“Hay tres tipos de violencia. La primera, madre de todas la demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres en sus engranajes silenciosos y bien engrasados. La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. La tercera es la violencia represiva que tiene por objetivo asfixiar a la segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la que engendra todas las demás. No hay peor hipocresía que llamar violencia sólo a la segunda fingiendo olvidar la primera, que la hace nacer, y la tercera que la mata.” Hélder Câmara, arzobispo brasileño
Una sentencia previsible
La sentencia del procés es ya una realidad. L@s 9 pres@s polític@s independentistas han sido condenados a penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos mientras que los otros 3 procesados que afrontaron el juicio en libertad han sido condenados a un año y 8 meses de inhabilitación especial y 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros. El Tribunal Supremo ha descartado finalmente el delito de rebelión, que por cierto ya descartaron tribunales de países europeos como el de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein en Alemania al considerar que no hubo violencia suficiente el 1-O.
Sin embargo, esto no quita que la suma total de las condenas ascienda a los 100 años de cárcel y todo eso, sólo, por organizar un referéndum en Catalunya en el que por cierto, y a pesar de la prohibición y de la represión policial, participaron más de 2 millones de catalanes y catalanas. La ausencia manifiesta de violencia (a excepción de la ejercida por la policía el 1-O) ha obligado al Tribunal Supremo a justificar el delito de sedición de forma tan amplia que cualquier protesta podría, a día de hoy, considerarse un delito de sedición.
Literalmente se considera sedición “cuando los agentes tienen que claudicar y desistir de cumplir la orden judicial de que son portadores ante la constatada actitud de rebeldía y oposición a su ejecución por un conglomerado de personas en clara superioridad numérica […] incluso mediante fórmulas de resistencia no violenta” ¿Podrían condenar también por sedición a quienes paralicen un desahucio?
Esta sentencia está provocando muchísimas movilizaciones de rechazo en Catalunya pero también llamamientos en otros lugares del estado como en Euskadi, donde sindicatos como ELA y LAB apelan a l@s trabajador@s a la movilización. También en Madrid, Asturias o Andalucía plataformas unitarias a favor del derecho a decidir han convocado ya movilizaciones en frente de las subdelegaciones del gobierno. En Catalunya, los cortes de carreteras, de estaciones de trenes o de aeropuertos están siendo la tónica a pesar de la fuerte presencia de Mossos, de policías y de guardias civiles venidos de diferentes puntos del estado para reprimir dichas protestas.
El relato del gobierno de Sánchez, del PP, de Ciudadanos, así como el de los medios de comunicación españoles y demás tertulianos es querer vincular las protestas populares en Catalunya a actos violentos asimilables incluso, para los que están más a la derecha, a atentados terroristas. Sin embargo, al igual que ya pasara el 1 de octubre de 2017 durante el referéndum, lo que está ocurriendo es una represión durísima por parte de las fuerzas policiales catalanas y españolas para tratar de acallar a quienes que se movilizan en contra de la sentencia y a favor del derecho a decidir, entre quienes podemos contar ya a herid@s graves.
Un juicio sin garantías y propio de un país tercermundista
Según un informe realizado por observadores internacionales que asistieron al juicio y mandatados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que representa a 184 organizaciones de 112 países, y por la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, que agrupa a más de 80 organizaciones, instituciones y personas en 30 países de la región, el juicio contra el procés no “ofreció las garantías necesarias para calificarlo como justo porque vulneró el principio de contradicción, utilizando pruebas de otros procedimientos inconclusos, apoyándose en testimonios estereotipados y no respetando los derechos de defensa”.
Los argumentos de estos 60 juristas de países de os 5 continentes se han centrado en cuestiones tales como:
-El principio de contradicción: el presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, no permitió que los abogados defensores pudieran contrastar los testimonios de los policías y guardias civiles con los videos de los hechos que se narraban y que no coinciden en absoluto con la versión que ofrecieron los uniformados.
-Condiciones inadecuadas de las audiencias de l@s testig@s: declaraciones estereotipadas que ponen en duda la espontaneidad y veracidad de las declaraciones.
-Presentación confusa y tardía de la pruebas a examinar: la presentación de los vídeos se realizó los últimos días del juicio sin localización, horas ni fechas, lo que imposibilitaba la verificación, así como una verdadera discusión sobre los mismos en aras del principio de contradicción.
-Ausencia de violencia civil y violencia policial “a priori”: las conclusiones de los observadores internacionales hablan de “ausencia de violencia física real por parte de la multitud” y de que “las tensiones, cuando se producen, están ligadas a la presencia de la policía que es a priori violenta”. Llama la atención, según el informe “la actitud hostil de la policía en cuanto llega a los lugares”, que no responde en ningún caso “a conductas violentas de los manifestantes”.
-Atentado fundamental al derecho de la defensa por parte del Tribunal: tal y como apuntan los observadores internacionales, “en su organización de tipo militar, el juez Marchena divide el juicio en tramos de tiempos a los cuales nadie puede oponerse”. Esto impide que los abogados defensores puedan disponer del tiempo necesario para expresarse en el interés de sus clientes sin límite ni restricción en la duración.
-Violación del derecho al juez predeterminado por la ley: los juristas internacionales recuerdan que el juez ordinario con competencia para enjuiciar a los miembros del govern y del Parlament de Catalunya corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no al Tribunal Supremo ni a la Audiencia Nacional.
Es interesante anotar que dicho informe no ha tenido ni la más mínima resonancia en los grandes medios de comunicación españoles. Pero, ¿quién a día de hoy puede sorprenderse? ¿Alguien en su sano juicio sigue pensando que el estado, la justicia y sus instituciones son neutrales y que no sirven los intereses de la clase dominante? ¿Quién se puede aún creer el cuento de la separación de poderes cuando los miembros del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es elegido por el Parlamento y por el Senado? ¿Acaso alguien se cree que el Tribunal supremo no representa los intereses políticos de las mayorías parlamentarias?
No existe otra vía diferente a la de la movilización en la calle para hacer posible el derecho a decidir
El estado español no reconoce el derecho del pueblo catalán a poder decidir su futuro. Las leyes españolas y su Constitución no permiten que se pueda llevar a cabo ningún referéndum de autodeterminación como sí se han podido llevar a cabo en otros lugares del mundo como, por ejemplo, Escocia o Québec. Por lo tanto, ¿qué otra vía puede tener la parte del pueblo catalán que quiere poder decidir sobre si sigue o no vinculada al estado español que la de la unilateralidad?
La respuesta de la mayoría del parlamento español es que esa parte del pueblo catalán se olvide de una posible consulta y asuma ya que para poder aspirar a un referéndum vinculante, primero tiene que convencer a los dos tercios del parlamento español. O lo que es lo mismo, esperar a que los burros vuelen. Ante esa situación de negación de cualquier tipo de celebración de referéndum vinculante, es normal y legítimo que se trate de presionar mediante la movilización al gobierno del estado para forzar su celebración.
Las condenas de cárcel a l@s pres@s polític@s han hecho que una parte muy significativa del pueblo catalán vuelva a salir a las calles. L@s estudiantes ya han decretado 3 días de huelga y las organizaciones de trabajador@s de la IAC y de la Intersindcal-CSC han convocado una huelga general para el viernes 18 de octubre con el fin de exigir la amnistía de l@s pres@s polític@s y para forzar al gobierno que salga de las elecciones del 10 de noviembre a que reconozca el derecho a decidir del pueblo catalán.
Para que dicha huelga general no se quede en un día y sea mayoritaria entre l@s trabajador@s de Catalunya, urge que a dicha lucha por los derechos democráticos se le una también la lucha por un programa de urgencia social que responda a las necesidades de l@s que sufrimos la crisis.
La cuestión del derecho a decidir debe ir de la mano de poder decidir sobre todos y cada uno de las cuestiones que tienen relación con nuestras vidas: ¿qué se hace con las viviendas vacías de los bancos, con los bancos que el estado rescató con dinero público, con las empresas de los sectores estratégicos y con todas aquellas que despiden y hacen cada vez más beneficios? ¿Qué se hace con las empresas que contaminan o que discriminan por cuestiones de sexo, con los servicios públicos y la obligación del pago de la deuda, con l@s inmigrantes a quienes no se les da papeles para explotarlos mejor, con las pensiones y con nuestros salarios de miseria, con las empresas que no respetan los convenios?
Queremos decidir sobre todo. Esa es la puerta que ha entreabierto la lucha por el derecho a decidir. Pero para integrar todos esos elementos a dicha lucha es necesario asumir que esa estrategia entra necesariamente en contradicción con los Torra, Puigdemont y Torrent que no tienen ningún problema en aplicar políticas de austeridad y aprobar presupuestos antisociales cuando gobiernan a la vez que no tienen ningún interés en construir una República en la que l@s trabajador@s decidan sobre todo y pongan en entredicho los privilegios de los ricos sean o no independentistas.
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR apostamos por ese camino y creemos firmemente que ese el mejor para poder imponer al estado español el derecho de autodeterminación y para que l@s trabajador@s de Catalunya construyan una República catalana en la que seamos quienes producimos las riquezas l@s que decidamos sobre todo.
¡No a la sentencia y alto a la represión del estado español!
¡Solidaridad con la lucha del pueblo catalán!
¡Por la huelga general sostenida en Catalunya y por movilizaciones de solidaridad en el resto del estado español!