El pasado 24 de enero el gobierno anunciaba a bombo y platillo un acuerdo con la Conferencia Episcopal para que ésta devuelva un millar de propiedades que fueron “erróneamente” inmatriculadas por la jerarquía eclesiástica entre el periodo 1998-2015, años entre los que los obispos españoles, actuando como fedatarios públicos, registraron a su nombre unas 35.000 propiedades, entre las que destacan la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Burgos, entre otros monumentos públicos, terrenos, plazas y bienes inmuebles.
La mayor estafa inmobiliaria de la Historia (el 80% del patrimonio histórico del Estado se queda en manos de la Iglesia Católica), quedaría así, legalizada por un acuerdo capitaneado por el gobierno más progresista de la Historia. Todo en orden.
Pero vayamos por partes. La inmatriculación es el acto por el que un bien es inscrito por primera vez en el Registro de la Propiedad. Lo coherente con un Estado que se hace llamar de Derecho y Aconfesional, sea la administración pública la única legitimada para certificar la propiedad de cualquier inmueble a través de los Registros de la Propiedad que dependen directamente del ministerio de Justicia. Sin embargo, a estas alturas, todo el mundo sabe que el fégimen del 78 no supuso una verdadera ruptura con la dictadura franquista y de vez en cuando se le ven las costuras y afloran sus macabras vergüenzas.
En 1946 el dictador Francisco Franco, haciendo honor a la infame historia del nacional-catolicismo español, compensó a la jerarquía de la Iglesia Católica por su fiel apoyo durante la Guerra Civil, cediendo a los obispos el privilegio de poder registrar cualquier inmueble sin necesidad necesitar de título de propiedad alguno y sin hacerlo público, para evitar reclamaciones. Eso sí, hasta el sátrapa y criminal de Franco tenía sus límites en cuanto al saqueo de los bienes públicos y en la Ley Hipotecaria de 1946 se incluyó la excepción a la potestad de la jerarquía eclesiástica, la inmatriculación de templos dedicados al culto católico, considerados, entonces de servicio público.
Y así continuó siendo hasta que en 1998, un nuevo adalid del saqueo de lo público, el entonces presidente del gobierno J.M. Aznar, quiso superar al maestro, eliminando la excepción de la inmatriculación de las Iglesias.
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a las distintas plataformas sociales que se levantaron principalmente a partir de las inmatriculaciones de monumentos muy simbólicos como la mencionada Mezquita-Catedral de Córdoba, asegura que existen más de 100.000 inmatriculaciones ilegítimas amparadas en esta normativa franquista. Y según el profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y presidente de la mencionada coordinadora, Antonio Manuel Rodríguez, famoso por sus trabajos de investigación y recuperación de la memoria del pueblo andaluz, todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde al menos 1978 serían absolutamente inconstitucionales y nulas, por tanto, de pleno derecho, es decir, que no tendrían derecho alguno dado que se entendería que nunca se habrían registrado legalmente.
Por lo tanto, si el gobierno quería aprovechar la predisposición de la Iglesia a devolver unas 1.000 propiedades, escogidas por la propia jerarquía eclesiástica, que al parecer les deberán reportar más gastos que beneficios, para apuntarse otro tanto como el campeón del progresismo, debería saber que no es posible tomarle el pelo a todo el mundo, al menos no durante todo el tiempo. Y es que lo del romance entre el PSOE y la Iglesia Católica clama al cielo. Y esperar que llegue la ruptura de ese santo matrimonio, solo puede derivar del desconocimiento del papel del PSOE como principal baluarte del régimen político del 78 o bien del desconocimiento de la historia del nacional-catolicismo como fundador del Estado español, contra los pueblos, culturas y libertades que no encajen en su rancia idea de España.
Solo comprendiendo esto se puede entender que el 80% del patrimonio histórico del Estado se encuentre hoy en manos de la Iglesia Católica, reportando pingües beneficios libres de impuestos, que al no estar fiscalizados no podemos calcular. Basten para hacernos una idea, los 13 millones de euros que recauda la diócesis de Córdoba por las visitas a ese monumento público, patrimonio de la humanidad que es la Mezquita-Catedral de Córdoba.
No importa que las más de 100.000 inmatriculaciones de la Iglesia Católica sean ilegales, porque el único modo de recuperar para el patrimonio público toda esa riqueza expoliada en nombre de Dios, no vendrá de la voluntad de ningún gobierno por más izquierdista que ose llamarse, sino de la toma de conciencia, de la movilización y de la coordinación de quienes sufrimos a diario los abusos y desmanes de la santísima trinidad de los poderes políticos, eclesiásticos y empresariales que en este rincón de Europa se funden en sagrada comunión, como en ningún otro sitio.