Los 300 y 400 trabajador@s de Avilés y La Coruña, respectivamente, además de l@s de S. Ciprián en Lugo, ya estarían despedid@s de haberse cumplido al pie de la letra el ERE de extinción que la multinacional estadounidense Alcoa anunció el 17 de octubre sin diálogo previo. Camino del 3º mes de la amenaza, y aunque la empresa persiste en el despido colectivo, ha abierto la puerta a valorar la venta, ante la presión de las instituciones públicas y de una plantilla férreamente unida y combativa en su lucha. A golpe de movilización, la próxima una gran manifestación el 8 de enero en Madrid que esperan llenar de muchos autobuses, l@s trabajador@s han logrado ampliar el periodo de consultas.
Según afirmó en octubre la compañía estadounidense en un comunicado, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a problemas estructurales intrínsecos. Se hallan afectadas por problemas estructurales y tecnológicos como una menor capacidad de producción, tecnología menos eficiente y elevados costes fijos, unidos a factores externos de mercado, como la sobrecapacidad de producción de China. La plantilla ha logrado que los 30 días de consultas se hayan ampliado y así esperan que la batalla para que la planta aluminera acabe en la chatarra.
Desde el anuncio, el conjunto de l@s trabajador@s decidió seguir produciendo, pero bloqueron la salida del material de la factoría coruñesa sin convocar ningún paro. En cambio el 30 de noviembre parte de la plantilla coruñesa se desplazó hasta la planta de San Ciprián en Lugo para protestar por el cierre de la factoría. Así continuaron en Galicia su calendario de movilizaciones después de haber iniciado las negociaciones con la patronal para ganar tiempo. Por parte de sus compañer@s asturian@s, han protagonizado numerosas marchas en Oviedo y Gijón, logrando el apoyo de ayuntamientos, diputaciones y concellos.
A juicio del representante de l@s trabajador@s de la plantilla, Alcoa ha aprovechado elementos coyunturales como el alza de precio de la alúmina y de la energía, entre otros, para cerrar 2 plantas que hace mucho tiempo que quería cerrar. Durante las privatizaciones del gobierno de Aznar, la empresa se hizo en 1998 con 9 fábricas de aluminio en condiciones favorables. Desde entonces, ha cerrado ya 6. Los sindicatos denuncian que hay incertidumbre y amenaza de cierre desde 2010, cuando Alcoa abrió una planta de Islandia, a pesar de que en 2007 y 2008 las plantas de La Coruña y Avilés marcaron récord de producción y de ingresos para el grupo aluminero estadounidense.
Ante la negativa de Alcoa a revocar su decisión, el paso de las semanas no hizo mella y l@s trabajador@s centraron su esfuerzo en diciembre en interpelar directamente al gobierno de Pedro Sánchez para que interviniera las fábricas o las tutelase en un proceso de venta. Argumentaron y argumentan que la producción de aluminio es estratégica y que si las factorías fueron del estado hasta 1998 también ahora pueden volver a manos públicas. “Cierre no, la solución es la intervención” ha sido la consigna más vociferada con bengalas o botes de humo.
En cambio el ministerio de Industria del “cambio” descarta, como Trabajo, la nacionalización de Alcoa como fórmula para salvar las fábricas amenazadas de cierre y a sus trabajador@s pendientes de un desenlace para el que sólo faltan 15 días. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, zanjó hace unos días la esperanza de que el nuevo año les libre de una espada de Damocles que lleva demasiado tiempo pendiendo sobre sus empleos. El 8 de enero volverán a exigir en Madrid que sus trabajos valen más que los beneficios de la multinacional, con huelga de la plantilla coruñesa.