La Junta de Andalucía viene perpetuando una situación discriminatoria en diversas instituciones que emplean a miles de trabajadores en toda la Comunidad Autónoma, y uno de los casos más evidentes lo encontramos en la Fundación Pública Andalucía Emprende.
Se trata de una Fundación adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, donde perviven dos colectivos que vienen prestando servicios de manera homogénea e indiferenciada desde 2009:
- De un lado, el colectivo contratado por la Antigua Fundación Red Andalucía Emprende.
- De otro, el personal resultado de la integración en la empresa del personal que provenía de los Consorcios de las “Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico” mediante la subrogación contractual, y por consiguiente, con el mantenimiento del Convenio que se le venía aplicando anteriormente, con unas condiciones mucho menos beneficiosas que las del otro colectivo.
A pesar de existir una situación de igualdad en cuanto a las obligaciones del colectivo agraviado respecto al resto de la plantilla, existen diferencias sustanciales en cuanto a aquellos derechos que se reconocen a unos y a otros, especialmente en cuestiones salariales.
Si bien desde 2009 se viene impulsando un proceso de negociación de convenio colectivo unificado, la Conserjería de Hacienda y Administraciones Públicas ha torpedeado el avance del mismo al negar la primera solución que se barajó, que era la posible adhesión del colectivo más desfavorecido a las condiciones salariales del resto de la plantilla, no siendo hasta 2014 cuando se logra conformar una Mesa de Negociación que alcanzaría un consenso en aspectos esenciales del Convenio, excepto en materia retributiva.
Tras la imposibilidad de avanzar ante el bloqueo de la negociación, en 2016 ambas partes aceptaron someter la cuestión salarial a arbitraje, esta vez sí, con el beneplácito de la Conserjería de Hacienda y Administraciones Públicas, que fija como condiciones insalvables la imposibilidad de incrementar la masa salarial de la plantilla, y por ende, que se repercuta en la normativa presupuestaria de la Junta de Andalucía.
Por ello, se llegó a la conclusión de que para erradicar la desigualdad salarial que se derivaba de la aplicación de ambos convenios, y dadas las limitaciones impuestas, se debía introducir como cuestión a dirimir en el laudo la jornada de trabajo; de modo que se pudiese alcanzar una equiparación salarial por la vía de la reducción de jornada y evitar influir en los salarios de la plantilla.
De manera inmediata a la emisión del dictamen arbitral, el cual es vinculante para ambas partes, la Junta de Andalucía, a través de la Conserjería de Hacienda y Administraciones Públicas ha impedido que éste se incorpore al texto del Convenio. Entre las excusas que se le dan a los representantes de la plantilla, merece destacar una en concreto, y es que lo que realmente temen es que esta solución se propague entre los numerosos casos que en el contexto autonómico son equiparables al de Andalucía Emprende, y se cree un efecto contagio que ponga en evidencia la nefasta política que la Junta de Andalucía ha mantenido en materia laboral por venir creando, amparando y manteniendo la desigualdad y la precariedad durante tantos años.