La última semana de septiembre el gobierno de coalición italiano dio un paso más en su más que peligrosa escalada protofascista con la aprobación en el consejo de ministros, a iniciativa del ministro de Interior y hombre fuerte del gabinete, del decreto de inmigración y seguridad, conocido como Decreto Salvini. Éste se compone de 2 títulos gravísimos de un total de 3: el primero sobre la reforma del derecho de asilo y de ciudadanía, el segundo de seguridad, la prevención y contraste de la criminalidad organizada.
Este paquete de alto calibre es una vuelta de tuerca a las políticas migratorias de los gobiernos italianos: abole definitivamente la protección humanitaria e introduce otras restricciones para l@s extranjer@s que llegan a Italia. En los últimos días habían circulado muchos avances del decreto, junto a voces también incómodas y desacuerdos con su contenido por parte del Movimento 5 Stelle y de dudas desde presidencia de la República sobre el hecho de que tenga los requisitos de urgencia que son necesarios para aprobar un decreto ley, pero no acerca de su contenido netamente xenófobo.
“Este decreto, aprobado por unanimidad, demuestra cuánto eran de inexistentes las tantísimas polémicas que hemos leído estos días en los periódicos”, explicó su valedor Matteo Salvini en la multitudinaria rueda de prensa, que especificó: “Se trata del decreto ley más compartido, modificado y actualizado de la historia al menos de este gobierno. El texto no está blindado, llegará al parlamento donde podrán hacerse cambios importantes”.
Al principio, los decretos deberían haber sido 2 bien diferentes en contenido por su naturaleza: uno sobre inmigración y un segundo sobre seguridad y bienes confiscados a las mafias, pero la última semana se limaron algunos aspectos y se fusionaron en uno. A nadie se le escapa que de forma bien consciente en Italia la vinculación de las políticas migratorias con la delincuencia y criminalidad van estrechamente de la mano para el gobierno Di Maio-Salvini sin ser paradójicamente ellos sus propulsores. Es sencillamente un abominable presupuesto del que se parte sin el cual este decreto no sería el que es.
Abolición de la protección humanitaria
El primer artículo contiene nuevas disposiciones en materia sobre la concesión de asilo y de hecho prevé la derogación de la protección por motivos humanitarios que estaba prevista en la única ley migratoria vigente hasta ahora, que por otra parte queda ya prácticamente abolida con la aprobación de este decreto. Hoy la ley prevé que la jefatura de policía otorgue un permiso de residencia a ciudadan@s extranjer@s que presenten “serios motivos, en particular de naturaleza humanitaria o resultado de obligaciones constitucionales o internacionales del estado italiano”, o bien a personas que huyen de emergencias como conflictos, desastres naturales u otros eventos particularmente graves en países no de la UE.
Con el decreto Salvini este tipo de permiso ya no se concederá por las jefaturas de policía o comisiones locales, ni por tribunales tras una apelación contra la denegación. En cambio se introducirá un permiso de residencia para “casos especiales”, es decir, para algunas categorías de personas: víctimas de violencia machista o explotación laboral grave (a este supuesto se agarra el Movimento 5 Stelle para señalar lo progresista del decreto), para necesitad@s de tratamiento médico concreto por estado grave o provenientes de situación de calamidad.
Los motivos de estas restricciones los explicó en la presentación del decreto el presidente del consejo de ministros, el “policía bueno” en un medido y ensayado reparto de papeles para no evadir la responsabilidad de la medida: “Debería ser una disposición residual, pero en Italia se ha otorgado en el 26% de los casos, más que en los otros países de la UE en comparación con el 7% del derecho de asilo. Con nuestra llegada al gobierno, la concesión de este tipo de protección ha caído al 21% y ahora caerá aún más”. Luego publicó los datos sobre la concesión del derecho de asilo:” Se han reducido de 105 a 42 mil las solicitudes globales y las aceptadas fueron el 33%”.
Extensión temporal y más fondos para la retención de solicitantes de asilo e inmigrantes
El artículo 3 del nuevo decreto prevé que l@s solicitantes de asilo puedan ser retenid@s por un período máximo de hasta 30 días en los llamados hotspot para determinar su identidad y ciudadanía. Además, el solicitante de asilo puede ser retenido por un máximo de 180 días dentro de los centros de residencia para repatriación (CRP). El artículo 4 establece que l@s inmigrantes irregularidades pueden mantener retenid@s en las oficinas fronterizas, además de los CRP, en caso de que no haya disponibilidad de espacio en los CRP y con la autorización del juez, a solicitud del jefe de policía.
Hasta ahora la ley de inmigración obligaba que l@s inmigrantes que fueran retenid@s en los centros de residencia para repatriación, los antes CIEs, en espera de su devolución podían permanecer hasta un máximo de 90 días. Con el decreto Salvini queda duplicado el tiempo de reclusión. Del mismo modo hay un importante respaldo económico a esta nueva legislación racista, pues el gobierno dota de más fondos para las repatriaciones: 500 mil euros este año, un millón y medio en 2019 y otro millón y medio en 2020.
Denegación de la condición y acogida de refugiad@
El decreto de inmigración y seguridad extiende la lista de delitos necesarios para la revocación del estatus de refugiad@ o de protección subsidiaria y por lo tanto provocan la expulsión inmediata: violencia sexual, producción, posesión y tráfico de drogas, robo y extorsión, hurto hurto en residencia, amenaza o violencia a un funcionario público. La solicitud también puede suspenderse cuando el solicitante se encuentre en un proceso penal por uno de los delitos que daría lugar a la denegación de asilo en sentencia definitiva. Si el refugiado regresa a su país de origen, aunque sea temporalmente, perderá la protección internacional y subsidiaria.
Esta denegación de solicitante de asilo por delitos de este tipo debería producirse tras una sentencia de primera instancia, aspecto muy discutido por algunos abogados al poder conllevar el riesgo de ser inconstitucional, pues hasta el tercer grado está reservada para toda persona la presunción de inocencia. La teorización sobre la que orbita la justificación de la ley gubernamental, la criminalidad intrínseca de la inmigración irregular, que impregna la letra de todo el decreto, se hace aquí más evidente.
El sistema de recepción y protección de solicitantes de asilo y refugiados (SPRAR), el sistema de protección ordinario o “segunda acogida” que gestionan los municipios italianos, se limitará solo a aquéllos que ya cuentan con una protección internacional o a l@s menores extranjer@s no acompañad@s. Más tarde este sistema será redimensionado y cambiará de nombre.
Reforma de la ley de ciudadanía y medidas adicionales
El decreto de Salvini establece una modificación de la ley italiana de ciudadanía, que data de 1992. De facto se convierte así en una norma similar a la que fue aprobada no sin contestación por el gobierno de Hollande en Francia hace 2 años en el marco del estado de emergencia tras los atentados yihadistas de París y que prevé la denegación de la ciudadanía a personas consideradas peligrosas para el estado. Por lo tanto se trata de una medida de carácter preventivo y que podrá ser empleada como herramienta coercitiva incluso contra adversarios políticos por parte del gobierno.
La solicitud para la adquisición de la ciudadanía italiana a partir de ahora puede ser rechazada incluso si fuera presentada por quienes se casaron con un ciudadano o ciudadana italianos. La principal novedad en este aspecto es que hasta ahora las peticiones de matrimonio no podían ser rechazadas. La contribución requerida para tal solicitud aumenta de 200 a 250 euros, y el plazo para la concesión de la ciudadanía se extiende hasta 48 meses, tanto para la residencia como para contraer matrimonio. También se presenta la posibilidad de negarla a condenad@s en sentencia firme por delitos relacionados con el terrorismo.
Pero el decreto-ley de excepción de Salvini y Di Maio no se queda ahí, sino que contempla el uso de medidas adicionales como las que siguen en el contexto de “lucha contra el terrorismo”. El artículo 17 se amplían las hipótesis de delito que permitirían a un juez adoptar procedimientos excepcionales como el de alejamiento o expulsión de la localidad de residencia o la apertura de trámite de salida del país y prevé el uso del brazalete electrónico. El artículo 21 establece que la policía municipal en localidades de más de 100 mil habitantes puede hacer uso del taser, arma de descargas eléctricas.
El daspo, la prohibición actual de acceder a eventos deportivos, se extenderá con esta ley a sospechos@s de delitos relacionados con el terrorismo, por lo tanto un nuevo instrumento al arbitrio del poder ejecutivo para liquidar toda contestación política. El llamado “daspo urbano”, introducido ya en 2017 por el Decreto Minniti, ministro de Interior de los gobiernos de Renzi y Gentiloni, se podrá aplicar también en los centros de salud, en áreas en que se desarrollen ferias, mercados, conciertos, manifestaciones y demás espectáculos públicos. En definitivo, bloquear la vía se convierte en delito en lugar de falta administrativa.
La vergogna italiana: hacia un régimen racista y securitario
El gobierno de coalición avanza con este decreto en la construcción de un marco normativo antinmigración y de demarcación del disenso político, determinando quiénes son enemigos públicos tanto en el interior como desde el exterior de Italia y apoyándose peligrosamente en la defensa del estado frente a cualquier sospechos@ de atentar contra su integridad o interés. Aunque el objetivo primordial de su redacción era ajustar cuentas con la inmigración – no en vano la demolición de la protección humanitaria fue y será la bandera de la Liga en campaña – es una preciosa joya para limitar las libertades y los derechos democráticos.
Llegad@s a este punto de difícil retorno, con la debilidad de una oposición parlamentaria más titubeante que decidida, el Partido Democrático y Liberi e Uguali, que en los precedentes gobiernos pusieron las bases para que la bestia sacara su programa de máximos, resulta enormemente frustrante que ante esta emergencia democrática el mundo del trabajo y el que cotidianamente se enfrenta remangándose las manos al drama de la acogida de refugiad@s no se hayan puesto de acuerdo al día siguiente de la promulgación en organizar la resistencia.
Llega tarde la manifestación estatal programada para el 10 de noviembre en Roma, que debe superar en asistencia a la de Macerata para ser mínimamente tenida en cuenta. Será la primera respuesta en las calles a las políticas racistas del gobierno Di Maio-Salvini en un otoño que hasta el momento ha sido demasiado frío en el plano del músculo social. Porque, a pesar de la alfombra roja que otras leyes pusieron, hay un antes y después de este decreto: es una normativa salida de la mano segregacionista que pronuncia en voz alta “Primero los italianos”, viola gravemente los derechos humanos y es un mazazo represivo contra las libertades. La desobediencia, la lucha y la organización contra los primeros gateos del fascismo no se pueden posponer. Nos va la democracia en ello.