La crisis social y económica que atraviesa Haití, el país más pobre de América, asociado con un escándalo de corrupción que involucra a varios políticos y grandes empresarios, ha provocado protestas que persisten ininterrumpidamente desde el 7 de febrero, ensordecidas por los pasos del golpe de estado en Venezuela. A pesar de que fue la oposición parlamentaria la que convocó manifestaciones ese día, la actual revuelta la sobrepasa en gran medida.
Fecha simbólica, pues se celebra el aniversario de la caída de la dictadura de Duvalier en 1986, la calle hierve en todo el país. Al principio las tímidas voces de la sociedad civil se acabaron radicalizando. La cámara de comercio llamó al presidente a someterse a la decisión de un comité: la Conferencia de Pastores Haitianos (COPAH, por sus siglas en inglés). Pero formaciones políticas, profesores de universidad y sindicatos llamaron a la protesta. El comunicado de prensa de Core Group (ONU, la UE y la Organización de los Estados Americanos) que parece decir todo y su opuesto, no ayudó.
A lo largo de los días siguientes la amplitud y tono de las manifestaciones se multiplicó en Puerto Príncipe, pero también en las principales ciudades. Y el hecho de que un tanque de la misión de la ONU chocara con un vehículo de transporte público haitiano provocando varios muertos aumentó la ira y la desconfianza. Las actividades del país están desde al menos 2 semanas paralizadas: bloqueos en las carreteras, barricadas en las calles, mientras que una gran parte de las escuelas, administraciones, bancos, tiendas o estaciones de combustible permanecen cerradas.
Las escenas de saqueo y las respuestas violentas contra la feroz represión policial han quebrado los noticiarios enlatados desde Sudamérica. Las manifestaciones parcialmente retransmitidas se han convertido en los disturbios de quienes luchan contra el hambre. Los enfrentamientos contra el gobierno de l@s jóvenes de las clases populares no dan más opción a jugarse todo y la policía usa gas lacrimógeno y munición real. Siete personas ya han muerto en las barricadas a tiros por las fuerzas policiales mientras que el presidente Jovenel Moses, en el poder desde hace 2 años, permanece amurallado en silencio.
La ira popular se ha estado cristalizando no lentamente alrededor de su persona, especialmente porque la inflación ha superado el 15% desde el comienzo de su mandato. Haití está sumido en una profunda crisis política desde hace meses y los manifestantes exigen, como solo uno de los primeros pasos para resolverla, la renuncia del presidente haitiano. Un manifestante explica que cuando un gobierno no es capaz de dar comida y agua a su gente debe marcharse. “También es necesario que la burguesía decida no monopolizar toda la riqueza porque nosotr@s, a quienes nos disparan, somos más numeros@s en los barrios populares”.
La publicación de un informe del Tribunal Superior de Cuentas, a finales de enero, prendió la mecha. Revela la posible malversación de fondos por 2 mil millones de dólares del fondo Petrocaraïbe, el programa de asistencia para el desarrollo de Venezuela a Haití desde 2008. El informe señala al mismo presidente mismo como exjefe de la compañía Agritans y a unos 15 exministros y altos funcionarios. Más de 30 años después de la caída de la dictadura, una gran parte de la población de Haití aún no tiene lo suficiente para vivir decentemente: casi el 60% de los 11 millones de haitianos viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 2,41 dólares al día.
Ni el presidente ni el primer ministro parecen saber cómo lidiar mientras la población mantiene sus exigencias: salida del presidente y juicio de los culpables de malversación de fondos de Petro Caribe. De acuerdo con el moderno anglicismo en criollo, el país está “lòk” (bloqueado) y permanecerá así hasta la salida de Jovenel Moses. La extrema pobreza del país y las profundas desigualdades persistentes, así como la corrupción endémica, sacude y presiona la calle. “El presidente nos ha mentido y nos ha robado. Va a pagar por ello”.