La última prórroga de los ERTEs, alcanzada a finales de septiembre tras dar el visto bueno la CEOE por las mejoras obtenidas en ese espacio aparentemente neutro del “diálogo social” que el ministerio de Trabajo más progresista de la historia tanto pone en valor, nos obliga a quienes señalamos que la salida de esta crisis sociosanitaria se sigue cargando sobre las espaldas de la clase trabajadora, a reflexionar sobre qué supone esta herramienta, a más de un año de su puesta en escena, que parece asentarse en la politica laboral de este gobierno PSOE-UP para gusto y disfrute de la patronal y la escandalosa connivencia de Sordo y Gutiérrez.
¿Qué les parecería vivir permanentemente bajo la incertidumbre de un ERTE, que en la mayoría de los casos es el preámbulo de un despido colectivo, ganar entre un 20 y 50% de salario menos mientras las empresas, recuperadas si acaso hubieran tenido pérdidas durante la pandemia, reciben cuantiosas recompensas del estado, gestionadas por un gobierno autodenominado progresista, que resuenan como un insultante “premio” al mantenimiento de la vulnerabilidad laboral y precariedad de la patronal, que se agarra una reforma laboral aún no retocada? Pues todo esto es lo que auguran las palabras de la ministra Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo y Economía Social de orgulloso pasado sindicalista.
Es muy precupante que la frase, en un tono cándido, de “Los ERTEs han venido para quedarse” de la ungida esperanza electoral a la izquierda del PSOE, no hayan tenido una respuesta contundente, no ya del sindicalismo de concertación (que no va a romper la baraja), sino del llamado sindicalismo critico que se postula como alternativa y que apenas ha levantado la voz en la gestión de la crisis del coronavirus. Yolanda Díaz definió a primeros de octubre que el ERTE es de carácter estructural para la economía del siglo XXI, sentenció que su eficacia está fuera de toda duda para afrontar las crisis coyunturales de las empresas y sus trabajadores, y que se incorporará a la reforma del mercado laboral.
De este modo, la vicepresidente precisó que “de ahora en adelante, cuando las empresas tengan problemas coyunturales, podrán acogerse a un mecanismo de flexibilidad interna como son los ERTE” y que es la primera vez que en el E.español se gestiona sin dejan caer a las empresas y sin despidos masivos, por lo que es un mecanismo que está del lado de l@s trabajador@s. Si tomamos sus palabras en serio, si los ERTE protegen al trabajador/a, ¿por qué a quienes se les ha aplicado en este año convocan huelgas en todos los sectores y sus empresarios le dan la vuelta como a un calcetín convirtiéndolos en EREs sin que tengan que justificarlos ni ser sanconados por el gobierno? Gravísimo. Y más grave, la conformidad de la mayoría social que asume que son parte de un falso “escudo social” y que no hacen más que beneficiar indecentemente a las empresas y recortar aún más los más que precaros derechos de la clase trabajadora.
Los ERTEs nos fueron promocionados por el gobierno Sánchez-Iglesias y las direcciones de CCOO y UGT en el 2º trimestre de 2020 como la opción menos mala para salvar empleo y empresas durante los meses de confinamiento duro y de restricciones en resto del año pasado. Hay que recordar (y denunciar), como hicimos en un artículo entonces, que cuando el Estado se hace cargo de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad social, hablamos de una estructura en la que la clase trabajadora, a través de impuestos, tributa el 48% del total frente al 23% del capital. Es decir, significa pagarnos nuestros salarios. ¿Acaso las empresas no son capaces de hacerse cargo de esos salarios?
Y una vez que el gobierno PSOE-UP promocionó los ERTEs como la tabla de salvacion de la clase trabajadora para este 2º año de pandemia con la misma insultante propaganda empleada para el estrepitoso fracaso del IMV y sin que una sola fuerza política del parlamento a excepción de las CUP los pusiera en cuestión, muy poco tardaron sus destinatarios en comprobar que hecha la ley, hecha la trampa: enseguida la Inspección de Trabajo empezó a denunciar casos en que empresas se acogían a estemecanismo con trabajador@s en ERTE parcial haciendo horas extras o trabajando desde su casa de manera encubierta, entre muchos casos diversos.
El racimo de empresas que se acogen a ERTEs y los tramitan sin causas suficientes que justifiquen que el erario público asuma el coste de los salarios de l@s trabajador@s, mermando además su cuantía, como apuntan inspectores de trabajo y decenas de abogados laboralistas, es obsceno,y el de las que los reconvierten en EREs con escandalosa normalidad, asusta. También la realidad está desmintiendo el mito sostenido fervientemente por la propia ministra y el gobierno PSOE-UP de que no se puede despedir y que los ERTEs iban a ser un dique de contención. Incluso la vicepresidenta llegó a afirmar “Hemos frenado a grandes empresas que justo tras el confinamiento planeaban aplicar EREs”.
Algunos ejemplos de los que recorren la geografía del estado: tras acogerse en 2020 a un ERTE, H&M aplicó este año, tras los 6 meses preceptivos y sin devolver las ayudas económicas, fiscales y exoneraciones a la Seguridad Social, un ERE a 1.100 trabajador@s; El Corte Inglés, que en lo más duro de la pandemia aseguraba que no ejecutararía despidos en pleno proceso de reestructuración, anuncia ERE a 3.292 trabajador@s; el grupo de Tony’s Roma, gigante de la restauración, pide 7 millones de rescate al estado tras aprobar en marzo 2020 un ERTE a 503 emplead@s, con los consiguientes beneficios económicos y fiscales y exoneraciones a la Seguridad Social, en febrero 2021 aplicó ERE a 125 trabajador@s; y por último Repsol, cuyos beneficios netos en el primer semestre de 2021 han sido de 1.235 millones, ha aplicado este tiempo ERTEs, con sus beneficios económicos y fiscales, a 830 trabajador@s.
Mientras se consolida esta situación de socializar las pérdidas privadas y miles de trabajador@s se acostumbran a vivir en una letal incertidumbre permanente y con los sueldos reducidos, el banquete de la CEOE continúa con suculentas ayudas económicas y fiscales del estado a las garndes empresas, que ven exoneradas hasta un 80% las aportaciones a la Seguridad Social, que se quintuplican con la llegada de los fondos europeos. Barra libre para una clase, estrechez de soga para la nuestra: Mientras Antonio Garamendi se frota las manos cada vez que se negocian prórrogas de ERTEs (Díaz ha flexibilizado las exigencias de la formación a los intereses de la CEOE), el mantra de que este gobierno está llevando a cabo una “salida justa” a la crisis se cae por su propio peso y el chiste no tiene ninguna gracia.