Derogar parece haberse convertido en el verbo maldito del gobierno del PSOE-UP. El mismo verbo que repetían hasta la saciedad durante sus discursos de campaña, parece habérseles atragantado y a 2 años del comienzo de su mandato ya han abandonado las 2 principales reivindicaciones que los auparon a la Moncloa, es decir, derogar la reforma laboral y la Ley Mordaza, o lo que es lo mismo, derogar las medidas más antisociales que el gobierno de Rajoy impuso para honrar al capital y amedrentar la respuesta social que se levantó contra los recortes sociales y el rescate a la banca con unos fondos públicos que nunca se recuperaron.
El gobierno autodenominado como el más progresista de la Historia llega al ecuador de su mandato abonado al verbo “retocar” y tras vendernos el retoque de la nefasta reforma laboral del gobierno de Rajoy (de la reforma laboral de Zapatero, que abonó el camino, ya ni hablamos) como el fin de la precariedad en el E.Español, ya prepara el retoque de la Ley Mordaza.
La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido denunciada, desde su puesta en marcha, tanto por activistas y organizaciones del Estado como por el Defensor del Pueblo y numerosos organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Europea, por las numerosas sanciones contra periodistas, activistas y artistas en aplicación de esta ley.
Las organizaciones han manifestado su especial preocupación por el impacto en el ejercicio de derechos humanos como consecuencia de la aplicación de los artículos 36.6 (resistencia, desobediencia o negativa a identificarse), 37.4 (faltas de respeto a la autoridad) y 36.23 (difusión no autorizada de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad).
La Ley Mordaza se ha empleado de forma reiterada contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sufrido sanciones y se han tenido que replantear sus acciones de movilización. Asimismo, profesionales de la información han visto dificultada o impedida su labor de documentar actuaciones o abusos de las fuerzas de seguridad, especialmente durante manifestaciones.
El gobierno PSOE-UP no solo no ha sido capaz de elaborar ni una sola propuesta para derogar esta ley en 2 años de mandato, sino que el ministerio de Marlaska, el mismo que envía tanquetas a reprimir huelgas en la Bahía de Cádiz, se ha valido de ella para efectuar una vuelta de tuerca en cuanto al recortes de libertades que estamos sufriendo en el contexto de la pandemia.
El propio Defensor del Pueblo ha pedido al ministerio del Interior que aclare los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Interior sobre 357.647 expedientes sancionadores tramitados hasta el 31 de diciembre de 2020 por infracciones de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia. Y ahora el gobierno decide aprovechar la iniciativa del PNV para maquillar otra ley de la vergüenza que ya han comenzado a vendernos como el retorno de las libertades y el fin de los abusos policiales.
Amnistía Internacional cree que la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación de sus artículos más preocupantes para la libertad de reunión expresión e información. En concreto, la entidad señala que aún con las modificaciones, esta seguirá suponiendo una “mordaza frente a la protesta pacífica”.
La propuesta de reforma mantendría íntegramente las infracciones de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y de faltas de respeto. La entidad señala que estos 2 artículos “han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de personas”. La entidad cree que de aprobarse el actual borrador pactado por PSOE y Unidas Podemos, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados.
Además, Amnistía Internacional hace hincapié en que desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 200.000 sanciones en base únicamente a los dos artículos citados anteriormente y que no se abordan en la modificación de la norma. Estas cifras se traducen en el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.
Numerosos colectivos sociales critican que no se haya aprovechado esta reforma para eliminar definitivamente la “aparente cobertura legal” de las devoluciones en caliente de migrantes. Uno de los últimos casos donde se ha aplicado esta disposición fue en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas, entre las que había alrededor de 2.000 menores no acompañados, entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos y fueron sometidas a expulsiones colectivas. Las fuerzas armadas españolas desplegadas en la frontera llevaron a cabo durante esos días devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia, lo que imposibilitó identificar a las personas vulnerables o asegurarse de que recibían la información adecuada y asistencia jurídica para el solicitar asilo.
Pero a la Ley Mordaza la acompañaron otras medidas en pleno auge de la movilización social que este gobierno tampoco está dispuesto a eliminar. La reforma parcial del Código Penal de 2015 amplió el ámbito de aplicación del artículo 578, que sanciona el enaltecimiento del terrorismo mediante la difusión de mensajes o consignas y que establece como agravante que el delito se cometa a través de Internet. Desde esta reforma, aumentaron drásticamente los procesamientos y las sentencias condenatorias por la aplicación del artículo 578.
Mientras se debate en los medios sobre la idoneidad de que vuelva de que el Borbón vuelva de sus “vacaciones” en Araba Saudí, Anna Gabriel o Valtònyc continúan en el exilio. El E.Español ha sido condenado hasta en 4 ocasiones (2011, 2016, 2018 y 2021) por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras públicas e institucionales, 2 de ellas por aplicación del artículo 490.3 del Código Penal sobre injurias a la Corona. Ha recordado que una mayor protección a jefes de Estado mediante una ley especial en materia de insulto no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también suscrito.
La eliminación de este artículo debería haber sido inmediata, al igual que el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Sin embargo, el 31 de mayo de 2021, la Audiencia Provincial de Málaga confirmó la condena a una compañera del movimiento feminista por un delito contra los sentimientos religiosos por expresiones utilizadas durante una movilización ciudadana, a una multa de 2.700 Euros.
Los retoques de la reforma Laboral y la Ley Mordaza, es decir la manifiesta incapacidad del gobierno PSOE-UP para derogar sendas normas, reflejan, en realidad el mismo límite, el que establece las exigencias del capital hoy. La economía mundial se vuelve estrecha y angustiosa para la necesidad de aumentar la rentabilidad de los capitalistas y eso en Europa se traduce en la necesidad imperiosa de desmantelar todas y cada una de las conquistas sociales y obreras, conocidas como “Estado del bienestar”.
La sanidad y la educación públicas, las pensiones, los derechos laborales, todos y cada uno de los mecanismos y herramientas arrancadas por la lucha social para proteger la dignidad de los y las trabajadoras de Europa está condenado a perecer y perece un poco más cada día, con la inestimable colaboración de los gobiernos de Europa, sean del color que sean. Y cuando esos gobiernos no logran encubrir la barbarie diaria. Sin duda, han encontrado, encuentran y encontrarán la resistencia en las calles y porque lo saben, a ciencia cierta, necesitan de mordazas y de tanquetas, porque el miedo, aunque sea el último de sus recursos, siempre es su mejor aliado.