nosoyrecortableEl proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se está tramitando en las Cortes no viene sino a ahondar aún más en el ataque a los servicios públicos y que son un objetivo claro de las políticas neoliberales perpetradas por los últimos gobiernos (ya sean de PP o PSOE). Este año, a la asignación ridícula a cuestiones como la dependencia o lo destinado a sanidad y educación, que para nada recupera lo perdido en estos últimos años, hay que añadir un nuevo ataque en materia laboral: el posible despido de personal interino.

Pongámonos en antecedentes. Hace unos meses nos encontramos con la noticia de que, a través de varias sentencias, los tribunales europeos de justicia ordenaban que el estado español debía igualar en derechos al personal temporal y al personal fijo. Entre las personas que trabajan para el Estado hay un colectivo que se podría beneficiar principalmente de esta medida: el personal interino. Las sentencias indicaban que si una persona contratada temporalmente realiza una tarea de manera continuada en el tiempo, hay que asumir que dicha tarea es necesaria para el empleador (en este caso la administración) y por tanto debe hacerse fija a dicha persona y que, en el caso de terminación de contrato, se le debía indemnizar como si lo fuese.

Evidentemente esto supondría la posibilidad de hace fijas y fijos a decenas de miles de emplead@s públic@s que actualmente tienen un contrato temporal o de interinidad. El problema ha venido cuando el gobierno ha interpretado esta norma y la ha traspuesto a la normativa. La solución que ha adoptado es la más lesiva para esas personas con contratos no fijos: nadie puede estar contratado por estas modalidades durante más de 3 años, o lo que es lo mismo, en vez de hacer fijos sus contratos los podría echar a la calle (el artículo 19 del proyecto de presupuestos indica esto). Esto supondría otro ejemplo más de degeneración de los servicios públicos, lo que podría dar alas para un nuevo ajuste de tuerca en cuanto a privatizaciones.
El gobierno se escuda en que el pasado 29 de marzo firmó un acuerdo con varios sindicatos de la función pública (CCOO, UGT y CSIF) para reducir la interinidad en un 90%, pasando del 30% actual a un 7% u 8%. Lo que no cuenta es que esto es cierto sólo para algunos sectores y que, además, lo que hará será pasar de temporales a fijas esas plazas, no a las personas que hacen el trabajo actualmente, o lo que es lo mismo, podríamos estar ante uno de los mayores EREs de los últimos años (a sumar a los cerca de 200.000 empleados y empleadas públicas cuyos puestos se han destruido desde 2010).

Como es lógico, esto ha producido una gran incertidumbre entre los colectivos que podrían estar afectados por esta medida y que potencialmente podría ser devastadora para las y los empleados públicos temporales que ejercen su tarea en la actualidad. Por este motivo, sin tener que esperar a sesudas aclaraciones jurídicas sobre el tema, colectivos de trabajadoras y trabajadores interinos han comenzado a organizarse para dar respuesta a este nuevo ataque. Es necesario que apoyemos estas luchas porque, más allá de la creación de esas plazas, se está produciendo un desprecio hacia trabajador@s que actualmente están ejerciendo esa labor y que no pueden ser tratados como emplead@s de usar y tirar.

En las capitales de provincia andaluzas, pese a los esfuerzos por desmovilizar por parte de la administración y de algunas organizaciones sindicales, se ha iniciado este movimiento reivindicativo con concentraciones todos los martes en las puertas de las subdelegaciones de gobierno. En algunas de ellas, como en Almería, el acto se continuó con una asamblea en la que se fueron consensuando medidas para la estabilidad del personal interino y temporal, así como los siguientes pasos a dar en esta batalla que promete ser dura.