Han pasado ya más de 7 meses desde la declaración del primer estado de alarma. La situación ha evolucionado desde aquel entonces. La tasa de mortalidad del virus ha descendido de manera notable, la comunidad científica se enfrenta ahora a la covid con muchos más conocimientos que antes, y los casos de mayor gravedad representan una minoría respecto al total de contagios. Y todo ello ha sido posible, sin lugar a dudas, gracias a nuestros servicios públicos. Sin embargo, hay cosas que parecen no haber cambiado hasta la fecha.
Desde que la pandemia llegó a nuestro país, el gobierno se empeñó en apelar a la responsabilidad individual mientras que los hospitales estaban colapsados, el personal sanitario carecía de los tan necesarios equipos de protección individual (EPI), los teléfonos de los distintos servicios de salud no daban abasto, y no se realizaban las pruebas PCR. Así, desde el principio se demostró que este no es más que un discurso tramposo que pretende tapar las carencias del sistema público y culpabilizar a la clase obrera. El de la covid es un problema colectivo, y por tanto se resuelve con medidas de carácter colectivo.
Todo ello se hizo más patente aún cuando, durante la desescalada, los medios iniciaron un bombardeo desinformativo en el que mostraban imágenes de jóvenes haciendo botellón, y los responsabilizaban del aumento en el número de contagios. Sin embargo, poco o nada se hablaba de los transportes públicos abarrotados y de la falta de medidas en los centros de trabajo. Ningún programa matinal mostró algún reportaje de cómo los empresarios obligaban a sus trabajador@s sospechos@s de ser positivos a acudir a sus puestos bajo amenazas de despido. A estos explotadores nunca los llamaron irresponsables.
El discurso del gobierno también ha girado en ese sentido. Recordemos que, desde que se inició el confinamiento el pasado 14 de marzo, hasta que nuestro país entró en lo que se ha venido a denominar como la “nueva normalidad”, la actividad laboral se mantuvo a gran escala, salvo durante las 2 semanas en las que el ejecutivo concedió a l@s trabajador@s no esenciales un “permiso retribuido recuperable”. Es decir, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia podíamos eximirnos de nuestras responsabilidades laborales. Al mismo tiempo, se nos mantenía en un confinamiento domiciliario en el que sólo se permitía salir para las actividades imprescindibles.
Ahora, con la declaración del segundo estado de alarma y el establecimiento del toque de queda, parece que vivimos un déjà vu. Pedro Sánchez anunció el pasado 25 de octubre la limitación de la movilidad desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Sin embargo, en esa misma rueda de prensa, no comunicó ni una sola medida sanitaria, como el aumento de l@s rastreador@s, la realización de cribados masivos, o una mayor inversión en recursos de prevención. En esta ocasión, las medidas se limitan a reducir el ocio y la movilidad nocturna, dejando intactas nuestras obligaciones laborales. Parece que para el ejecutivo, la covid solo se transmite por la noche, una vez que ya hemos producido lo suficiente y queremos dar paso a nuestras actividades de ocio.
Sin embargo, los datos oficiales demuestran que se trata de una lógica perversa. Según las cifras del informe publicado por el propio ministerio de Sanidad el pasado 16 de octubre, sólo 88 brotes se han producido en locales de ocio, y 102 en establecimientos de restauración, frente a los 1.129 registrados en el ámbito laboral, lo que supone un 13,3% de los brotes que se han producido en nuestro país hasta esa fecha.
Nuevamente, se apela constantemente a la necesidad de reducir las actividades sociales y de ocio con un discurso tramposo. Esto no significa que no sea necesario tomar medidas, pero si se toman, deben afectar a todos los ámbitos de nuestra vida. Poner el foco en una parte pequeña del problema es simplemente un parche.
El gobierno de coalición evita así tomar medidas más drásticas porque eso pasaría por la reducción de la actividad laboral. Mientras tanto, seguimos acudiendo a nuestros puestos de trabajo en transportes públicos abarrotados para realizar jornadas interminables, y nos exponemos para que la “rueda de la economía” no se detenga. Una rueda que dibuja el mismo camino de siempre: el beneficio de unos pocos a costa de nuestra salud, de nuestra seguridad, e incluso de nuestras vidas.
Esta crisis sanitaria ha dejado patente la necesidad de aumentar las inversiones en servicios públicos, pero sobre todo, ha demostrado que cuando gritamos que nuestras vidas valen más que sus beneficios, estamos poniendo encima de la mesa la realidad de la clase trabajadora.