director general de trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años). Las penas para el resto consisten en la inhabilitación especial durante un periodo de tiempo que varía en cada caso, aunque poco importa teniendo en cuenta que están jubilad@s actualmente. Mientras tanto por una pelea en un bar en Altsasu hay condenas de hasta 9 años y medio de prisión y el activista Fran Molero está encerrado durante 5 años por asistir a una manifestación que la policía reprime sin motivos, por poner algunos ejemplos.

El caso en cuestión se refiere al periodo comprendido entre 2000 y 2009, durante el cual, según la sentencia, se defraudaron cerca de 680 millones de euros del erario público destinados a cubrir subvenciones para l@s trabajador@s despedid@s de sus puestos de trabajo mediante ERE, una cifra inferior a la que planteaba la fiscalía (855 millones). Según la investigación, una parte de dichos fondos fue destinada a la prejubilación de 6000 trabajador@s que han recibido las ayudas pero mediante una “ilegal aplicación de fondos públicos”. El resto se reparte entre los conocidos como “intrusos” (personas a las que hicieron pasar por trabajadores para que las empresas implicadas recibieran las ayudas), se calcula que unos 12 millones, aseguradoras que cobraron comisiones superiores a las que se establecían en el mercado y trasvases de fondos directos a empresas.

La sentencia no realiza un desglose detallado de la cantidad que ha ido a parar a cada destinatario. La guardia civil calcula que 73,8 millones fueron a ayudas directas a empresas, la Dirección General de Seguros calculó que 66 millones fueron los sobrecostes de los que se beneficiaron las aseguradoras y el Tribunal Supremo planteó que 528,1 millones se destinaron ilegalmente a l@s trabajador@s que legítimamente debían recibir dichas ayudas. Pero ninguna de estas cifras es corroborada por la sentencia y tampoco plantea cómo deben devolver esos fondos a las arcas públicas, sólo les obliga a pagar las costas del juicio.

La sentencia plantea, por tanto, penas completamente insuficientes para quienes han llevado a cabo uno de los casos más importantes de corrupción en el estado español, ninguna garantía para la devolución de dicho dinero, además de ser totalmente difusa con respecto a los beneficiarios de los fondos públicos: ningún empresario imputado por recibir fondos que no le correspondían y un total oscurantismo sobre las empresas y aseguradoras que han participado de este robo continuado. Y, por si fuera poco, provee argumentos para lavar la cara de los corruptos, diciendo que: “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”.

Nada más lejos de la realidad, la corrupción en Andalucía no es un elemento coyuntural resultado de querer responder a los problemas de l@s trabajador@s, sino la estructura necesaria que ha permitido sostener el gobierno del PSOE desde la Transición, representando los intereses de la burguesía. El PSOE muestra aquí, donde ha gobernado durante 40 años, su verdadera orientación: transferir los fondos públicos a los empresarios, que se han lucrado doblemente (despidiendo y recibiendo las ayudas) con la desgracia de l@s trabajador@s despedid@s. Es ésta la orientación del partido que se hace llamar “socialista” y “obrero”; del partido que a día de hoy nos vende que va a constituir un gobierno para el progreso social en el Estado español.

No tenemos, por tanto, ninguna ilusión en esa posibilidad y somos totalmente conscientes que, de constituirse, tendremos que luchar contra un gobierno de PSOE-UP que no va a responder a las demandas de l@s trabajador@s sino a de los empresarios, como ha demostrado una y otra vez en Andalucía y, cuando ha tenido ocasión, en el resto del estado. Estas políticas de derechas, llevadas a cabo por una organización que es reconocida por la población como un partido de izquierdas, sólo han contribuido al crecimiento de la derecha y la extrema derecha en Andalucía. No hay, por tanto, posibilidad de frenar el avance de la extrema derecha desde las instituciones con un gobierno que responda a los intereses de la patronal. Es necesario imponer un programa de urgencia social desde las calles, única alternativa capaz de responder a los intereses de los y las trabajadoras, y lograr victorias concretas para nuestro campo social.

Por supuesto, no podemos olvidar que el PSOE no es el único partido que practica regularmente el arte de la corrupción. No olvidamos la trama Gürtel, el caso Noos, las tarjetas black, la operación Púnica, el caso Pujol, la operación Pokémon… Un sinfín de casos de prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, fraude, etc., que inundan la vida política y económica en todas las partes del estado. La corrupción es un elemento intrínseco a la democracia burguesa, puesto que en última instancia las administraciones se encargan de proveer los medios y recursos para que la patronal pueda explotar al máximo el trabajo de la clase obrera y aumentar así al máximo su tasa de beneficio.

La explicación es sencilla: las instituciones no son más que la correa de transmisión de la patronal, y los partidos que se dedican a gestionar los recursos de las mismas, si quieren sostenerse “en el poder”, deben buscar alianzas con el empresariado de la zona. No queda otra que acabar con este régimen y construir otro si queremos lograr la verdadera transparencia y que los fondos se destinen verdaderamente a las necesidades sociales.