La rápida expansión del coronavirus a lo largo del mundo ha sido el detonante de una nueva crisis del sistema capitalista. Aunque todas las crisis han tenido sus propias particularidades, es innegable que ésta pone nuevos elementos sobre la mesa al introducir una nueva variable en la ecuación: la necesidad de limitar el contacto humano. Sin embargo, a pesar de las peculiaridades, las grandes consecuencias y recetas no se distinguen en mucho de las de la crisis de 2008.
Aumento del paro, la precariedad y la miseria para la clase trabajadora
La primera gran consecuencia de la crisis para l@s trabajador@s ha sido el aumento del paro. Los primeros datos ya son preocupantes: el aumento de personas paradas en marzo ha sido de 302.365 (un 9,31% de subida con respecto a febrero) y en abril de 282.891. La cifra total de demandantes de empleo al final de abril ya superaba los 3,8 millones de personas (3.831.203).
Las medidas desarrolladas hasta el momento por el gobierno de PSOE-UP para frenar el aumento del paro, se puede decir que como máximo han sido ultradefensivas, asumiendo parte de los salarios de l@ trabajador@s durante la crisis pero en ningún caso cargando ni una pequeña parte de la crisis sobre la patronal. 1) El 12 de marzo, se firmaba el acuerdo entre sindicatos, gobierno y patronal para facilitar el aumento masivo de ERTE. L@s trabajador@s perdieron así un 30% de su salario y las empresas no pagaron nada, salvo en los casos donde la lucha obligó al pago de una parte o del total de ese 30% a sus patronales. También perdían la capacidad de negociar el ERTE, pues el motivo era por fuerza mayor y la empresa sólo tenía que comunicárselo a la plantilla sin posibilidad ninguna de negociación.
2) El 17 de marzo se anuncia la movilización de 117.000 millones de dinero público para aumentar la liquidez de las empresas fundamentalmente. Pedro Sánchez dice confiar en que se pueda completar la cifra hasta 200.000 millones con financiación privada. 3) El 27 de marzo, el gobierno anunció la “prohibición de los despidos” que, muy lejos del titular, únicamente supone un encarecimiento temporal del despido a 33 días por año trabajado, es decir, una eliminación temporal de este único elemento de la reforma laboral de Rajoy. Una medida que, aunque positiva, es insuficiente y no ha evitado los despidos de trabajador@s, como demuestran las cifras de aumento del paro en abril.
4) El 29 de marzo, para hacer efectiva la “hibernación económica”, el gobierno de nuevo se sitúa del lado de la patronal decretando el “permiso retribuido recuperable”, según el cual l@s trabajador@s deben devolver las horas que no han podido trabajar por cumplir con el confinamiento, es decir, de nuevo las empresas no pagan nada y se carga el peso en la misma clase. 5) El 11 de mayo se anuncia el acuerdo entre gobierno,@ sindicatos y patronal para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio, desvinculando así esta medida del estado de alarma. Pero lo más preocupante aún es la flexibilización del despido tanto de l@s trabajadors afectadas por ERTE como de l@s que han mantenido su trabajo activo durante la crisis, la reducción de las sanciones a las empresas que despidan, la exención del pago de cotizaciones… 6) El 20 de mayo, se publica un acuerdo entre PSOE, UP y EH Bildu para “derogar íntegramente” la reforma laboral de Rajoy. No tardó mucho el PSOE en matizar el acuerdo y reducirlo a sus planes iniciales (modificar 3 puntos de la misma).
A las cifras de paro dadas más arriba (más de 3,8 millones de parad@s al final de abril), hay que sumar los y las trabajadoras que actualmente están afectad@s por expedientes de regulación, pues no computan como desemplead@s en la estadística del paro registrado. En marzo, los expedientes de regulación autorizados afectaban a 570.116 trabajador@s, mientras en enero y febrero la cifra acumulada fue de poco más de ocho mil. Al final de abril casi 3,4 millones de personas estaban en un ERTE. Las medidas implantadas hasta el momento en materia laboral por el gobierno, van a facilitar que muchos ERTE se conviertan en despidos permanentes, con un coste muy bajo para las empresas.
En definitiva, las políticas del gobierno se pueden resumir en aumentar la gasto público para suplir todos los gastos que deberían asumir las grandes empresas, que han estado obteniendo beneficios millonarios año tras año (incluso incrementándolos en los momentos más profundos de la crisis), que han sido muchas de ellas rescatadas con dinero público anteriormente (dinero que nunca han devuelto) y que este nuevo “gobierno de izquierdas” rescata de nuevo en esta crisis y, por si fuera poco desfavorable el acuerdo para la clase trabajadora, sin garantizar de ningún modo el empleo y negando abiertamente la posibilidad de derogar la reforma laboral.
Es importante recordar que la crisis de 2008 inauguraba una serie de subidas del paro sin precedentes en el estado español: ese año aumentó en 999.416 el número de personas paradas, hasta superar los 3,1 millones de parad@s al final de diciembre (cifra más alta jamás registrada en el estado español); la tendencia al alza continuó hasta superar los 5 millones en febrero y marzo de 2013; posteriormente la tendencia es el descenso paulatino nunca llegando a descender a niveles previos a la crisis de 2008. Resumiendo mucho, la respuesta del gobierno de Zapatero fue: rescate bancario, aumento del gasto público con el plan E y reforma laboral en 2010 para abaratar el despido, entre otras muchas cuestiones.
En definitiva, nada nuevo bajo el sol para l@s trabajador@s: la crisis vuelve a cargarse sobre sus hombros. Al paro y la flexibilización laboral, le siguen los desahucios y las colas de alimentos, que ya estamos viendo incrementarse en esta crisis. El gobierno se propone aprobar el 29 de mayo, lo que ha denominado la “renta mínima vital”, una tirita que aunque supondrá unos mínimos ingresos muy importantes para familias que están en la miseria no deja de ser insuficiente y un paliativo que no permite combatir el aumento del paro y la precariedad.
El marco institucional ha demostrado tener nula capacidad para desde un “gobierno de izquierdas” presionar a la patronal para que asuma, al menos en parte, la crisis. En un contexto donde el sistema capitalista ve disminuida su tasa de beneficio global desde los años 70, el capital no va a dar ningún margen. La tendencia al desmantelamiento del mal llamado “estado del bienestar”, vendiendo los servicios públicos al mejor postor, etc. continúa cuesta abajo y sin frenos y la tendencia a la pérdida de derechos laborales y, de esta forma, a reducir las condiciones de vida de l@s trabajador@s no avanza más lentamente.
Los llamados “gobiernos de izquierdas” no han logrado en nada revertir esta tendencia porque, por un lado, representan los intereses de una parte de la patronal aunque se digan de izquierdas y, por otro, porque ni siquiera está en su mano el poder hacerlo. Es el sistema capitalista, con su competencia y su ansia por acaparar nuevos sectores y concentrar más capital, en un contexto de caída de sus beneficios, el que no va a encontrar frenos para seguir acaparando los servicios públicos, seguir reduciendo los salarios y aumentando la carga de trabajo a la clase trabajadora. A no ser por supuesto que la clase trabajadora se organice y se enfrente a los intereses de las patronales para destruir el sistema capitalista y construir una nueva sociedad.
La clase trabajadora sigue muriendo
Much@s trabajador@s de sectores no esenciales se han visto obligad@s a ir a trabajar en momentos de máximo riesgo de contagio del Covid.19. La patronal, lejos de preocuparse por la salud y la vida de su plantilla, se ha preocupado únicamente por custodiar celosamente su capital y seguir obteniendo beneficios de donde únicamente puede extraerlos: del trabajo ajeno. Esta imposición ha abierto los ojos de algun@s trabajador@s que han visto las verdaderas intenciones de la patronal y se han percatado de que, incluso cuando su vida está en juego, los beneficios son los que priman.
Asimismo, esta crisis ha puesto encima de la mesa las consecuencias de tener un sistema sanitario público casi desmantelado por el desvío de fondos por parte de unos y otros gobiernos a las clínicas privadas, fondos que acaban en los bolsillos de los inversores en sanidad, un negocio más que seguro. Afrontar la crisis con 3 camas por cada 100.000 habitantes en lugar de las 8 a 10 que recomienda la OMS, ha tenido una consecuencia clara: el aumento de la mortalidad del virus en el estado español, es decir, la muerte de muchas personas que podría haberse evitado con un sistema sanitario 100% público y dirigido de la forma más eficaz posible, es decir, por parte de quienes mejor conocen su funcionamiento: los y las trabajadoras. La consecuencia de estas políticas ha sido la muerte de muchas personas.
Esta crisis muestra a las claras que el capitalismo es un sistema criminal. Sin embargo, esto no es nuevo. Las muertes de cientos de miles de civiles en las guerras, cuyo objetivo último es el control extranjero de recursos o el control de una zona geoestratégica dada, de nuevo para que ciertos capitales aumenten sus beneficios; las muertes en los campos de concentración, el drama en las fronteras (sólo el año pasado en el Mediterráneo perdieron la vida 1191 personas); el hambre en un sistema donde se produce más comida de la necesaria para alimentar a toda la población, las pandemias (el ébola, el SARS, etc.).
Pero no hace falta salir del estado español para poder constatar esta realidad. El año pasado, 695 trabajador@s perdieron la vida en accidentes laborales, 717 el año anterior. La siniestralidad laboral, después de un descenso importante desde los años 80, empezó de nuevo a aumentar en 2012, momento donde las consecuencias de la crisis iniciada en 2008 se hacían más patentes. Por otro lado, actualmente, los suicidios son la primera causa de muerte violenta, con cifras anuales que no han bajado de 3.539 desde 2012. Aunque el INE no facilita datos desagregados sobre las causas del suicidio, la cifra global de suicidios creció en 2012 un 11,3% sobre la del año previo, siendo la mayor registrada en el país, en un contexto donde las cifras de desahucios superaban los cien mil anuales y alcanzaban cifras record en relación a los años anteriores. La pobreza en el estado español ha seguido aumentando. Actualmente, 1 de cada 3 niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza y la situación de muchas familias depende de lo que reciben en las colas de alimentos. La lista es interminable pero sólo esto nos basta para confirmar el carácter inhumano del sistema en el que vivimos.
El problema es el sistema
El sistema capitalista es un sistema criminal y siempre lo ha sido. Las distintas “alternativas” propuestas para relanzarlo ya han sido probadas y han resultado fallidas. Y es que la ley innegable descubierta por Marx sobre la tendencia a la caída de la tasa de beneficios de los capitalistas, se pone cada vez más de manifiesto, con crisis cada vez más periódicas y profundas. Sin embargo, el capitalismo tiene muchos mecanismos para amortiguar de forma coyuntural dicha tendencia y, de no existir un movimiento revolucionario de la clase trabajadora que lo derroque, nos quedan muchos años de tensiones internacionales cada vez más pronunciadas, como la que se manifiesta entre EEUU y China, guerras, desplazamientos forzosos, despidos, precariedad y miseria para la clase obrera.
El neoliberalismo no ha sido más que la orientación política del capital que viene viendo disminuida su tasa de beneficios global desde los años 70. Esa orientación ha permitido alargar la caída y sostener la estabilidad institucional de los estados, a la vez que desmantela los recursos adquiridos gracias a las luchas de l@s trabajador@s y aumenta su explotación como forma de incrementar su extracción de plusvalía y, con ello, sus ganancias.
Con la crisis del Covid-19, como en cualquier otra, se pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre “refundar el capitalismo”. Pero el capitalismo no puede refundarse porque no puede fundarse. El capitalismo no planifica: sus leyes se derivan de la competencia, no de la planificación. No puede “gobernarse” el capitalismo porque su “gobierno” es la competencia por unos beneficios cada vez más disminuidos. Por ejemplo, no puede relocalizarse la producción en el estado español, si la industrialización depende de hacer atractivo el territorio para los capitales, pues eso significaría un desvío de gasto público a empresas, reformas laborales cada vez más brutales…
En definitiva, hacer que la fuerza de trabajo del estado español pueda ser competitiva con la de países donde los salarios son de absoluta miseria y los derechos una ilusión. La tendencia a la deslocalización de la producción va a continuar porque es fruto de la competencia y sólo quien es competitivo puede sobrevivir en este sistema. Por eso, el gobierno de PSOE-UP no se plantea derogar la reforma laboral. Por eso, no hay alternativa dentro de este sistema. El capitalismo no puede “refundarse” sólo podemos destruirlo.