Todavía no sabemos qué sucederá en términos concretos sobre el tema más sensible para la opinión pública internacional con el cambio de gobierno italiano, el de la inmigración, que durante un año ha estado en el centro del programa del ejecutivo ultraderechista formado por la Liga y el M5S. Un tema en el centro de la propaganda del ex ministro del interior Matteo Salvini, quien dedicó 2 leyes y una campaña electoral permanente realizada por tuits y videos en directo de Facebook.
El discurso de Giuseppe Conte durante el voto de confianza pretendió dar algunas pistas: políticas de integración y perspectivas europeas de resolución. Muchos recordaron que fue el propio primer ministro quien compartió todas las decisiones de Salvini: desde el bloqueo de barcos humanitarios hasta la aprobación de los “decretos de seguridad”, de los puertos cerrados a los desalojos, al igual que el M5S a apoyar y votar sin parpadear los 2 decretos que, entre otras cosas, abolieron la proteccón humanitaria para l@s solicitantes de asilo, desmantelaron el sistema de acogida, reformaron en sentido restrictivo el derecho de ciudadanía y criminalizaron la ayuda en el mar.
Pero el viento cambió a mitad de verano por obra del mismo líder xenófobo de la Liga que desencadenó la crisis de gobierno para ganarse unas elecciones anticipadas. Con un movimiento transformista, Conte, y con él el secretario general del Partido Democrático Nicola Zingaretti y el líder del M5S Luigi di Maio, ahora apuestan por un mensaje de “discontinuidad”. La estrategia no es tanto la de oponerse a las políticas reaccionarias de la Liga sobre inmigración, reaccionando golpe al golpe, sino la de actuar silenciosamente y rebajar el tono del enfrentamiento.
Conte envió un mensaje tranquilizador, que habla de “templanza” y de “humanidad”. En su versión 2.0. democristiana parece sugerir que si se logra despolitizar el problema se restará terreno a los adversarios de hoy (que eran los aliados de ayer). Una indicación clara ha sido la elección como ministra de Interior de un aparente perfil técnico con larga experiencia en la policía y prefectura, Luciana Lamorgese, en cambio la elección más política. La idea es “enfriar” el debate sobre la política migratoria: llevarla del campo político y mediático al de la administración ordinaria. Conte ha repetido el mantra de todos los gobiernos anteriores a Salvini: la lucha contra el tráfico, integración y repatriación.
El primer ministro prometió pocos cambios significativos en la ley bandera de Salvini, el “decreto de seguridad bis”, debido a los comentarios críticos hechos por el presidente de la República, lo que significa recuperar la formulación original del decreto Salvini, que ya preveía multas para quienes ayudasen a las personas en el mar y la posibilidad de que el ministro del Interior prohibiera la entrada en aguas italianas de barcos humanitarios. Se puede deducir que el nuevo gobierno PD-M5S no abolirá los decretos ni los reformulará por completo.
Lo más probable es que las leyes de Salvini se modifiquen de manera no sustancial y esperen que el poder judicial italiano las haga completamente ineficaces. Conte también espera poder jugar la carta europea: ha insistido en el nivel de las negociaciones multilaterales con otros socios europeos para el establecimiento de “canales humanitarios europeos”. Esto sugiere que el gobierno colaborará con la nueva comisaria Ursula von der Leyen, Macron y Merkel y el nuevo pacto migratorio de la UE para la distribución de inmigrantes en Europa.
La vicepresidenta del senado, Paola Taverna, del M5S, fue la primera en adelantar la semana pasada cuál será la nueva política migratoria del gobierno Conte bis: “Los puertos italianos permanecerán cerrados pero con todas las garantías humanitarias. Permanecerán cerrados hasta que no se conviertan en puertos europeos, hasta que la UE no ofrezca un acuerdo definitivo”. Lo que ofrece la sucesora de Salvini es más “humanidad”. No habrá apenas diferencias en las inversiones italianas y europeas para la externalización de fronteras: se continuará contratando las fronteras a 3º países con las violaciones de los derechos humanos que esto conlleva, como el acuerdo con el gobierno de Trípoli en 2017 y el vergonzante pacto UE-Turquía en 2016.