En 2015, se erigía un nuevo gobierno portugués encabezado por el Partido Socialista de Antonio Costa. A los 86 escaños que reunía sumó el apoyo de los 19 diputad@s del Bloco de Esquerda (BE), los 15 del Partido Comunista de Portugal (PCP) y 2 del Partido Ecologista os Verdes (PEV). Desde entonces, ha sido el ejemplo de los partidos reformistas de toda Europa como Unidas Podemos, que plantean que un gobierno de izquierda es posible, a tenor de “los avances sociales” que está habiendo en Portugal.
Sin embargo, las políticas del gobierno no están solucionando los problemas de la clase trabajadora portuguesa. A pesar de los indicadores económicos que se suelen señalar, los estragos de las medidas austericidas no han sido revertidos. La consecuencia está siendo que este gobierno se tenga que enfrentar a todo un conjunto de luchas que están planteando reivindicaciones y que no obtienen respuesta por su parte, sobre todo en el sector público: enferemer@s, bomber@s, trabajadores judiciales, profesor@s, ferroviarios, funcionari@s de prisiones…se están movilizando por diferentes razones, poniendo contra las cuerdas la retórica del gobierno progresista. Si en 2018 se registraron un total de 260 huelgas, en lo que va de años ya tenemos unas 1122.
El año pasado fue protagonizado por l@s enfermer@s. De manera intermitente estuvieron en huelga durante meses, revindicando una vuelta a la ley de 2009, un aumento de salarios y de plantilla, el reconocimiento de categoríasy la jubilación a los 57 años. El grado de enfrentamiento con el gobierno llegó hasta el punto de que el 8 de febrero se decretara una intervención de la huelga, obligando a asistir al trabajo por obligación, una decisión que se había tomado en pocas ocasiones desde la instauración de la democracia en Portugal. Incluso se llegó a plantear que se identificara a los donantes a la caja de resistencia. No obstante, no ha sido la única vez este año, ya que de nuevo se declaró la alerta por crisis el pasado 16 de abril, frente a la huelga indefinida convocada por el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas.
En el caso de l@s profesor@s, llevan unos años movilizándose para recuperar la subida de salario congelada relacionada con el aumento de la categoría correspondiente a dos periodos (2005-2007, 2011-2017), un total de 9 años, 4 meses y 2 días. A comienzos de octubre de 2018 el gobierno, sin llegar a ningún acuerdo, sacó un decreto que no respondía a las exigencias de l@s trabajador@s (repondría unos 3 años), argumentando que no se podía recuperar el salario perdido y mantener la estabilidad presupuestaria. Ante esto, el profesorado no se ha quedado parado, sino que ha continuado saliendo a la calle, la última vez en abril de este año, mostrando un choque frontal con el gobierno y con una huelga proyectada para el 6 de junio.
Han sido los docentes quienes han precipitado la crisis en este gobierno. A apenas 5 meses de las elecciones generales, Antonio Costa ha amenazado con dimitir si la cámara parlamentaria aprueba la contabilización de 9 años y 4 meses de ascensos congelados de l@s profesor@s, cuyos salarios fueron congelados con el estallido de la crisis hace una década. La iniciativa afectaría 22.000 profesor@s y aprobada por los aliados Bloco y PCP y la oposición de derecha. Costa afirmó que esta aprobación comprometería la credibilidad ante la UE y obligaría a recortes, pero lo que teme es que sólo sea el primer sector de funcionari@s que lo reclamase.
También l@s bomber@s están en pie de guerra. Critican las políticas austericidas que hace que tengan que desarrollar su trabajo en malas condiciones, el intento de elevar la edad de jubilación a los 60 años y la falta de recursos. Al igual que ellos, el conjunto de la función pública se ha puesto en huelga exigiendo un aumento generalizado de salarios.
La clase trabajadora portuguesa está demostrando que la recuperación y las políticas del gobierno progresista no responde a sus necesidades, existiendo precariedad, bajos salarios, falta de personal y una legislación regresiva que no ha sido cambiar por el gobierno actual. Es necesario que todas estas luchas converjan y se unifiquen y planteen una alternativa que ponga en cuestión no solo al gobierno de turno, sino que plantee una salida de la crisis por la izquierda.