El gobierno Sánchez-Iglesias cierra el año con un espaldarazo parlamentario a sus cuentas, pues el senado aprobaba finalmente el 22 de diciembre los presupuestos generales de 2021, que si bien acaban con los 2 veces prorrogados de Cristóbal Montoro, ministro de Rajoy, no suponen el fin del neoliberalismo y la austeridad, como ambos partidos anunciaron en su presentación y UP no hace más que repetir, intentando así quitarse de la espita de no haber introducido sus medidas. El PSOE, en un baño de telerrealidad insultante y propagandístico, llegó a decir por boca de la ministra de Hacienda, que “a España le ha tocado la lotería con estos presupuestos”.
En primer lugar es necesario dejar por sentado que ningún presupuesto de este gobierno iba a ser aprobado sin el plácet de Nadia Calviño, que este otoño ha sido enlace con la Comisión Europea para asegurarse que se aprobaban unas cuentas expansivas, del 20,1% con respecto a las del PP, pero que no podían salirse del margen autorizado por Bruselas, una vez que los fondos europeos de recuperación han sido desbloqueados. He aquí el quid de la cuestión: el calificativo de los presupuestos de 2021 no sería tal sin el amortiguador del rescate europeo, un balón de oxígeno para UP pero con las contraprestaciones que ya se van conociendo: bajada de salarios, privatización de pensiones y trasferencia de capital a diversas empresas.
No obstante, conviene hacer algunas matizaciones importantes, porque estos presupuestos se confeccionan en un contexto de segunda ola de pandemia, lo que hace que los pronósticos para 2021 sean inciertos. Hablar de gasto público supone siempre partir de unos datos macroeconómicos, que en este caso están totalmente condicionados a la recuperación. Y es que el gobierno Sánchez-Iglesias, que ha tenido que revisar en numerosas ocasiones sus expectativas de crecimiento económico a la baja, para el próximo 2021 proyecta un crecimiento del 9,8%.
El escenario no puede calificarse de otra forma que de excesivamente optimista y cortoplacista, cuando no irrisorio. En primer lugar, se reducirían 3,6 puntos de déficit de un año a otro, un hecho sorprendente. Además, teniendo en cuenta que en la última revisión del FMI de octubre se estima un crecimiento de la economía del estado español del 7,2%, hay una asombrosa diferencia de 2,6 puntos de crecimiento entre ambas proyecciones. En segundo lugar, a pesar del calificativo de “los presupuestos más sociales de la historia” y obviando al evidencia de su carácter expansivo, sin incrementar significativamente los ingresos vía impuestos reales de quiénes tributan más sino contando con elevar el techo de gasto y con el “caballo de Troya europeo”, se prevé acabar el 2021 con una deuda del 121,3% del PIB, que es precisamente la 3ª partida del gasto.
En primer lugar estos presupuestos cierran la puerta a una autentica reforma fiscal, ni siquiera la migaja que supondría la promesa, en consonancia con el programa electoral, de Unidas Podemos de un impuesto a las grandes fortunas. Qué mejor ocasión que ésta, en plena crisis social y económica tras el tremendo shock sociosanitario de una pandemia de tal envergadura, para afrontar de una vez este eterno debate en lugar de posponerlo, cuando conviene recordar que el estado español se coloca 6 puntos por debajo de la recaudación del PIB de la media de la UE. En resumen, el debate se ha centrado en imponer al PSOE tramos muy altos del IRPF, entre los 3000 y 200.000 euros, afectando a apenas al 1% más rico. Y en cuanto al Impuesto de Patrimonio subirá un raquítico punto para quienes posean más de 10 millones de euros. Unas cosquillas social-liberales.
Indudablemente es positivo el incremento en Educación y Sanidad (incluyendo los conciertos educativos con la Iglesia Católica y la inyección a compañías farmacéuticas), 4.088 y 2.242 millones respectivamente, los 600 millones para dependencia (de la que el sector privado, a la cabeza Florentino Pérez, detenta una buena parte) además de los 3.000 millones para un Ingreso Mínimo Vital que ha sido mucho más ruido que nueces y la mayor decepción social para una clase trabajadora enormemente depauperada en este 2020; sin embargo son cifras muy por detrás de la enorme inyección de dinero público en infraestructuras, cambio de modelo productivo e I+D+I , que irá a parar a los bolsillos de las grandes empresas y multinacionales, las cuales ya exigen su trozo del pastel de los fondos europeos: un total de 23.000 millones de euros.
En las burlas más descaradas del llamado gobierno de izquierdas nos encontramos con las partidas destinadas a Defensa y la Casa Real. El gurú político Juan Carlos Monedero afirmaba que “estos presupuestos del estado son los más republicanos”, seguramente haciendo uso de su demagogia y sin haber leído el aumento del 6,9%, hasta los 8,9 millones de euros, que busca consolidar la institución en un “annus horribilis” para los Borbones. Se trata de la mayor partida presupuestara en una década en el mismo 2020 en que Felipe VI, al renunciar a una herencia de su padre en marzo, desvelaba conocer estas fortunas antes de que las cuentas en Suiza salieran a la luz.
De carácter enormemente reaccionario cabría tildar el presupuesto de Defensa para 2021, que se halla repartido entre el destinado al propio ministerio (donde sólo encontramos el 30% del presupuesto militar) y el de otros ministerios donde se hallan camufladas el resto de partidas. En el caso de las inversiones, la compra de armamento absorbe el 40% del total. En suma, el presupuesto real para el gabinete de Margarita Robles es de más de 34.525 millones (por comparar: la partida para desempleo es de 25.012 millones), una colosal cifra que supone un 1,8% del PIB español en año de pandemia.
En definitiva, nos encontramos con las cuentas públicas de un gobierno PSOE-UP aprobadas en estado convaleciente tras una pandemia y en medio del huracán de una nueva crisis económica y social que ni revierten el peso de los sacrificios hechos por la clase trabajadora ni gravan mínimamente a la clase capitalista que ha seguido obteniendo beneficios en este aciago 2020. Los presupuestos de Sánchez-Iglesias efectivamente son los más sociales de la historia (pero no revierten los recortes en servicios públicos de una década ni significa que redistribuyan en absoluto la riqueza) por la inyección de gasto público, y cuya única propaganda se sostiene porque rompen con los aprobados por Mariano Rajoy, porque en su redacción habrán visto satisfactoriamente colmadas sus pírricas aspiraciones Podemos e IU y porque la Unión Europea ha salido al paso con su ayuda de pan para hoy, reformas para mañana.
Algunos dirán que alertar sobre la lógica antisocial de estos presupuestos es hacerle el juego a la derecha y a la extrema derecha. Para nosotr@s afirmar y sostener que estos presupuestos son favorables a la clase trabajadora y que éstos se enfrentan a los intereses de los capitalistas es lo que acaba favoreciendo a la derecha y a la extrema derecha ya que por mucho que lo digan Sánchez e Iglesias, la realidad cotidiana demuestra que sus políticas no cambian nuestras vidas y acaban generando desilusión y hastío en nuestra clase. Es entonces cuando ésta busca alternativas en el PP o en VOX.
La gestión de la crisis sanitaria no está dejando lugar a ninguna duda. Según datos oficiales, hasta noviembre de 2020, el gobierno PSOE-UP había movilizado unos 218 400 millones de euros para responder a dicha crisis de los cuales 4 400 millones fueron destinados a reforzar la sanidad, 3000 millones para el Ingreso Mínimo Vital (que no acaba de llegar) o 400 millones para ayudas en materia de vivienda mientras se destinaban 160 000 millones para el mundo empresarial al que había que sumarle el dinero destinado a los ERTE (más de 35 000 millones de euros).
El problema de partida es considerar que la patronal debe recibir ayudas públicas en lugar de exigirle que haga frente a la situación mediante los miles de millones de beneficios que años tras años han ido haciendo las grandes empresas. Hasta en noviembre de 2020, las firmas del IBEX 35 han seguido repartiendo hasta 9.558 millones en dividendos a sus accionistas. Y con estas cifras y con unas expectativas de volver a tener beneficios récord para el 2021-2022, éstos no asumen ni un euro en el coste de los ERTE. Por supuesto que hay que asegurar los sueldos de los y las trabajadoras que no sigan trabajando pero el coste debe recaer en los miles de millones de beneficios que durante años y años han ido amasando los Amancio Ortega, los Florentino Pérez y las Ana Botín y no en el conjunto de los y las trabajadoras. De la misma forma que claro que hay que paralizar los desahucios pero no compensando a los grandes propietarios.
Esa es la política que no está dispuesto a llevar a cabo este gobierno y esa es la que hay que visibilizar partiendo de las luchas actuales en los centros de trabajo y de estudio y tratando de hacerlos converger poniendo sobre la mesa un verdadero programa de urgencia social para nuestra clase.