El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a ser este verano el centro de la diana a raíz de la devolución de 48 menores marroquíes. Marlaska pretendía deportar a 800, pero un juzgado de Ceuta le paró los pies y ha suspendido cautelarmente el operativo. Asimismo, la Fiscalía general del Estado también lo investiga.
Hace semanas que una veintena de ONG, como Iridia y Save The Children, ponen el grito en el cielo por la enésima perversidad del ministro de Interior del gobierno PSOE-UP. Dirigieron una carta a Pedro Sánchez en el que denuncian que se vulneran los derechos de l@s niñ@s y se contravienen los ordenamientos jurídicos español, europeo e internacional: “Lo hacen de manera colectiva, sin aviso previo y sin cumplir las garantías legalmente”. Incluso la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha escrito una carta para que el gobierno -del que forma parte- detenga las repatriaciones.
Pero, por más que le estiren las orejas, Marlaska continúa haciendo políticas de inmigración reaccionarias, tanto como las de su antecesor, Juan Ignacio Zoido, del PP. Son dos caras de la misma moneda, por mucho que Unidas Podemos rehúya ante su electorado de estas políticas que avergüenzan a organizaciones antirracistas y por los derechos de l@s inmigrantes.
Devoluciones, opacidad y mano de hierro en la frontera
En junio de 2018, la primera semana en la que Marlaska estuvo al cargo, se negó a dar el estatus de refugiado a l@s inmigrantes del Aquarius, much@s de l@s cuales fueron encerrad@s a los pocos días en centros de internamiento de extranjeros (CIE) y otr@s fueron expulsad@s, que constituyó la la letra pequeña de un primer gesto del gobierno Sánchez recien llegado a La Moncloa. Toda una declaración de intenciones.
Desde entonces, los escándalos por haber vulnerado los derechos de l@s migrantes han caracterizado su mandato, aunque a menudo se han minimizado porque se da por hecho que el PSOE es un partido progresista. Dos meses más tarde de haberse estrenado al frente de Interior, la policía expulsó 116 migrantes que habían saltado la valla de Ceuta. El ministro de Interior italiano entonces, Matteo Salvini, del partido de extrema derecha Liga Norte, criticó la doble vara de medir del Estado español: “Si esto lo hago yo, soy un racista y un fascista”.
En 2020, la hostilidad en la frontera española se hizo sistemática a raíz de 2 sentencias que dieron cobertura legal a las devoluciones en caliente. Esta práctica polémica consiste en un retorno fronterizo de inmediato sin que el migrante pueda explicar su situación social, pedir asilo o recurrir en contra. Aquel año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos retiró la condena al estado por una devolución en caliente de 2014 y, por sorpresa de todos, pasó a avalar el procedimiento. Meses más tarde, el Tribunal Constitucional español también lo amparó.
Los avales jurídicos de Estraburgo y del Constitucional hicieron que Marlaska tuviera mucho más cobijo para defender las actuaciones de su ministerio. Pero ninguna de las dos sentencias no permite que se apliquen retornos inmediatos a menores y, de hecho, el artículo 35 de la Ley de extranjería española es muy claro: “La administración del estado solicitará un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a comenzar un procedimiento sobre su repatriación”.
El procedimiento de devolución de menores debería ser como describe la Ley de extranjería, pero el llamado “gobierno de izquierdas” lo incumple. Cuando Marlaska compareció al Congreso para la devolución en caliente de un menor camerunés en mayo del 2020, dijo sin inmutarse: “Cumplimos la ley y aplicamos los derechos fundamentales.”
Hay un caso que lo deja en evidencia. Es el retorno inmediato del Achraf, de 16 años. Un vídeo de Reuters del mayo pasado captó el joven marroquí llegando a la orilla de la playa del Tarajal atado a un flotador hecho de botellas de plástico. Después, los militares españoles lo escoltaban hasta el otro lado de la frontera, donde el entregaban a las autoridades marroquíes. Una entidad social presentó una denuncia en contra y la Fiscalía de Ceuta mantiene aún una investigación abierta. Otra.
Crisis humanitaria en Canarias
La otra gran mancha de las políticas de Marlaska y que pesa sobre Unidas Podemos como impotente socio minoritario del gobierno de coalición es la gestión de la crisis migratoria de Canarias de final de 2020, que aún dura, dado que cientos de migrantes aún esperan ser reubicados. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) calcula que más de 414 personas han muerto este año intentando llegar.
Además, las islas permanecieron colapsadas porque Marlaska bloqueó el traslado de migrantes de Canarias a la Península Ibérica. Fue un calvario humanitario. Los privaron de pedir asilo por la falta asistencia letrada, separaron niñ@s de sus madres por retrasos en las pruebas de filiación del ADN, amontonaron a miles de personas en el muelle de Arguineguín -que sólo tiene capacidad para 400- e incluso l@s hicieron subir a autobuses de alquiler para dejarlos ante la delegación del gobierno de las Palmas, sin haberles ofrecido ningún sitio donde pasar la noche.
Elevar un 30% las vallas y construir un CIE en Algeciras
No obstante, Marlaska ha cumplido -en parte- la promesa de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Pero antes de hacerlo, se aseguró que Marruecos estuviera dispuesto a instalarlas en su parte de frontera. Como sustituto de las concertinas, el gobierno PSOE-UP ha instalado “pintas metálicas invertidas no lesivas”, una especie de barrotes de hierro encorvados. Además, ha elevado las vallas un 30%.
Además, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no sólo permanecen abiertos, sino que el gobierno destinará 33,6 millones de euros a construir uno de nuevo en Algeciras en 2024, con capacidad para 500 personas y ubicado justo al lado de la cárcel de Botafuegos. Será el más grande de todo el estado. Tendrá más del doble de capacidad que el CIE de Barcelona y más del triple que el de Zapadores, en Valencia.
Los CIE son instalaciones públicas no penitenciarias en que se retiene, a fin de facilitar su expulsión, a l@s extranjer@s en situación irregular, privándoles de libertad durante un período máximo de 40 días. Son una institución controvertida y opaca. Acumulan varias denuncias por vulneraciones de los derechos humanos, tanto por las condiciones del internamiento, como por tratos degradantes por parte del funcionariado policial. Desde que se tienen datos, 8 personas han muerto en 4 de los 8 CIEs que hay en el E.español. Ahora, con la construcción del de Algeciras, habrá nuevo.
Traducción de artículo del medio digital Vilaweb.cat