No cabe ya duda de que en el Estado español nos encontramos en una segunda ola de propagación del Covid. El pico de contagios diarios registrados durante el primer estado de alarma se alcanzó el 20 de marzo, con una cifra de 10.856. De mayo a junio los contagios se estabilizaron, reduciéndose a valores de entre 100-500 contagios diarios. Pero en julio comienza el nuevo ascenso que continúa hasta hoy y que alcanza su cifra récord el 14 de octubre cuando se notifican 14.228 nuevos contagios, cifra récord en toda la serie histórica que comenzara en febrero a registrarse. La tendencia en ascenso continúa en la última semana, en la que se han confirmado más de 190.000 positivos. Evidentemente, el coronavirus ha venido a quedarse y las medidas tomadas hasta el día de hoy para combatir la pandemia por parte del gobierno no han frenado ni van a pararlo.
La sanidad no está preparada para una segunda ola
Desde que la pandemia golpeara por primera vez al Estado español, el gobierno PSOE-UP y los gobiernos autonómicos no han tomado las medidas necesarias para preparar el sistema sanitario para una nueva ola. Se ha resuelto la situación de colapso sanitario que conllevó el confinamiento a base de degradar la calidad del servicio de salud, relegando a un segundo plano a las enfermedades pre-Covid y sobrecargando de trabajo al personal sanitario, asignándoles nuevas tareas entre otras el rastreo de casos.
El número de camas en el Estado español sigue situándose en 3 por cada mil habitantes, cifra previa a la pandemia, y no se han contratado más médic@s ni enfermer@s. De hecho no sorprende que Ayuso, cuando se le pregunta por la contratación de sanitari@s para el nuevo hospital de mil camas abierto en Valdebebas, responda que se va a utilizar personal de otros hospitales de Madrid para cubrir los puestos de trabajo que, según los sindicatos, se estiman en 6.000.
La sanidad privada, lejos de actuar de forma altruista como un soporte a la sanidad pública en los peores momentos de la pandemia y a posteriori, se ha asegurado sacar beneficios de la situación. Primero, con compensaciones económicas pactadas entre la patronal sanitaria y las administraciones públicas. Segundo, desviando los casos de Covid a la sanidad pública y pacientes con otras dolencias a las privadas, sobrecargando a la pública, degradando así la calidad del servicio y la imagen de l@s usuari@s, que cada vez más se ven seducidos por los seguros privados.
Requisar temporalmente la sanidad privada, aunque además no se realizó de forma efectiva cuando fue decretado con el estado de alarma, no es una medida suficiente para solucionar la situación. Es necesario poner el conjunto de los recursos sanitarios a disposición de toda la población, requisando de forma permanente la sanidad privada, y aumentar la inversión en sanidad pública y prepararnos así para los peores efectos de una segunda ola que ya ha llegado.
Las medidas tomadas son del todo insuficientes
Por un lado, las medidas tomadas para el día a día de l@s trabajador@s en las empresas no son suficientes para garantizar su seguridad. Así lo demuestra el dato de rebrotes en el ámbito laboral, que asciende al 13,3% del total, con 14.603 casos, según datos del ministerio de Sanidad. La distancia de seguridad y la limitación de periodos de exposición no se cumplen en la mayor parte de los centros de trabajo. Esta situación se vuelve aún más perversa en los centros de estudio, donde durante 6 horas incluso 30 alumn@s conviven en un aula 5 días a la semana. De hecho, el 13,6% de los brotes se han producido en los centros educativos en un periodo de tiempo de poco más de un mes de actividad.
Mientras tanto se construye un discurso de culpabilización de la juventud y de criminalización del ocio, que no se corresponde con la realidad. Los datos muestran que 102 brotes se han producido en restaurantes, bares, etc., y 88 en locales de ocio (pubs, discotecas); frente a los 1.129 iniciados en los puestos de trabajo. Se ocupan los telediarios e informativos radiofónicos para analizar el problema de la juventud y del ocio, con el único objetivo de desviar la atención de las verdaderas medidas necesarias para solucionar la situación y centrarla en hacer creer que son l@s ciudadan@s individualmente l@s que tienen en sus manos la solución: mascarillas, geles, salir lo menos posible, por supuesto sí para trabajar, y reducir el contacto social.
Nada dicen de la responsabilidad de los que toman las decisiones. Jamás se centra el debate en las medidas que deberían imponerse en las empresas para garantizar la seguridad ni en la bajada de ratio imprescindible en las escuelas. Claro está que los medios de comunicación no desconocen las cifras, sino que tienen un interés claro en tergiversarlas y eximir de responsabilidad a la patronal y a los distintos gobiernos.
El estado de alarma aprobado hace un par de días se basa en poner en el centro el recorte del ocio de las personas, una hipótesis de partida que, como se ha dicho, no se corresponde con la realidad. La medida estrella, el toque de queda, no soluciona los brotes en los centros de trabajo, ni en los centros de estudio, ni en los transportes, etc. Y desde luego no podrá combatir la situación de colapso de los sistemas públicos en caso de que la situación se siga recrudeciendo. Las medidas del gobierno claramente han sido y son insuficientes.
¿Qué medidas se requieren para minimizar al máximo la incidencia del COVID?
Es necesario un plan de inversión en los servicios públicos combinado con un proceso de expropiación de centros privados que se pongan a disposición de la pública y con el recorte de los fondos destinados a conciertos. Es necesario aumentar el número de camas hasta la cifra recomendada por la OMS (de 8 a 10 camas por cada mil habitantes), contratar personal sanitario, más rastreadores (a día de hoy sólo rastrean una mediana de contactos de 3 lo cual explica que se desconozca de dónde proviene el 63% de los brotes), reducir la carga de trabajo y la exposición del personal sanitario al virus, reduciendo drásticamente su tiempo de trabajo e incrementando significativamente los recursos de la pública. Asimismo, es necesario reducir la ratio en los centros educativos, contratar a un número significativo de docentes que permita desdoblar grupos, invertir en los recursos materiales necesarios para garantizar la salud y la calidad de la educación.
Por otro lado, es imprescindible reducir la exposición de los y las trabajadoras al virus en los centros de trabajo, con medidas que verdaderamente permitan garantizar la seguridad: reducir las horas de trabajo manteniendo los salarios para exponernos menos al virus, ampliación de espacios y de recursos para combatir los rebrotes, planes específicos obligatorios para las empresas para hacer frente a situaciones de crisis con fondos destinados específicamente para ello… Basta de recortar nuestro ocio sin recortar nuestras horas de trabajo.
Los beneficios millonarios de las grandes empresas año tras año acumulados y anunciados a bombo y platillo muestran que sin ninguna duda pueden hacer frente a las situaciones de crisis y pagar los salarios a l@s trabajador@s. Sin embargo, recurren a los ERTEs facilitados por el gobierno y las direcciones de CCOO y UGT, para seguir sacando beneficios de la situación. Es necesario obligar a las grandes empresas a pagar al 100% los salarios de sus trabajador@s y generar un fondo procedente de impuestos a las grandes fortunas para pagar el salario de trabajador@s de empresas más pequeñas. La riqueza hay que buscarla donde está acumulada si queremos responder a la altura de las circunstancias y dar una solución a esta situación.
Es necesaria una solución para la miseria en la que se encuentra una buena parte de la población en el Estado español. Con un aumento del precio de la vivienda, del nivel de vida en general y de la precariedad se hace más necesario que nunca: la derogación de la reforma laboral, el reparto del trabajo reduciendo el número de horas de trabajo sin bajada de salario, la prohibición de los despidos, la bajada de la edad de jubilación, aumento de las pensiones y de los salarios… En definitiva, medidas destinadas a cargar el peso de la crisis sobre los capitalistas, quienes pueden pagarla, y no sobre los hombros de la clase trabajadora, quien sufre las consecuencias de todas las crisis para beneficio de los primeros.
Movilizarse para imponer un programa de urgencia social
Realizar este programa depende de la correlación de fuerzas que los y las trabajadoras seamos capaces de ganar. Mucho es lo que nos jugamos. Al finalizar septiembre, el número de trabajador@s afectad@s por ERTEs era aún de 728.909, de los cuales 605.861 por causa de fuerza mayor, más del 83% del total. Muchos de estos ERTEs corren el riesgo de convertirse en despidos, como ya se está viendo en muchas empresas.
El primer puesto lo ocupa Dentix, que ha entrado en concurso de acreedores, lo que va a suponer más de 3.000 despidos. Nissan le sigue de cerca, que ha aprovechado la situación de crisis para cerrar su planta de Barcelona y despedir a 2.525 trabajador@s. Iberdrola, con 1.500 trabajador@s afectad@s, va a despedir al 15% de su plantilla. Y la lista continúa: Indra, con 1.036 trabajador@s afectad@s; Alcoa, con 524; Bosch, 300; Gestamp, que pretende cerrar su fábrica de Bizkaia despidiendo a 230 trabajador@s; Alumalsa, empresa de tratamiento de aluminio, 230 de los 555 asalariad@s con los que su plantilla cuenta; ITP Aero, empresa de transporte aéreo, 163 afectad@s; Coca-Cola, que pretende el cierre de la fábrica de Málaga, afectando a 77 trabajador@s fij@s y 140 temporales…
Esto es sólo un anticipo de la tendencia al aumento del paro que vamos a seguir viviendo si no nos enfrentamos a la patronal con las herramientas adecuadas. Es evidente que años y años de beneficios empresariales pueden hacer frente a la situación de crisis por Covid sin inmutarse, manteniendo el conjunto de salarios de los y las trabajadoras. Pero la patronal prefiere aprovechar esta situación para sacar más beneficios y llevar a cabo sus planes, cerrando fábricas y plantas de montaje que ya tenía planificado mover a países con menores salarios, despidiendo parte de la plantilla y sobrecargando de trabajo a la restante y, en definitiva, aumentando la explotación de los y las trabajadoras. La lucha sindical combativa en las empresas es central para frenar estos ataques y acabar con esta tendencia.
El gobierno ha demostrado que no va a enfrentarse a los intereses de la patronal ni obligarla a hacerse cargo de la situación. La única salida es unificar un movimiento que pueda ejercer una presión cada vez más importante desde abajo, organizándose en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios, etc. Es necesario construir un frente social que ponga la salud y la calidad de vida por encima de los beneficios de las patronales, unificando a todos los sectores de trabajador@s que estén dispuestos a luchar gobierne quien gobierne, con un programa de ruptura y una hoja de ruta para imponerlo.