Cerca de dos meses después de la toma de posesión de Pedro Sánchez el 2 de junio de 2018, ya comprobamos cuál va a ser el carácter del nuevo gobierno del PSOE: mucho maquillaje para no llevar a cabo ningún cambio estructural.
¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Se acaba la precariedad?
Allá por julio de 2014, cuando Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE declaraba: “La primera medida que tomará el próximo gobierno socialista será derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”. Esta medida además estaba presente en su programa electoral de 2015, así como en el programa para las elecciones generales del 26 de junio de 2016. De la “derogación inmediata de la reforma laboral del PP” ha pasado a “ponerse a trabajar de inmediato para realizar retoques” de esta norma, siempre con el consenso de los agentes sociales y políticos. Es decir que, después de casi dos meses de su entrada en el gobierno, descarta por completo la derogación de la reforma laboral.
A este plan del ejecutivo han accedido las direcciones burocráticas de CCOO y UGT que, como buenas “apagafuegos”, han sabido estar a la altura del sostenimiento del PSOE, aceptando los retoques y renunciando a la derogación que sí se le exigía al gobierno del PP.
Uno de los puntos que se han ido clarificando en la mesa donde está presente la patronal y las direcciones de CCOO y UGT se ha materializado en el 4º Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que supone un compromiso para una subida del salario para 2020 del 2%, más un 1% variable ligado a las condiciones de la empresa y a la productividad. Aunque esta medida por supuesto sería positiva para l@s trabajador@s, no debemos llevarnos a engaño: es sólo un compromiso, no es vinculante y está supeditada a la negociación de convenios que siguen estando regulados por la reforma laboral, donde la patronal tiene capacidad de bloquear la negociación e imponer sus medidas. Es una trampa: más maquillaje sin reforma real.
La medida que se proponen para reducir la precariedad, ahora que ya han abandonado la derogación de la reforma laboral y la creación de un nuevo Estatuto de l@s trabajador@s (del que por cierto ya no dicen ni una palabra, aunque se planteaba como una de las medidas estrella en los programas electorales de 2015 y 2016), es la subida del Salario Medio Interprofesional, que de nuevo está ligada a la negociación de convenios y que, por lo tanto, está sujeta a la misma incertidumbre a la hora de llevarse a cabo. Es necesario además tener en cuenta que l@s trabajador@s con los salarios más bajos se encuentran en sectores donde la negociación de convenios brilla por su ausencia. De todo ello se desprende que no hay ninguna medida real para atacar la precariedad y presumiblemente seguirá existiendo e incluso incrementándose con el gobierno de Sánchez.
En cuanto a los sectores en lucha del mundo del trabajo, vemos también cómo el gobierno de Sánchez responde de una manera muy parecida a su antecesor. La violencia desatada por la policía durante la última huelga de l@s trabajador@s de Amazon muestra, por desgracia, por dónde irán los tiros durante este final de legislatura en materia de represión contra l@s que defienden una mejora de sus condiciones de vidas y se enfrentan a los intereses de la patronal.
¿Y la derogación de la LOMCE y la educación pública?
Después de la gran contestación por parte de Marea Verde y otros movimientos de estudiantes y docentes contra la LOMCE que determinaron la dimisión del ministro Wert, era normal que el gobierno de Sánchez tuviese que anunciar cambios sustantivos. Sin embargo también en materia educativa de nuevo el ejecutivo se olvida de su compromiso de derogarla para plantear únicamente la modificación de algunos puntos de esta ley. Concretamente se propone modificar los artículos 122, 127 y 135, referidos a la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares, a la elección de l@s director@s que, con la LOMCE, son designad@s por la administración casi en su totalidad y a los itinerarios segregadores a partir de 3ºESO.
Además, la asignatura de Religión dejará de ser computable, se introduce la asignatura de Valores cívicos y éticos y se acabará con el real decreto ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que afecta a las enseñanzas no universitarias. Así, revertirá medidas como el aumento del número de alumn@s por aula, el incremento de la jornada lectiva de l@s profesor@s y el plazo de 10 días para su sustitución.
Estas modificaciones, de finalmente llevarse a cabo ya que como muy pronto prevén aplicarlas en el curso 2019-2020 coincidiendo por tanto con las siguientes elecciones generales, son por supuesto positivas, pues revierten algunas de las regresiones introducidas por el PP. Sin embargo no se toca el tema estrella que supone precisamente el deterioro de la escuela pública: la concertada. En efecto mientras exista la concertada, la pública seguirá devaluándose, mientras que se seguirá permitiendo la segregación aún mayor del alumnado como el desvío de fondos públicos a entidades privadas, fundamentalmente a la Iglesia Católica, que incluso mantiene centros donde se segrega por sexos.
Esta cuestión no sorprende en absoluto, menos aún al escuchar en palabras del gobierno Sánchez que la concertada cubre una función social y que la “inmensa mayoría” de estas escuelas “cumple con sus obligaciones y fines sociales, fortaleciendo el sistema”, odespués de conocer las declaraciones del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, arengando a la educación privada a “seguir corriendo por delante de la escuela pública”, lo cual además carece de base real. De hecho, en las últimas semanas hemos conocido que la educación pública encabeza el ranking de calificaciones en la Selectividad.
¿Bienvenid@s inmigrantes del Aquarius?
El 12 de junio Pedro Sánchez anunció que acogería a l@s 629 migrantes del Aquarius. Tras la llegada del barco al puerto de Valencia el 17 de junio, las declaraciones apuntaban a que el gobierno sólo se haría cargo de éstos durante 45 días – periodo en el que no pueden ser encerrad@s en CIEs – para, una vez transcurrido este plazo, tomar la decisión sobre quién se queda en el Estado español y quién es deportado. Actualmente, a 13 de julio, solo 80 de l@s 629 tienen un destino claro: a Francia 78 ya han sido trasladad@s, país que ha aceptado solo 80 de las 135 solicitudes de asilo tramitadas.
No se sabe nada del futuro de l@s 549 restantes. Muy probablemente su destino sea el mismo que les espera a la mayor parte de migrantes que llegan “ilegalmente” al Estado español: ser privad@s de libertad y derechos de todo tipo en los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que no son otra cosa que cárceles encubiertas donde el único delito cometido es el de buscar una vida mejor; política que el gobierno del PSOE no se plantea cuestionar de ningún modo y que el propio Pedro Sánchez ha defendido en el Parlamento durante la última sesión de control al gobierno afirmando que los CIE deben existir aunque haya que asegurar que se cumplan los derechos humanos. Lejos de cerrarse, se abren nuevos como es el caso de la ciudad granadina de Motril.
Mientras tanto, las pateras siguen llegando y la crisis migratoria sigue golpeando con firmeza, las fronteras en Ceuta y Melilla siguen cerradas y se sigue asumiendo Frontex como política migratoria incuestionable de la UE. Pedro Sánchez ha sabido utilizar la llegada del Aquarius políticamente: un gesto que no deja de ser simbólico y que lo sitúa ante la opinión pública española y europea como un presidente progresista en una Europa con una extrema derecha cada vez más en ascenso, pero cuyos avances sociales en materia de inmigración por lo visto consisten en aplazar el encarcelamiento o deportación de l@s migrantes del Aquarius 45 días. El desenlace aún está por ver pero sin modificar ni una coma de la política migratoria, sino reforzarla en el marco europeo.
Franco fuera del Valle de los Caídos… en busca de la reconciliación
Una de las medidas más polémicas del gobierno entrante es sin duda la exhumación de los restos del dictador fascista Francisco Franco y la reconversión del Valle de los Caídos. Por supuesto que ya era hora: el Estado español es el único de los países europeos que mantiene a día de hoy un monumento de estas características después de la “Transición a la democracia”.
Sin embargo, el discurso que acompaña a esta política no es otro que el de la reconciliación. No se habla de los privilegios de la familia Franco. No se habla de una verdadera reparación de las víctimas del franquismo y, ni mucho menos, de procesar a los responsables directos de los crímenes y de acabar con la Ley de amnistía. La monarquía, que expresó abiertamente su continuidad con el dictador durante la Transición, no es cuestionada en ningún punto por parte de Pedro Sánchez. Y, en cuanto a los títulos nobiliarios, lo máximo que se puede decir es que las declaraciones son ambiguas, dejando para un futuro la posibilidad de modificar el Real Decreto que regula la renovación de los mismos, tras un estudio de si es posible hacerlo o no desde la muy insuficiente Ley de Memoria histórica.
En definitiva, de nuevo una medida simbólica – la exhumación de los restos – con un contenido infame para no romper con el significado de la Transición ni su cordón umbilical con el régimen franquista. Se pretende buscar la reconciliación entre golpistas y víctimas del fascismo en lugar de juzgar a los primeros y honrar a los segundos con el fin de favorecer el olvido.
Más recortes a la vista: 4500 millones de ajuste
Amparándose en “la herencia recibida” por la cual ya se prevé el no cumplimiento con los objetivos de déficit en 2018 – según las estimaciones del gobierno será de un 2,7% por encima del 2,2% exigido por Bruselas – la ministra de economía y gran amiga de Ana Botín, Nadia Calviño, ya ha anunciado que se avecinan ajustes fiscales, aunque aún no concreta el paquete de medidas que piensan llevar a cabo. De momento, suenan campanas de subida de impuestos y de recortes de gasto. Su discurso de volver al mal llamado “estado del bienestar” se desmonta por sí solo en el momento en que se asumen los compromisos de déficit marcados por Europa y se dejan de criticar los presupuestos del PP que “en líneas generales cumplen con las normas fiscales de la UE”.
¿Qué hay de los derechos democráticos?
Por lo que parece, la voluntad del gobierno de Sánchez se sitúa entre eliminar algunos aspectos de la Ley Mordaza (propuesta del PNV) y derogarla para volver a… la Ley Corcuera o Ley de la Patada en la puerta (1992), que fue la propuesta del PSOE. Veremos en qué queda finalmente, pues no se va a tocar la regresiva reforma del Código Penal pactada con el PP. Más allá de eso, es evidente que hay que exigir que se respete el derecho de manifestación y reunión así como el derecho de expresión y de información. Hay que acabar con la prohibición de poder grabar a la policía así como con las multas y encarcelamientos por protestar ocupando espacios públicos o privados.
La mejor muestra de buena voluntad de defensa de los derechos democráticos por parte del gobierno de Sánchez debería ser no esperar ni un minuto más para indultar a todos aquellos activistas, sindicalistas y artistas encarcelados por luchar como puede ser el caso de nuestro compañero del SAT, Francisco Molero, en la cárcel de Archidona (Málaga) desde el 30 de mayo, o el caso del compañero Alfon que lleva ya más de 3 años en la cárcel por participar en una huelga general, o de las condenas a los raperos Pablo Hassel y Valtonyc o los jóvenes de Altsasu condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por una pelea en un bar con Guardias civiles.
En cuanto hablamos de derechos democráticos es imposible no hablar de la situación en Catalunya. Si bien es cierto que el gobierno de Sánchez parece estar por la labor de acercar a l@s pres@s (por cierto también a iniciar el de l@s vasc@s), no es menos cierto que no parece estar dispuesto a indultarlos. Habla de diálogo y ya se ha reunido con el nuevo president de la Generalitat Quim Torra, el pasado 10 de julio. Sin embargo, las diferencias con el gobierno de Rajoy con respecto al derecho a decidir del pueblo catalán se quedan en eso.
Tuvieron el mérito de ser meridianamente claros desde el principio al declarar Isabel Celaà, portavoz del gobierno, en una de sus primeras comparecencias ante los medios que en lo que se refiere a Catalunya, que el “faro” del nuevo gobierno sería Josep Borrell. O lo que es lo mismo, seguir las posiciones de quien afirmó no hace mucho que “había que desinfectar Catalunya”. Dejan claro también en esta cuestión que al igual que el gobierno anterior, Sánchez no va a permitir que se lleve a cabo ningún referéndum de autodeterminación y que están preparados para volver a aplicar el 155 en cuanto el Estado Español lo estime oportuno.
No es posible ilusión alguna en el gobierno de Sánchez sino movilización
Sobra decir que el gobierno del PSOE no va a resolver ninguno de los elementos que preocupan a l@s trabajador@s. La precariedad sigue adelante, también el desmantelamiento de los servicios públicos, la política de inmigración no se va a modificar ni un ápice, los recortes y subidas de impuestos continuarán…
Ante esta situación, tenemos que movilizarnos y exigir verdaderos cambios estructurales que superen los parches y simbolismos. Hoy más que nunca, cuando las direcciones sindical se entregan a una “dulce paz social”, es necesaria la consigna de la huelga general, que permita reagrupar en una lucha común a tod@s l@s que se movilizan para exigir a este gobierno políticas que cambien nuestras vidas y se enfrenten a los que se han aprovechado de la crisis capitalista. Durante el año 2017, el número de huelgas, l@s participantes así como las jornadas no retribuidas han aumentado con respecto a 2015 y 2016 con 55 huelgas más (un 87% en el sector privado y un 10% en el sector público), el triple de participantes y casi tres veces más de jornadas no retribuidas… y todo eso a pesar de la orientación de las direcciones sindicales.
En lugar de generar falsas ilusiones y de proponerse para gobernar conjuntamente con el PSOE como hace PODEMOS, es central fortalecer esas luchas y hacerlas converger en un movimiento de conjunto que pueda asegurar la defensa de las pensiones públicas, de nuestra educación y de nuestra sanidad, el aumento de nuestros salarios al mismo nivel que aumenta el coste de la vida o la defensa de nuestros puestos de trabajo y de nuestras viviendas. Todas estas medidas no son realizables si no se enfrenta uno a los privilegios de unos pocos.
Hemos visto cómo el gobierno del PP se ha visto desbordado por las movilizaciones feministas y por las de pensionistas, teniendo que ceder en aspectos mínimos en esta última. La derecha más reaccionaria se está rearmando con Pedro Casado al frente. La mejor forma de contrarrestar a esa derecha es estar más movilizad@s y mejor organizad@s. Ahora toca seguir el mismo camino de movilización frente a este nuevo gobierno que al inicio de 2018. Esa es la mejor manera de cambiar verdaderamente nuestras vidas.
En ese sentido, desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR nos comprometemos a reforzar todas las luchas, huelgas y movilizaciones que se vayan dando y a construir conjuntamente con otras fuerzas políticas, sociales y sindicales una movilización centralizada en Madrid el próximo 27 de octubre que permita unificar a todos los sectores en lucha y que ponga sobre la mesa la cuestión de la defensa de las pensiones, de los salarios, del paro y la precariedad, de los servicios públicos y de la deuda, de la vivienda y de las opresiones hacia las mujeres.