El PSOE se ha servido durante años de la Ley de seguridad ciudadana –también llamada Ley mordaza–, aprobada en el 2015 en el Congreso, como estrategia electoral y como arma arrojadiza contra el PP. El propio Pedro Sánchez, cuando todavía estaba en la oposición, se dedicó día y noche a criticar la deriva autoritaria de Mariano Rajoy. “Derogaremos la Ley mordaza cuando lleguemos al gobierno”, declaró ese mismo año en La Sexta Noche, un compromiso que también exhibió en el Congreso durante la moción de censura del 2018.
Durante casi 4 cuatro años la ley se ha mantenido intacta y plenamente vigente. El actual gobierno PSOE-UP dejó por escrito en los acuerdos de coalición el compromiso de derogarla y sustituirla por una ley que garantice “el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y la reunión pacífica”. El acuerdo alcanzado la semana pasada, lejos de derogar la ley, tan sólo suaviza algunos aspectos como reducir las detenciones sin justificación de 6 horas a 2; reducir las restricciones para registrar protestas y actuaciones policiales y limitar el uso de cierto material antidisturbios como las pelotas de goma.
Asimismo, se guarda en un cajón el tijeretazo en el artículo que ampara las devoluciones en caliente de emigrantes de Ceuta y Melilla, aunque atentan contra el derecho internacional. En este sentido, ambos socios del gobierno se han instado a tratar la cuestión en una futura reforma de la ley de extranjería, reforma que el propio Unidas Podemos sabe de sobra que será más difícil de roer.
¿Por qué echa agua en el vino el PSOE (y UP consiente)?
Desde el referéndum del 1-O y la irrupción de Vox en la política española, los cuerpos y fuerzas de seguridad han acentuado la afinidad con los posicionamientos más extremistas del nacionalismo español. De hecho, los consejos de la policía y de la Guardia Civil están dominados por Jupol y Jucil, un sindicato y una asociación de ideología de extrema derecha. En este contexto, Ciudadanos, el PP y, en especial, Vox han empleado esta deriva policial de palanca contra el gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los caballos de batalla principales ha sido la campaña para equiparar los salarios con los Mossos d’Esquadra, pero también la derogación de la ley mordaza.
El PSOE, con la aquiescencia final de Unidas Podemos (que apenas ha tensado la negociación) con un conflicto abierto en las comisarías, ha decidido poner definitivamente el freno de mano y ha convertido la derogación en un simple retoque. Un ejercicio de puntillismo. Ahora, los sindicatos y asociaciones policiales, insatisfechos con las cesiones, han intensificado las campañas para blindar el contenido de la ley del PP.
Este marco legal ha permitido todo tipo de abusos contra manifestantes, activistas y periodistas, pero por encima de todo, ha otorgado a los agentes una presunción de veracidad que les hace casi inmunes a cualquier represalia. Sin embargo, el relato de los sindicatos y las asociaciones es totalmente inverso. Sin la Ley mordaza, el caos se apoderará de las calles. Estas organizaciones utilizan la política del miedo y el lenguaje belicoso para justificar sus privilegios.
“La reforma de la ley de seguridad ciudadana ahoga y arrastra el trabajo policial a una situación en la que será casi imposible que puedan hacerlo”, ha dicho recientemente la asociación de guardias civiles Jucil.“Desarmados, vendidos y desprotegidos”. En un sentido similar se han pronunciado el resto de organizaciones principales. El sindicato de la policía Jupol, por ejemplo, ha calificado de “despropósito inadmisible” la reforma de la ley y ha reclamado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defienda los derechos de todos los agentes a raíz de los “ataques” reiterados del gobierno PSOE-UP.
Además, puntualizan que retirar la prohibición de registrar a los agentes durante las protestas atenta contra su derecho a la intimidad. Por eso, exigen que se tomen medidas para garantizar la integridad física de los agentes y sus familias. Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamenta que la reforma profundice el “desamparo institucional” de los agentes: “Crea mayor inseguridad jurídica a los policías, lo que puede llegar a coartar su operatividad en la complicada situación de pandemia y de ruptura del principio de autoridad por el que pasa nuestro país.” Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado la oposición a la reforma al considerar que deja a los agentes “todavía más indefensos”.
Y mientras las palabras “derogación” y “urgencia” se amarillean en la puerta de la Moncloa se van acumulando los toques de atención de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, que denuncian la peligrosidad de la Ley mordaza por su “potencial represivo” y exigen un cambio total. Bastante diferente a la “reformita” finalmente aprobada por el gobierno PSOE-UP, acobardado por la catarata de críticas policiales.
Artículo traducido de vilaweb.cat