El pasado 10 de octubre el president Puigdemont proclamó en el pleno del Parlament una República catalana que duró exactamente 10 segundos. La suspensión provisional para emplazar a una negociación con el estado y el gobierno de Rajoy dibuja una división en las filas del govern entre sectores moderados del PdCat y sus socios de ERC, temerosos del grado de polarización y represión estatal. Gran parte del movimiento soberanista que apostaba por seguir dando pasos firmes  tras el 1 de octubre y la huelga general de días después recibió un jarro de agua fría que pocos esperaban.

Para la CUP la no-declaración de Puigdemont iba contra lo acordado. En ese sentido, y aunque hayan mostrado su desacuerdo con la intervención de Puigdemont, las primeras declaraciones fueron sin embargo insuficientes al limitarse a anunciar el fin de la actividad parlamentaria como forma de denuncia. En su lugar la CUP debería ponerse al frente de una movilización sostenida apoyándose en los marcos de autoorganización existentes con la perspectiva de una huelga general en contra de la represión y para conseguir el derecho de autodeterminación. Por eso mismo se hizo incomprensible un discurso tan medido y conciliador tanto de Anna Gabriel como luego de Quim Arrufat, portavoz del secretariado nacional. Más allá de anunciar el fin de la actividad parlamentaria, el momento exigía llamar a la movilización.

Por otra parte, la respuesta del gobierno y el régimen del 78 no se ha hecho de rogar: al día siguiente Rajoy iniciaba el trámite para activar el artículo 155 que suspende la autonomía. El gobierno, presionado por Ciudadanos y la derecha del PP y con el placet del rey en su discurso, dio por declarada la independencia, pero para no perder el importante apoyo de Pedro Sánchez, concedió una reforma constitucional, vendida ridículamente como un éxito por el PSOE.

Pero la verdadera orientación de esta triada pasa evidentemente por más y más represión. El envío a prisión incondicional y sin fianza, decretado por la juez de la Audiencia Nacional, de los líderes de ANC y Omnium son más que una declaración de intenciones. Para poder decidir su futuro, el pueblo catalán debe presionar desde la calle, los centros de trabajo y de estudio. No hay más estrategia posible. ANC y Omnium deben centrarse también en dicha estrategia, no sólo para pedir la liberación de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart, sino también para hacer efectivo el derecho a decidir.

En cuanto a Unidos Podemos y los Comunes, la equidistancia de estos últimos días del “Ni DUI ni 155” y las llamadas a la responsabilidad en las declaraciones de Pablo Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón dejan su propuesta para Catalunya en una tierra de nadie. La insistencia en un referéndum pactado más propio de Alicia en el país de las maravillas y el discurso plegado a la legalidad y al diálogo institucional revelan la incomodidad en términos electorales de apostar hasta las últimas consecuencias por el derecho a la autodeterminación. A partir de hoy, no van a poder mirar para otro lado: o movilizan y se solidarizan con el pueblo catalán y con sus presos políticos o siguen defendiendo el diálogo con un estado que no va a dejar de reprimir al menos que se le oponga una correlación de fuerzas suficiente.

La encrucijada en la que se encuentra el proceso de autodeterminación catalán no debe distraernos de cuáles deben ser las tareas. Los últimos acontecimientos y la ofensiva del estado español demuestra que sigue siendo imprescindible y más urgente que nunca levantar un discurso independiente de la hoja de ruta de la burguesía en Catalunya representada por el govern, a la que como hemos visto le tiemblan los pies a la hora de enfrentarse con el estado además de no compartir los mismos intereses de la clase trabajadora. Esa responsabilidad recae hoy en la CUP.

Ante el reforzamiento represivo del régimen y los titubeos del PdCat y ERC, que miran de reojo las próximas elecciones y cuyo proyecto de Catalunya está lejos del que quieren construir las y los trabajadores, se hace necesario que ese frágil equilibrio entre la cuestión nacional y la cuestión social se clarifique de una vez. Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR creemos un error que la izquierda anticapitalista acompañe a Puigdemont y Junqueras en los primeros pasos de la desconexión.

Todo deja entrever que el jueves que viene se activará el artículo 155 y con ello vaya a ir en aumento la represión en Catalunya. Frente a eso no queda otra alternativa que la movilización sostenida de l@s trabajador@s y de la juventud catalana y la huelga general. Los CDR o Comités en defensa del referéndum, útiles herramientas de autoorganización sin los que la huelga del 3 de octubre no habría tenido tanta repercusión, deberían convertirse en comités por la huelga general, que no solo defiendan la voluntad popular del 1 de octubre y se enfrenten a la represión, sino que empiecen a debatir qué sociedad y República catalana quieren las y los trabajadores.

La movilización y el poder de la clase trabajadora organizada vuelven a ser claves ante un momento en que la burguesía catalana echa el freno y todas las herramientas del estado se ponen a afilar sus cuchillos. E igualmente no habrá una Catalunya en manos de las y los trabajadores si desde el resto del estado español, quienes sufren también despidos, recortes y desahucios, no se ponen en movimiento y expresan una solidaridad efectiva.

Los y las que padecemos la crisis no tenemos nada que ganar con la defensa de la unidad de España y la negación del derecho a decidir de un pueblo. Los capitalistas del estado español, sí. Y por eso cuando quieren reforman la Constitución para limitar el déficit público en pleno verano o elaboran una ley que en 48 horas permite cambiar de sede a las empresas. Sin embargo nada de leyes que prohíban los despidos, frenen los desahucios o garanticen un empleo digno como tampoco ninguna reforma constitucional que permita a los pueblos de España poder decidir su futuro.

Desde Izquierda anticapitalista Revolucionaria IZAR llamamos a defender en la calle mediante la movilización y la huelga general el mandato del 1 de octubre así como a exigir la liberación sin cargos de los portavoces de ANC y Omnium, y hacerlo efectivo desde una independencia de clase a la de Puigdemont y Junqueras, a darle voz a miles de personas trabajadoras, estudiantes, pensionistas que se pusieron frente a las porras en defensa de las urnas el 1 de octubre, pararon su actividad laboral el día 3 y quieren construir una Catalunya opuesta a la de la burguesía en la que se pueda decidir qué y cómo se produce y cómo defender estas conquistas.