Las enormes consecuencias económicas, políticas y sociales de la crisis del Coronavirus, unidas a las señales de recesión que ya se apuntaban previamente, ha hecho que desde el gobierno de Sánchez-Iglesias se plantee la necesidad de unos “pactos para la reconstrucción”, fórmula que se está reproduciendo en zonas como Madrid o Andalucía. Con esta idea se ha invocado los famosos Pactos de la Moncloa, siempre alabados como ejemplo de grandes acuerdos que, basados en el consenso, permitieron transitar de la dictadura a la democracia.
El problema es que aquellos pactos, más allá de toda la mitología creada en torno al consenso, la negociación y lo modélica que fue la transición, supusieron dos cosas: el apaciguamiento de la conflictividad social y laboral que existía en el estado español, el cual podía llegar a amenazar la propia existencia de la burguesía, gran beneficiada de la dictadura de franco; y el hecho de que las consecuencias de la crisis que estaba en curso fueran asumidas por las y los trabajadores. Al fin y al cabo, y aunque muchas persona no lo crean, los acuerdos permitieron transitar de la dictadura a la democracia a costa de las y los trabajadores.
1. De la ley a la ley (1)
La continuidad del régimen creado tras la Guerra Civil debía asegurarse a finales de los años 60 ante el envejecimiento tanto del dictador como de un régimen que se quedaba obsoleto. No era una cuestión nueva que no se hubiera tenido en cuenta antes, porque tanto la Ley de Sucesión (1947) como la educación de Juan Carlos de Borbón bajo el régimen ponían en el horizonte la que sería pieza fundamental en el futuro sistema que se consolidara: el rey.
De esta forma, ante el ascenso del movimiento obrero y con un régimen, como hemos dicho ya obsoleto, la muerte de Franco supuso el comienzo de una etapa de readaptación a la situación a través de la cual, desde el aparato franquista, se diseñó una política basada en pasar de “la ley a la ley”: es decir, operar los cambios que fueran pertinentes para pasar desde la dictadura fascista a una democracia liberal sin que peligrasen los privilegios acumulados durante el franquismo.
Para ello se necesitaba desarrollar un nuevo régimen sin que se rompiera con el actual, y eso requería tanto la desactivación del movimiento obrero en la calle, cosa que la represión no había logrado. La incapacidad de Arias Navarro (sucesor de Carrero Blanco como presidente del gobierno) para llevar a cabo este proceso, y la oposición cada vez más importante por parte de las clase trabajadora, hizo que dicha tarea acabara recayendo en Adolfo Suárez, que fue designado presidente a los pocos meses de los sucesos de Vitoria.
De su mano se darían los pasos para armar una nueva legalidad: aprobación de la Ley de Reforma Política (diciembre de 1976), celebración de elecciones generales (junio de 1977), aprobación de la ley de amnistía, firma de los pactos de la moncloa (ambos en octubre de 1977) y consolidación del nuevo régimen con la Constitución de 1978. Y de su mano se tomarían los acuerdos que permitirían apaciguar al movimiento obrero que más muestras de combatividad estaba dando en la Europa del momento.
2. Lucha de clases y pactismo
Los Pactos de la Moncloa se firmaron en un contexto de crisis a varios niveles. De un lado, la crisis del Petróleo había supuesto un golpe para las economías del mundo occidental, finalizando la edad de oro de un capitalismo en crecimiento, iniciada tras la II Guerra Mundial. De esta forma, si el paro no llegaba al 2% en 1973, tres años después se situaba en en un 4% y en 1982 en torno a un 16% (Fig. 1). Esto se acompañó de un aumento de la inflación (2), que en 1977 se situó en un 26%.
Fig 1. Tasa de paro por sexo en el periodo comprendido entre 1976 y 1986 (datos de lII trimestre de la EPA) (www.ine.es)
De otro, las consecuencias de dicha crisis dieron lugar a un contexto de gran conflictividad laboral y social: si en 1975 el número de huelguistas fue de 556.371, en 1976 ya era de 3.689.952 y en 1977 2.317.026(3) ; el número de jornadas perdidas pasó de 1.815.237 en 1975 a 18.916.900 en 1977(4) (Fig. 2)
Fig. 2. Gráfico donde se muestra la evolución de la conflictividad laboral medida en trabajadores afectados (millones) y nº de jornadas perdidas (millones). Elaboración propia a partir de Carbó, R. (2005)(5)
Ante esta situación, era necesario desarrollar una solución para que se asegurase el paso de la ley a la ley sin que el movimiento obrero impusiera una ruptura con la dictadura debido a su creciente fuerza y combatividad, como demostraba la avanzada Ley de Relaciones laborales de abril de 1976(6). Para conseguir este objetivo, era necesario contar con las direcciones de las organizaciones que tenían mayor influencia en el movimiento obrero: sindicatos como CCOO y UGT o partidos como el PSOE y el PCE, los cuales habían obtenido representación parlamentaria en las elecciones de junio de 1977; a su vez, el marco corporativo del Sindicato Vertical había quedado roto, por lo que los empresarios tuvieron que reorganizarse, creándose en el verano de 1977 la CEOE. Se daban así las bases para la construcción de la idea del pacto social.
De esta forma, los Pactos de la Moncloa, basados en una serie de reuniones con partidos y sindicatos entre los días 8 y 26 de octubre dieron lugar a la aprobación de los dos grandes acuerdos el 27 octubre de 1977 en las cortes: uno de carácter económico (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía) y otro de carácter político (Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política).
En términos económicos, los pactos suponían “repartir” las consecuencias de la crisis entre trabajadores y empresarios, siempre en el marco de una economía de mercado (7). Se acordó una subida salarial de un 20%, inferior a la inflación (que en el futuro supondría una pérdida de poder adquisitivo para la clase obrera y que en el mismo momento se intentó aplicar de manera retroactiva a convenios firmados previamente); a su vez, se legitimaba el despido libre hasta un 5% de la plantilla si se superaban los salarios acordados, y se legitimaba la reforma fiscal que ya estaba en marcha, la cual era insuficiente (8).
Frente a las clara concesiones, había una serie de cuestiones que se consideraban logros por parte del PSOE y el PCE: prestaciones por desempleo, control “social” de la Seguridad Social, creación de puestos de trabajo… Incluso estas medidas fueron consideradas insuficientes en el momento por parte de las organizaciones de la izquierda radical (9).
Por ejemplo, el acuerdo suponía un “menor crecimiento” de las cuotas a la seguridad social, por lo que beneficiaría al empresario. En cuanto a las prestaciones por desempleo, estas eran insuficientes tanto por su alcance (300.000 personas sobre 1.500.000 de parad@s) como por la dificultad de llevar a cabo las mismas asumiendo a su vez la contención del gasto público y con una limitada reforma fiscal antes citada. En general, los trabajadores no conseguían nada que no hubiera impuesto ya en la calle, e incluso retrocedían con respecto a la citada ley de relaciones laborales.
En cuanto al acuerdo político (10), se acordaban aspectos básicos de cualquier democracia liberal como la libertad de expresión, de prensa, de reunión, aunque no exenta de limitaciones. En tema de derechos democráticos en relación con la lucha de las mujeres, se despenalizaba el amancebamiento y se regulaban los métodos anticonceptivos, pero no se decía nada sobre los derechos al aborto y al divorcio.
3. Concesiones sin contrapartidas: pacto social y Transición sin ruptura
Más allá de las consecuencias económicas y sociales, los Pactos de la Moncloa se basaron en dos ideas. La primera, que no se podía hacer otra cosa que lo que se logró. El hijo de Carrillo afirmaba en 2013: “Se hizo lo que se pudo dada la correlación de fuerzas. Quienes dicen que se debería haber hecho otra cosa probablemente no recuerdan o no han conocido la situación. No se planteó que tenía que haber hecho otra cosa” (11).
Sin embargo, los datos de combatividad y de capacidad de organización del movimiento obrero que hemos expuesto señalan más bien lo contrario. De hecho, si se plantearon otras opciones, como las representadas por los partidos más a la izquierda, algunos de los cuales, como la LCR incluso llevaron a cabo una campaña pidiendo el “No” a la constitución del 78. Los relatos no pueden hacernos olvidar los hechos.
La segunda, del consenso y el pacto social, mito impulsado que que ha perdurado hasta la actualidad, y que ha sido reivindicada por partidos de diferente índole: desde los que no lo firmaron al completo (como el caso de Alianza Popular, antecesores del PP) hasta aquellos que tenían una influencia directa en el movimiento obrero y que pasados los años aún reivindican los pactos (12). Hasta el presidente de la CEOE lo recordaba hace poco, en medio del escándalo sobre el acuerdo de derogación de la reforma laboral entre EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos: “Nosotros llevamos 40 años negociando, o sea, la paz social en España es, yo siempre lo digo, la mejor infraestructura de un país, y eso en España lo hemos hecho con los sindicatos juntos”. Valga el índice de desigualdad para ver quien se ha acabado beneficiando.
Hoy en día, por tanto es necesario recordar que estos pactos supusieron tanto un retroceso como la consolidación de medidas que los trabajadores ya habían ganado, pero que les fueron entregadas como si fuera concesión. Además, supusieron el debilitamiento del movimiento obrero y la construcción de un régimen que sigue arrastrando aún hoy los problemas de no haberse asentado sobre una ruptura con el régimen franquista y con la burguesía, beneficiada del fascismo, sino una continuidad de la misma y de gran parte del aparato franquista. Por ello, 43 años después, no podemos permitir que una nueva llamada al pacto social y al consenso por parte de la burguesía acabe suponiendo cargar sobre nuestras espaldas las consecuencias de una crisis.
Notas
(1) Para más información sobre la transición, véase el artículo “Reflexionando sobre…la transición” publicado en la revista de IZAR (nº55) del mes de diciembre de 2017; y el trabajo de A. Liz Las Fuente del Régimen del 78, publicado en el cuaderno nº3 de nuestra colección La Actualidad de la Revolución
(2) Para profundizar sobre datos económicos de la época véase, por ejemplo, Cabrera, M. (2011): “Los pactos de la Moncloa. Acuerdos políticos frente a la crisis”, Historia y Política, nº26; o Lorca, J.M. (2015): “El impacto de la crisis del petróleo de 1973 en el contexto económico español”, Espacio, tiempo y forma, nº 27.
(3) Gago Vaquero, F. (2014): “Evolución de la conflictividad laboral colectiva en el Franquismo y la Transición según los datos del Ministerio de Trabajo”, Tiempo y Sociedad, nº 17: pp. 53-153
(4) Carbó, R. (2005): Precedentes. Las movilizaciones durante la transición política (http://www.ub.edu/tsociologica/pdf/Work%20in%20progress/7CARBO_Episodis.pdf)
(5) Carbó, R. (2005): Precedentes. Las movilizaciones durante la transición política (http://www.ub.edu/tsociologica/pdf/Work%20in%20progress/7CARBO_Episodis.pdf)
(6) https://blogs.publico.es/dominiopublico/31939/pactos-de-la-moncloa-la-gran-estafa-otra-vez-no/
(7) http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html#39
(8) http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-tmpl/prog/en/local_repository/documents/17125_27162.pdf
(9) http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-tmpl/prog/en/local_repository/documents/17125_27162.pdf
(10) http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html#39
(11) https://www.eldiario.es/politica/ano-Santiago-Carrillo-memoria_0_176382948.html
https://elpais.com/politica/2017/10/20/actualidad/1508514039_177535.html; https://elpais.com/elpais/2020/04/02/opinion/1585847258_636552.html; https://www.eldiario.es/contracorriente/pactos-Moncloa-torpedo-Gobierno_6_1012858727.html