Vamos a analizar la orientación llevada a cabo por las distintas organizaciones políticas y sindicales a la izquierda del PSOE en diferentes aspectos del conflicto catalán. Es importante esa cuestión ya que no es posible medir el nivel de conciencia político de nuestra clase sin ligarlo a las orientaciones de las organizaciones que tienen implantación e influencia en dicha clase. Hay aquí de nuevo responsabilidades notables en todas esas organizaciones por ejemplo en los prejuicios españolistas de l@s trabajador@s del Estado Español en contra de los y las catalanas. Veamos:
Ante el referéndum del 1 de octubre en Catalunya
Desde un primer momento el posicionamiento de PODEMOS e IU con respecto a la cuestión del referéndum fue defender la perspectiva de un referéndum pactado y del diálogo. Hablando claro eso significa defender como solución al conflicto catalán una orientación alternativa a la unilateralidad y a la consecución de un derecho democrático básico mediante la movilización y la autoorganización.
En lugar de eso, prefieren defender una orientación totalmente imposible que en la práctica no permite reforzar la movilización. Su apuesta es un referéndum pactado. ¿Qué significa eso? Pues que el Estado Español y Catalunya se pongan de acuerdo para la celebración de un referéndum de desconexión o lo que es lo mismo que el Parlamento español vote por mayoría de ⅔ un cambio constitucional para dar validez jurídica a una referéndum que a día de hoy no contempla ya que uno de los acuerdos de la Constitución del 78 y de la falsa Transición era además de tragar con el Rey, la bandera y la propiedad privada por encima de todo, no cuestionar en ningún caso la unidad de España.
Esa propuesta estrella de PODEMOS e IU defendida también por Anticapitalistas en el seno de PODEMOS viene a decir que son posibles dos escenarios: o que PP, PSOE y C’s representen en un futuro próximo a menos de ⅓ del Parlamento español o que los convenzan para que voten un cambio constitucional que pueda permitir la independencia de Catalunya ahora y, quien sabe si más adelante, de otras naciones sin estado como por ejemplo Euskal Herria.
Extraña poco que esa posición sea defendida por PODEMOS e IU, sin embargo sorprende más que Anticapitalistas asuma como suya dicha orientación. Tanto en sus comunicados propios como en comunicados de PODEMOS Andalucía, dónde la presencia de Anticapitalistas en la dirección es mayoritaria con Teresa Rodríguez a la cabeza como Secretaria General, defienden la orientación del diálogo y del referéndum pactado:
“El objetivo de esta medida (art.155) no ha sido otra que imposibilitar un diálogo entre Catalunya y el resto del Estado, criminalizando al pueblo catalán, negándose a abrir la solución del referéndum pactado” (…) “hay (en el Estado Español) un amplio sector de la población que observa con honesta preocupación lo que ocurre en Catalunya y que apuesta por el diálogo y la negociación, por la vuelta a la política” (…) “Sabemos que la nuestra es una posición difícil en un contexto como este. Por eso nos parece fundamental debatir, dialogar entre las diferentes posiciones democráticas.” (Anticapitalistas, 29 de octubre de 2017).
“Estamos con la gente que desde Andalucía está haciendo lo más valiente que se puede hacer en estos momentos de máxima polarización: levantar la bandera del diálogo, la negociación y la vuelta a la política”(Comunicado de PODEMOS Andalucía del 31 de octubre de 2017 cuyo subtítulo era: “Podemos Andalucía apuesta por el diálogo, la negociación y el referéndum pactado ante la situación en Cataluña”). Más claro imposible.
Sobre la legitimidad del proceso y la declaración de independencia
Siguiendo la misma lógica de solución pactada y de diálogo, tanto PODEMOS (y Anticapitalistas en su seno) como IU le han quitado legitimidad al resultado del referéndum primero y a la declaración de independencia votando en contra en el Parlament de Catalunya el 27 de octubre de 2017. Desde el primer momento tanto Pablo Iglesias, como Alberto Garzón o Ada Colau hablaron de declaración “ilegítima”, “ilegal” dándole por tanto legitimidad a las actuales instituciones del régimen del 78. El propio Garzón decía en un documento presentado a la dirección de su partido: “No podemos reconocer los resultados del 1-O”.
En cuanto a Anticapitalistas, tres cuartas partes de lo mismo. No reconoce ni la declaración de independencia como legítima ni por tanto los resultados del 1-O. En palabras de Teresa Rodríguez, SG de PODEMOS Andalucía y militante de Anticapitalistas: “siempre nos preocupa que quede claro lo que pensamos sobre todo lo que decimos. En este caso el mensaje simplificado al máximo es que la declaración de independencia de Cataluña no era legítima y por eso votamos no, que el 155 no es una solución y es un peligro sin precedentes en nuestra democracia que se carga el Estado de las Autonomías y por eso votamos que no. Y que el sí lo daríamos a un referéndum pactado”. (El Confidencial, 2/11/2017).
Por ello, cuando Anticapitalistas sacó un comunicado diciendo que “La nueva República catalana se enfrenta a nuevos retos internos que no puede soslayar…”, Teresa Rodríguez y Kichi (alcalde de Cádiz y militante de Anticapitalistas) se desmarcaran automáticamente diciendo: “(seguimos) apostando por la vía del diálogo y la negociación para acordar un referéndum pactado como salida a esta crisis”. (…) “como ha expresado PODEMOS en varias ocasiones, las salidas unilaterales, las vías rápidas que no tienen en cuenta a la otra mitad de la sociedad, sean las de unos o las de otros, no van a funcionar”. (…) “(Condenamos) con fuerza la represión y el 155 pero no (entendemos) como una solución ignorar al resto de la sociedad catalana que no se incluye entre quienes fueron a votar sí el 1 de octubre”. Tanto Kichi como Teresa Rodríguez se identificaron con la postura de Iglesias de ni DUI (declaración unilateral de independencia) ni 155.
Frente a esa salida mediática de esas dos caras públicas de Anticapitalistas, dicha organización saldría (mal) del paso afirmando en un famoso tweet refiriéndose a la República catalana: “Ante interpretaciones interesadas. No reconocemos ni dejamos de reconocer. Estamos contra el 155 y por el derecho a decidir de Cataluña.”
También se escenificó la cuestión del reconocimiento de la legalidad vigente como única vía posible con la abstención del grupo parlamentario de PODEMOS e IU en el Parlament de Catalunya (CSQP) a la ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre de 2017 que daba el pistoletazo de salida al 1-O. Pues en ese caso también, el diputado de CSQP y militante de Anticapitalistas, Joan Giner, a pesar de decir que quería votar a favor asumió la disciplina de voto y se abstuvo finalmente.
Una vez más aquí los argumentos esgrimidos por CSQP y por su portavoz Lluis Rabell en el Parlament iban en el sentido de la no legitimidad del proceso ya que no estaba consensuado con todas las partes del Parlament. Hablaba entonces de “procedimiento autoritario”. De nuevo aquí, la ilusión del diálogo y del pacto como solución al conflicto y la legitimidad del actual marco institucional en el horizonte.
Sobre las huelgas generales como medio de imponer el derecho a decidir
Se convocaron dos huelgas generales en Catalunya durante el curso 2017-2018. La primera el 3 de octubre y la segunda el 8 de noviembre. Sobre la huelga general del 3 de octubre ya hemos tratado anteriormente el papel de las direcciones de CCOO y UGT. En cuanto a PODEMOS e IU, tuvieron posiciones diferentes. Mientras que PODEMOS se posicionó a favor, IU por medio de Garzón llamó a no secundarla ya que según él: “es difícil llamar huelga” a dicho paro general ya que “el propio Govern ha llamado a participar” y aunque creyera que era “una movilización legítima de la sociedad en protesta contra la represión del Gobierno de España”, IU no la comparte. (El diario.es, 3/10/2017).
Asume de ese modo que no es posible construir una huelga general por el derecho a decidir y contra la represión desde unas posiciones de independencia de clase con respecto al Govern. Sin embargo no parece tener reparos en gobernar cuando toca con el social liberalismo para acabar aplicando políticas de recortes como pudo ser el caso más reciente en Andalucía en el 2012. En definitiva, nada de coincidir en una movilización con una franja de la burguesía por unos derechos democráticos aunque mantengas tu independencia, pero, al contrario, ningún problema en gobernar conjuntamente y aplicar políticas antisociales con el PSOE por “imperativo legal” como dijo el entonces Coordinador andaluz de IU, Diego Valderas.
En cuanto a las organizaciones sindicales de CCOO y UGT, su objetivo fue quitarle la carga de clase y de autoorganización que dicha convocatoria pudiese tener. Eso explica también que sectores obreros en los que las direcciones de CCOO y UGT tienen amplia mayoría en los Comités de empresa en el cinturón de Barcelona como puede ser por ejemplo el caso de la SAET en Martorell no hiciesen huelga ese día y se limitaran a paros de 5 minutos. Hay que recordar que el Comité de empresa de dicha fábrica está compuesto por CCOO, UGT y USOC en un 87%. Una cosa explica la otra. De ahí evidentemente se desprenden tareas para cualquier organización anticapitalista e independentista que quiera conseguir la emancipación social y nacional: implantarse en esos sectores y disputar la dirección a esas direcciones sindicales burocráticas.
Para la huelga general del 8 de noviembre que exigía entre otras cosas la liberación de los presos políticos, convocada por una organización sindical minoritaria de corte nacionalista como es la Intersindical CSC, acabó siendo apoyada por COS, la IAC en la que está integrada USTEC y los CDR. En este caso, ni los sindicatos mayoritarios ni la CGT apoyaron dicha convocatoria, dejando en el caso de la CGT, la participación a ésta en manos de sus afiliad@s. La CGT cedía de esa forma a la presión ejercida por el Estado y la patronal catalana que trató hasta el último momento de ilegalizar dicha huelga al considerarla política.
En lo que se refiere a las fuerzas políticas, ni PODEMOS, ni los Comunes, ni evidentemente IU apoyaron ni construyeron dicha huelga general. Se limitaron a dar falsos argumentos para justificarse como los que dio Xavier Domènech, Coordinador general de Catalunya en Comú y cabeza de lista de la candidatura conjunta con PODEMOS en las últimas elecciones catalanas al no considerar esta huelga general “inclusiva” al haber sido convocada por un único sindicato (Intersindical-CSC).
En cuanto a Anticapitalistas, en su comunicado previo a la fecha de la huelga general del 8 de noviembre, dicha formación ni tan siquiera la nombra, como si no existiese. (Anticapitalistas, 29/10/2017). Nos acostumbran de ese modo una vez más a no decir ni dar ninguna perspectiva más allá del diálogo y del referéndum pactado de cómo se puede imponer el derecho a decidir, de cómo hay que enfrentarse al 155 o ni siquiera de cómo llevar a cabo procesos constituyentes que parecen ser para ellos la clave. En su comunicado del 14 de octubre hablan de que “en los próximos días va a ser imprescindible oponerse activamente a la aplicación del 155 y a cuantas medidas represivas puedan plantearse contra las fuerzas soberanistas catalanas” pero una vez más no dan ninguna pista de cómo hacerlo. Ninguna alusión ni llamamiento a la huelga general.
Sobre la represión del Estado español desde el 1-O
La violencia del 1-O fue muy evidente incluso fuera de Catalunya. Costaba mucho tapar y justificar dicha violencia. A nivel internacional, las críticas se hicieron llegar rápidamente. Las imágenes de antidisturbios golpeando e impidiendo a gente ir a votar aparecían como algo totalmente escandaloso y desproporcionado. También en el Estado Español se denunció los actos de violencia desproporcionados por parte de la policía.
El propio PSOE hizo un amago de pedir responsabilidades al proponer la reprobación de Soraya de Santamaría, antigua vicepresidenta del Gobierno, al considerarla máxima responsable de las cargas policiales. Sin embargo eso acabó pronto, después del discurso del Rey Felipe VI, llamando al PSOE a la orden y a la máxima unidad en contra de los “secesionistas”.
En lo que se refiere a las demás fuerzas políticas y sindicales de la izquierda, todas denunciaron las cargas policiales. De la misma forma, la mayoría de dichas organizaciones han ido denunciando las detenciones y encarcelaciones de dirigentes políticos nacionalistas defendiendo la necesidad del diálogo. Incluso CCOO y UGT tuvieron que sumarse en Catalunya a una manifestación el pasado 15 de abril en contra de la represión a pesar de muchas presiones en dichas organizaciones a nivel estatal.
No se trataba de ningún convencimiento por parte de las direcciones pero sí del reflejo del posicionamiento de las bases de CCOO y UGT en Catalunya. Por el contrario, en el Estado Español muchos afiliados acabarían dándose de baja. En ningún momento, ni CCOO ni UGT han tomado ninguna iniciativa a nivel estatal que pudiera frenar los prejuicios y el discurso reaccionario nacionalista español.
En cuanto a IU, con Alberto Garzón a la cabeza, incluso ha tenido declaraciones escandalosas que no cumplen ni con la mínima marca de solidaridad contra la represión del Estado al hablar de políticos presos y no de presos políticos: “Las palabras tienen mucha fuerza y están cargadas de ideología y por tanto hay que usarlas con cuidado. La prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. [Su caso] No es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria”. “Cuando pienso en un preso político pienso en Marcos Ana, que se tiró más de 20 años en la cárcel franquista y no fue reconocido ni siquiera en democracia”. (El País, 6/11/2017). Es curioso que todos los que hoy son ofensivos con no reconocer a los presos catalanes como presos políticos son precisamente los partidos del régimen como PSOE, PP o C’.
No es extraño entonces al no considerar que haya ninguna represión política que también se opusiera a la propuesta de mediación internacional afirmando que “no somos un país que necesite tutela”, legitimando de nuevo las instituciones españolas como si fuesen neutrales. Es en definitiva una visión totalmente distorsionada del propio papel del Estado que nada tiene que ver con la concepción clásica del marxismo.
Sin embargo, una cosa es mostrar solidaridad y otra bien distinta es llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias. Una vez más ahí, cuando el 27 de octubre se votaba a favor de la independencia en el Parlament, los diputados de CSQP decidieron mayoritariamente mostrar su voto negativo, que era entonces secreto, para evitar así cualquier tipo de represalias judiciales. Al no estar presentes en el hemiciclo ni C’s, ni PP, ni PSOE, facilitaban de ese modo la represión hacia los demás diputados independentistas que aunque depositaran su voto de manera secreta quedaba por la fuerza de los hechos desvelado. Hay que decir sin embargo que no todos los diputados de CSQP lo hicieron: entre ellos el propio Secretario General de PODEM (Fachín) que acabaría siendo expulsado poco tiempo después y el diputado de Anticapitalistas, Joan Giner.
A modo de conclusión, es evidente que todas esas posiciones políticas defendidas por parte de las organizaciones políticas y sindicales con influencia en el conjunto de la clase trabajadora a nivel estatal, tienen repercusión sobre el nivel de conciencia de dicha clase. En este caso, las orientaciones más que tibias en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos, incluso, profundamente desmovilizadoras con respecto a la lucha por el derecho a decidir no sólo impiden que dicha lucha pueda integrar en su seno la lucha por un programa de urgencia social sino que además acaban legitimando el marco de las instituciones actuales.
Según ellos, no se puede hacer efectivo el derecho a decidir mediante la movilización social y la solidaridad entre los pueblos. Para ellos, habría que conseguirlo siguiendo los cauces legales del régimen del 78, el diálogo y el referéndum pactado. Pero entonces, para qué sirven dichas organizaciones. Está claro que no sirven para agudizar las contradicciones de este sistema ni de este régimen surgido de la Transición. No están dispuestos a enfrentarse al Estado. Su objetivo no deja de ser de acabar gestionando este sistema a su manera, con un discurso un poco más humano.
Cualquier organización revolucionaria que quiera acabar con este sistema que solo produce miseria, explotación y opresión tiene, en el Estado Español, que integrar la cuestión nacional como derecho democrático en su programa y llevar a cabo una política que permita ligar ese derecho a la lucha por la emancipación social. Eso pasa por insertar reivindicaciones sociales en dicho movimiento que respondan a la pregunta de qué tipo de República catalana queremos los y las trabajadoras.
La defensa de una República que aumente los salarios, que no pague la deuda, que prohíba los despidos, que desarrolle los servicios públicos, que expropie las viviendas vacías de los bancos, que nacionalice los sectores estratégicos y las entidades financieras bajo control de l@s trabajador@s y de l@s usuari@s o que acabe con cualquier tipo de opresión es una República por la que l@s que producimos las riquezas, l@s que estamos parad@s o jubilad@s, l@s jóvenes tenemos un interés real en movilizarnos y en enfrentarnos con el Estado y sus gobiernos. Seamos de catalunya o del resto del Estado Español. Sólo de esta forma podremos conseguir la fuerza necesaria para unificar nuestro bando e imponer una ruptura con el actual sistema.