El pasado 7 de octubre Pedro Sánchez anunciaba en un pomposo acto un plan de “recuperación económica”. Con la participación de múltiples personalidades por videoconferencia, actuación al piano y pantalla de fondo, el actual presidente explicó el contenido del plan abusando de jerga motivacional y nacionalista. Pero… ¿qué hay detrás de esta retórica más propia de la autoayuda?
Un cuadro macroeconómico de crisis histórica
Las cifras que aparecen en el propio documento no son muy alentadoras: contracción del PIB en un 5’2% el primer trimestre de 2020 y en un 17’8% en el segundo a pesar de la movilización de fondos para salvar a las empresas vía créditos y ERTES (que no son más que ahorrar el “coste” salarial a las compañías), un déficit público estimado del 11% para 2020 y un ratio de deuda pública del 118% del PIB.
Frente a esta escena, 140.000 millones (un 11% del PIB) que llegarán desde la Unión Europea en seis años (2021 – 2027) en forma de transferencias pero también préstamos con condiciones a partes iguales (unos 70.000 millones en cada formato).
Un plan basado en 4 ejes
Este plan está basado en cuatro ejes: la transición ecológica del tejido productivo de la economía española; acabar con la brecha de género; mejorar la cohesión social y territorial y por último, la digitalización de la economía, la educación y otros ámbitos de la vida cotidiana.
Dichos ejes se desarrollarán a través de 10 políticas conductoras dotadas cada una de ellas con parte del monto total de los fondos destinados a este plan. Dichas políticas tienen como objetivo que la inversión pública atraiga y favorezca también la pública creando así “sinergias” entre el sector público y privado para crear una senda de crecimiento.
La letra pequeña del plan de recuperación
Por tanto, si miramos con calma y atención dicho plan y logramos quitar la gruesa piel de palabras rimbombantes y la retórica social liberal, lo que nos encontramos es una estrategia clara: la subvención por parte del Estado (y/o la UE a nivel europeo) al sector empresarial para que con los impuestos que paga la clase trabajadora en su mayoría, modernice su estructura productiva y busque nuevos nichos de mercado. Si bien esto puede parecer positivo, encierra diferentes contradicciones.
Primero, lo que se quiere vender electoralmente como un rescate social ante la crisis del Covid y la dura situación que miles de trabajador@s están viviendo hoy en día (paro, precariedad, incapacidad de pagar hipotecas, alquileres, facturas…) no es más que un nuevo rescate a las empresas (sobre todo a las más grandes) esta vez no solo para evitar su cierre o quiebra sino para modernizar sus equipamientos y hacerlas más “competitivas” en el exterior. Segundo, nos volvemos a ver en la tesitura en la que l@s trabajador@s pagamos con impuestos, peores condiciones de trabajo y vida el lucro privado de grandes empresas que en cualquier contexto siguen haciendo beneficios millonarios a la par que reciben todas las ayudas posibles de las instituciones públicas. Tercero, tanto las políticas llevadas hasta ahora como este plan financiado por transferencias y préstamos traerán consigo nuevos recortes. De hecho el propio documento ya anuncia que cuando se vuelva a una cifra de PIB similar a la de 2019 se apostará por la “consolidación fiscal” con medidas como quitar deducciones del IVA (subir de un tipo reducido al normal), impuestos verdes o medidas que ya están entrando en vigor como incentivar el retraso de la edad de jubilación lo máximo posible.
¿Qué hacer ante esta situación?
Ante este contexto en el que de nuevo se busca financiar con dinero público el beneficio privado de unos pocos es necesario señalar que éste no es el rescate ni el plan que necesita la mayoría de la población… Es necesario como ya se hizo durante la pandemia decir alto y claro que hay que nacionalizar bajo control social todas aquellas empresas estratégicas que reciban ayudas públicas para pagar salarios o modernizar su estructura productiva, es necesario que los fondos de cualquier reconversión productiva salgan de los beneficios multimillonarios que año tras año sacan las grandes empresas, así como el presupuesto necesario para fortalecer la sanidad pública, la educación y extender los servicios públicos.
Para ello no queda otra que la movilización y la organización. La patronal y el IBEX ya se han movilizado y lo siguen haciendo. Se reúne semana sí semana también con el gobierno para planificar sus pasos, en ocasiones con la participación vergonzosa de las direcciones de CCOO y UGT, los cuales bajo la denominación común de “agentes sociales” también son incluidos en este plan como garantes de que pueda llegar a buen puerto.