El ataque a las pensiones vuelve a convertirse en el objetivo de este gobierno. Tras más de 30 años intentando recortar el poder adquisitivo de l@s pensionistas, el gobierno del PP junto a sus satélites vuelve a centrar el debate en que las pensiones son insostenibles para el Estado. Como hacen cada vez que tienen que enfrentarse a una reforma que va a causar un fuerte rechazo social, se están dedicando durante estas últimas semanas a lanzar globos sonda en forma de declaraciones, como las de Celia Villalobos el pasado 16 de enero en las que dijo que “hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando”.
En un contexto generalizado de pobreza en el Estado español, unas tasas de paro de más del 17% y una precariedad que persigue a parad@s, jubila@s y trabajador@s, la portavoz del PP en lo referente a las pensiones vuelve a situar la culpa en “los excesos” de las y los trabajadores y pensionistas.
Reformar las pensiones: la tarea pendiente de este gobierno
Estas declaraciones no son una mera provocación sino que muestran claramente el camino que pretende llevar este gobierno. El objetivo es el de ampliar los años de cotización al conjunto de la vida laboral de l@s trabajador@s. En la actualidad la base de cotización de las pensiones se viene calculando en torno a los 21 últimos años de la vida laboral, algo que ya está en tránsito hasta 2022, la cual ascenderá progresivamente hasta los últimos 25 años. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha planteado la medida de tomar el conjunto de la vida laboral como algo opcional para quienes así lo deseen, pero sabemos de sobra que eso es solo una medida de transición, ya que el objetivo declarado desde hace años es la de que esa sea la regla. Esto supone en la práctica que los años laborales en los que los salarios han sido más bajos, que son los primeros años de la vida laboral, sean computables en la pensión que se cobre.
Se pretende arreglar el problema a costa de precarizar absolutamente las condiciones de las y los pensionistas que, a la vez que se tienen que enfrentar al desmantelamiento de la sanidad pública tal y como la conocemos, al copago sanitario, a las dificultades para mantener la vivienda, etc. reducen sus pensiones tras una vida entera trabajando, bien de forma remunerada o bien de forma no remunerada, tal y como sucede con las trabajadoras del hogar. Esto casa perfectamente con el hecho de que la alternativa actual de la mayoría de l@s jóvenes en el Estado español es la de tener que coger un trabajo en prácticas o mal remunerados para poder acceder al mercado laboral.
Solo entre 2013 y 2015 el número de contratos en prácticas que se hicieron aumentaron en un 350% y el 24,7% de l@s trabajador@s menores de 30 años se encuentra en riesgo de pobreza. No solo llevan a cabo una reforma laboral que empuja a la juventud a la absoluta miseria sino que luego preparan una reforma de las pensiones que pretende mantener ese nivel de miseria durante toda la vida. Esas son las salidas de la crisis que ofrece el gobierno y los capitalistas al conjunto de l@s trabajador@s.
La sostenibilidad de las pensiones y la política migratoria, ejemplos de las contradicciones del capitalismo en la UE
Las declaraciones del gobierno actual, la patronal y demás instituciones con intereses claros en la privatización de las pensiones son similares: con la pirámide poblacional del estado español envejecida no hay ni habrá suficientes cotizantes para mantener a cada vez más pensionistas. Dichos colectivos parecen obviar por un lado que la productividad del trabajo no ha dejado de crecer y que por tanto el problema es, como siempre, quien se apropia de las riquezas que producimos los y las trabajadoras.
Pero dicho discurso contrasta con la racista y criminal política de migración del estado español y la Unión Europea que, a través de vallas, deportaciones y endurecimiento de la legislación y burocracia, no hace más que obligar a la sobreexplotación a la juventud migrante que busca “cotizar y pagar pensiones” en la Unión Europea. Al fin y al cabo, dos caras de la misma moneda: la búsqueda del máximo beneficio a costa de la explotación y la vida de la clase trabajadora nativa o extranjera.
Defender las pensiones, luchar contra el paro y la precariedad
Frente al camino que está tomando el gobierno, l@s trabajador@s y la juventud tenemos que responder. No es solo una cuestión de echar al gobierno del PP, ya que por mucho que las últimas encuestas digan que Ciudadanos puede convertirse en primera fuerza política, el partido de Albert Rivera defiende los mismos intereses que el PP. Respecto a las pensiones Ciudadanos defiende al gobierno cuando plantea ampliar los años que sirvan para deducir la base de cotización a la vez que se opuso ya a principios del 2017 junto al PP, en el parlamento, a una propuesta de subida de las pensiones del 1,2% en lugar del 0,25%. Tampoco puede ser una alternativa un gobierno del PSOE, que fue el iniciador de la reforma de las pensiones en 1985 y que no solo no las revirtió, sino que las endureció con el llamado “pensionazo” de Zapatero en 2011.
L@s trabajador@s, pensionistas y jóvenes tenemos que tomar la iniciativa y salir a las calles, nadie va a defender nuestras pensiones y nuestros trabajos sino lo hacemos nosotr@s mism@s. Sabemos de sobra que dinero y recursos hay, el problema es cómo se reparten. Las pensiones no pueden pagarse de los bolsillos de la clase trabajadora sino que tienen que pagarse de las cuentas de las empresas que no dejan de enriquecerse durante toda la crisis a costa de nuestras miserias. No es posible que mientras se nos dice que no hay dinero para pensiones o escuchamos barbaridades como las declaraciones de Celia Villalobos, el beneficio de las grandes empresas del Ibex 35 haya aumentado durante 2017 más que en ningún otro momento de la crisis ganando 31.683 millones de euros de forma agregada en los nueve primeros meses, subida del 18% respecto a los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior.
Las y los trabajadores tenemos que tomar la responsabilidad de nuestro futuro y luchar, junto a l@s pensionistas, para que el salario mínimo y la pensión mínima no contributiva asciendan a 1100 euros mensuales, se disminuya la edad de jubilación a los 60 años y se derogue de una vez por todas el Pacto de Toledo.