En las últimas semanas se han escuchado diferentes medidas de la “transición ecológica” que el gobierno PSOE-UP está elaborando bajo el paraguas de los fondos europeos para la digitalización y adaptación ecológica del tejido productivo.
Como ya advertíamos anteriormente, dicha adaptación y transición ecológica no es más que una nueva forma de acumulación y negocio que los capitalistas de la Unión Europea y sus gestores políticos han elaborado con el objetivo de poder aumentar la tasa de explotación a través de un ámbito que goza de prestigio social entre amplias capas de la clase trabajadora, la ecología y protección del planeta…
Y es que es bien cierto que la sostenibilidad del planeta está en tela de juicio con nuestro sistema actual. Es más, desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR (y otras muchas organizaciones) sostenemos que mientras la economía se rija por la ley del máximo beneficio y no sea planificada bajo objetivos y criterios sociales, este problema no irá más que en aumento. Pero por parte de las autoridades políticas y económicas de la UE y otras partes del mundo la estrategia es bien distinta: hacer actividades contaminantes lo suficientemente caras para que amplias capas de la clase trabajadora no pueda acceder paulatinamente a ellas para así reducir la tasa de contaminación.
Es en este punto donde se sitúan las políticas de este gobierno de PSOE-UP de poner peajes a las autovías y autopistas, subir la factura de la luz en las horas punta de utilización y otra serie de medidas encaminadas a hacer más inaccesible bienes y servicios que durante un tiempo fueron parte del consumo de masas.
Esta medida en concreto consistiría en el cobro en torno a un céntimo por kilómetro recorrido para turismos y en torno a los cinco céntimos por kilómetro para camiones (con amplias diferencias según las versiones y declaraciones a lo largo del tiempo), lo cual, además de suponer un pago por el uso del transporte que mayoritariamente se utiliza para la ida y la vuelta del trabajo; tendría un efecto inflacionario en los precios al encarecer el transporte y la logística de todos los productos.
Estas medidas y otras por el estilo no atacan la línea de frotación del problema ecológico (de hecho la contaminación generada por el tráfico rodado en el Estado español está por debajo de la media de la OCDE), simplemente pone parches superficiales a un problema estructural cuyo origen es la producción industrial indiscriminada y bajo la ley del máximo beneficio. Es por ello que debemos oponernos a cualquier solución que pretenda quitar una gota de agua en el océano del problema ecológico a costa del esfuerzo de miles de trabajadoras y trabajadores que tienen que hacer malabares para cuadrar sus cuentas.
Hemos de oponernos por tanto con firmeza y mediante la movilización ante estos ataques económicos que sufre nuestra clase. Hemos de luchar contra la subida indiscriminada de la luz a la par que el oligopolio eléctrico hace beneficios millonarios, al encarecimiento del transporte cuando es una necesidad para miles y miles de trabajadores y trabajadoras que han de llegar a sus puestos de trabajo y al resto de ataques que sufrimos.
Es necesario que apostemos por la planificación de la economía bajo criterios sociales y ecológicos para que verdaderamente reduzcamos las emisiones de CO2, veamos qué producción es necesaria y conveniente y cuál no a la par que creamos una sociedad más justa e igualitaria que aumente el nivel de vida de todos y todas las trabajadoras.