Estamos tan acostumbrad@s a escuchar últimamente, en primer lugar, que no hay las luchas obreras como al inicio de la crisis, que no hay conflictos laborales que lleven a cabo una pelea masiva desde sus centros de trabajo, y por último, que las pocas luchas que (no) hay no arrancan victorias sindicales a la patronal, que cuando la realidad nos pone por delante ejemplos como el de las trabajadoras de residencias de Vizcaya, nos recuerda a modo de bofetada qué es la lucha de clases y su potencial.

Las alrededor de 5000 trabajadoras celebraron con mucho entusiasmo el acuerdo del sindicato ELA que pone fin a 2 años de conflicto y no es para menos: la lucha durante meses ha sido dura y ha implicado enteramente a sus familias y usuari@s. Para ellas el conflicto ha sobrepasado los límites de lo meramente laboral para convertirse en un salto adelante en su nivel de conciencia de clase y como mujeres, doblemente explotadas y coaccionadas por la patronal y las instituciones, en su emancipación.

Ya desde las primeras semanas de esta titánica huelga señalaron en un comunicado que era la realidad de los cuidados, el trabajo invisible que históricamente han venido desempeñando las mujeres, lo que este conflicto laboral quiere cambiar. Las mujeres de las residencias de Vizcaya dejaron el espacio privado e invisibilizado de los silenciosos pasillos y habitaciones para hacer sindicalismo. Para reclamar que los cuidados son un servicio público que debe realizarse en condiciones de trabajo dignas.

Las trabajadoras de los 150 centros de ancian@s afectados de la provincia de Vizcaya han denunciado el chantaje institucional por el que se convertían en torturadoras por un capricho corporativo, según la administración vasca, de las 10 mil personas a su cargo. Ellas han convertido su huelga en un problema social y de género: lamentan que tanto las patronales como la diputación las hayan querido sumisas, pues así las empresas amigas de la diputación no veían en riesgo sus  grandes beneficios.

La mayoría de estas mujeres nunca han tomado parte activa dentro del movimiento feminista, pero en la práctica lo han sido sin tener que pedirle el carné a nadie. Su objetivo ha sido sacar la precariedad de las mujeres trabajadoras a la calle, poner voz a las kellys que se no manifiestan por miedo, las trabajadoras del servicio a domicilio, las limpiadoras, las que trabajan en los comedores escolares, en los supermercados, etc. En definitiva, la de la mejora de las condiciones materiales y laborales de las mujeres, ha sido irrenunciable a pesar de no romper con las desigualdades estructurales.

Cuando el conflicto bordeaba los 300 días, una de las trabajadoras, en una de las concentraciones frente a una patronal con alergia a negociar y una diputación indiferente, declaraba: “Nunca me he sentido tan valiente. Tengo la sensación de ser invencible”. Fue en abril de este año cuando obligaron a las 3 patronales, Gesca, Elbe y Lares, a sentarse a la mesa con el pliego de reivindicaciones: 35 horas semanales, salarios de 1.200 euros y más persona en las residencias que se reflejen en un convenio sectorial o en los convenios de empresa. Pero la imposición de unos servicios mínimos del 90% las llevaron de nuevo a la calle.

El último 1º de mayo en manifestación afirmaban que el sistema utilizaba todos los instrumentos para hacerlas volver al redil: acusaciones de maltrato a usuari@s de las residencias, despidos selectivos a compañeras de lucha, cambios de horarios y de responsabilidades, para minar su iniciativa y capacidad de decisión. Pero eran muy conscientes, entonces cantando “Ni cuidadora natural, ni trabajadora que explotar” y ahora con la victoria en mano, de que la intención era que cedieran a su chantaje.

Tras la firma del acuerdo, suscrito por ELA, organización sindical mayoritaria en las residencias, y UGT, las valientes trabajadoras recibieron a los representantes sindicales entre abrazos al grito de “Lo hemos conseguido, hemos resistido” y “la lucha la gana la gente que batalla” en la sede del consejo de Relaciones laborales. Este convenio durará hasta 2020. El incremento salarial de 140 euros totales se hará mensual y la reducción de la jornada laboral será progresiva hasta lograr las 35 horas en 2022.

Acaba así una huelga histórica que ha sido mucho más para sus protagonistas que un conflicto laboral. Dar la batalla por dignificar las condiciones del trabajo de cuidados se ha convertido, tras muchas noches sin dormir y decenas de manifestaciones, en un triatlón sindical, feminista y político, pues han comprobado que las en teoría neutrales o como poco aliadas instituciones están del lado del máximo beneficio de la patronal.