Una vuelta al cole improvisada
Hace ya más de un mes que las escuelas e institutos están abiertos. El caos de las primeras semanas en las que las distintas administraciones dejaron totalmente desamparados a los centros escolares que veían como se les hacía imposible cumplir los protocolos sanitarios por falta de medios ha dejado paso a los contagios, aislamientos y cierres de aulas. Ningún dato oficial del total de aulas cerradas desde septiembre, sólo cifras semanales que no dejan de aumentar.
En la semana del 19 al 24 de octubre 324 aulas andaluzas fueron cerradas con su alumnado en cuarentena por contagios a fecha de 23 de octubre, 101 más que 3 días antes (20 de octubre). A nivel estatal y por mucho que el relato impuesto por medios de comunicación y gobiernos de turno sea responsabilizarnos individualmente de los contagios por el ocio y las reuniones familiares y de amig@s, los datos oficiales muestran que mientras los brotes en ocio nocturno y en los restaurantes sólo representan ambos el 2% de los contagios, los brotes en los centros educativos representan ya el 13,6% en un momento en el que el frío aún no ha llegado en la mayor parte de Andalucía y dónde la ventilación, por el momento, es continua.
Por tanto y con el invierno a la vuelta de la esquina, no es descabellado pensar que los contagios, los aislamientos y los cierres de aula vayan en aumento en las próximas semanas. Sin embargo, la administración sigue sin tomar medidas contundentes que permitan reducir los riesgos de contagio en los centros escolares disminuyendo drásticamente las ratios, contratando más profesorado, dotando las aulas de purificadores de aire y habilitando infraestructuras públicas para descongestionar colegios e institutos y así respetar las distancias de seguridad mínima.
Las dotaciones de gel y de mascarillas son insuficientes y han llegado con el curso ya empezado. Para paliar un poco esa realidad, la administración, lejos de invertir en educación, decidió recurrir a la posibilidad de la semipresencialidad a partir de 3º de ESO. Una manera de dejar que los institutos andaluces optaran o por la seguridad o por una educación 100% presencial. Un chantaje inadmisible que trae consigo un empeoramiento de la docencia al tener que privilegiar la cuestión de la seguridad para preservar la salud de trabajador@s y estudiantes.
Esta es la realidad con la que se están topando todos los centros escolares del conjunto del estado y a pesar de eso ninguna organización sindical ha considerado necesario convocar movilizaciones y huelgas estatales por una vuelta segura al cole. En lugar de eso, y a pesar de que la problemática fuese similar en Andalucía, Madrid o La Rioja, sólo se lanzaron convocatorias de huelga de carácter autonómico.
Huelga 18S en Andalucía: un primer paso…pero sin ninguna perspectiva para seguir con la movilización
Según los sindicatos convocantes (USTEA, CGT y CCOO), la participación fue del 60%, un 75% en infantil y primaria y un 50% en secundaria y FP. Seguimiento más que aceptable si consideramos que ese día aún no habían empezado las clases en secundaria y FP. En cuanto a la movilización, la respuesta fue buena con manifestaciones en todas las provincias a pesar del llamamiento tardío, por parte de CCOO y de USTEA, a sumarse a la convocatoria de huelga realizada en verano por CGT.
La presión ejercida por las AMPAS a finales de verano negándose a llevar a sus hij@s al cole, como forma de protesta ante la falta de seguridad frente a los contagios, así como las denuncias ejercidas por parte de numerosas direcciones de centros escolares, con incluso algunas dimisiones, al considerar que no podían llevar a cabo los protocolos Covid a causa de la falta de medios, generó un caldo de cultivo determinante para dicha huelga.
Sin embargo y a pesar de todo esto, ninguna de las direcciones sindicales convocantes trataron de darle continuidad a dicha fecha de movilización y menos de manera unitaria. Algunas como la CGT, por estar más pendiente de ser la primera organización en sacar una fecha unilateral para obligar al resto a tener que sumarse y marcar puntos de cara a las próximas elecciones sindicales que en construir la huelga centro por centro y de manera unitaria; otras, como USTEA, por no entender que la herramienta de la huelga sirve para construir la movilización y que no sólo se debe de convocar cuando l@s docentes están ya movilizad@s, o como CCOO, más cómodas en llegar a acuerdos con la derecha sindical (ANPE y CSIF) y con la administración que en confrontar mediante la movilización.
Acuerdazo vergonzoso de CCOO, CSIF y ANPE con la Consejería de Educación
Las movilizaciones de inicio de curso, la huelga del 18 de septiembre y la repercusión mediática hizo que la Consejería tuviese que moverse y ofrecer respuestas. Lejos de seguir presionando, la dirección de CCOO optó por firmar un acuerdo vergonzoso que comprometía a la consejería a la contratación de 1500 docentes más para reforzar aquellos centros escolares en los que existiesen aulas con ratios ilegales, eso sí, solamente hasta 2º de ESO y hasta el 31 de diciembre.
Mediante ese acuerdo, la Consejería acaba de reconocer que en sus centros escolares existen ratios por encima de la legalidad y que a partir de ahora y hasta el 31 de diciembre solamente se va a comprometer, mediante la contratación de 1500 docentes, a cumplir con sus propias normas. Es un auténtico disparate que sindicatos acuerden con la administración a que ésta cumpla con sus normas hasta final de año sin dar respuesta a las necesidades de disminución de ratios y a la contratación de docentes en todos los niveles y etapas, inclusive a partir de 3º de ESO. Un acuerdazo que más que responder a los problemas de los centros educativos favorece a darle aire a la administración en general y a Imbroda en particular.
El 12N huelga general educativa en Andalucía: hay razones más que suficientes para movilizarse
Marea verde Andalucía ha convocado una jornada de huelga para el próximo 12 de noviembre. La segunda ola está dejando patente que los colegios e institutos son lugares en los que se dan cada vez más rebrotes y dónde alumnado, docentes y PAS se ven cada vez más expuestos a la enfermedad. La responsabilidad no es ni de la juventud por juntarse y tomarse unas cervezas ni de l@s trabajador@s por juntarse con familiares y amig@s. Ante todo, la responsabilidad es de los que nos gobiernan. De los que han recortado y privatizado durante años nuestros servicios públicos sin cambiar la tónica en plena pandemia.
Desde finales del mes de mayo es sabido por todo el mundo que en otoño llegaría una nueva oleada. Sin embargo, ni los gobiernos autonómicos ni el gobierno central han tomado medidas para impedirlo. Al igual que no se ha invertido en educación tampoco se ha hecho ni en sanidad ni en las residencias de mayores. Pronto los hospitales volverán a estar colapsados y los contagios en las residencias volverán a dispararse (más de 500 rebrotes en residencias de ancianos con más de 8600 contagiados en la actualidad) sin que los hospitales privados y sus medios sean puestos a disposición del conjunto de la sociedad y sin que se se pongan residencias de ancianos públicas y de calidad a disposición de nuestros mayores. Por no tener, no tenemos ni rastreadores. Según los propios datos del ministerio de Sanidad se están rastreando una mediana de contactos de 3. No es de extrañar, por tanto, que desconozcamos de dónde vienen el 63% de los brotes.
En nuestros centros escolares seguimos faltos de medios. L@s docentes de apoyo Covid son muy pocos y con contrataciones hasta el 31 de diciembre. Algo parecido pasa con l@s trabajador@s de la limpieza. Las mascarillas y geles llegan a cuentagotas mientras que los dispositivos prometidos para impartir docencia semipresencial son escasos o directamente inexistentes. El invierno se acerca, y con ello la elección, para aquellos centros que no se puedan permitir la compra de purificadores de aire, de seguir ventilando las aulas durante las clases y helarse de frio o cerrar las ventanas y facilitar los contagios. Es inadmisible.
Mientras tanto, la administración sigue obligando al personal de riesgo a acudir al centro de trabajo a la vez que no cumple sus propios compromisos al no sustituir con “carácter de urgencia” y “mediante llamamiento provincial telefónico” al profesorado que “como consecuencia de aislamiento o contagio por COVID-19” esté de baja imposibilitando de esa manera que el alumnado reciba sus clases durante esos días. Una situación que será cada día más común durante esta segunda ola.
En lugar de eso, la administración ya está maquinando para cambiar sus protocolos sanitarios y obligar así a l@s docentes y al alumnado a acudir al centro de estudio a pesar de haber estado en contacto estrecho con un positivo Covid Las medidas que se están barajando: disminuir el tiempo de aislamiento de un trabajador que haya estado en contacto estrecho con un positivo de 10 días (antes 14) ¡a 3 días! o dejar de confinar al conjunto del alumnado de una clase si uno da positivo y limitarse al alumnado que esté sentado a un radio de menos de 2 metros. Una serie de cambios mucho menos garantistas cuya brújula nada tiene que ver con la salud pública.
Y por si todo esto fuese poco, mientras que tod@s estamos pendiente de la pandemia y de sus consecuencias, la Consejería saca por la puerta de atrás una propuesta de nueva normativa para facilitar los conciertos de las enseñanzas de Bachillerato y de FP. Una vuelta de tuerca más que va en la línea del decreto de escolarización del curso pasado por el que el conjunto de las organizaciones sindicales llamó a la huelga educativa el pasado 4 de marzo. Así que sí que hay razones más que suficientes para hacer huelga el 12 de noviembre y para seguir movilizándonos y coordinándonos a partir del 13 en nuestros centros y más allá.