Movilizarse y salir a la calle para poder decidir…es legítimo
A un año del referéndum del pueblo catalán, las instituciones y los partidos del régimen del 78 no paran de repetir a bombo y platillo que no es legítimo exigir el derecho a decidir. Pero como las movilizaciones no menguan, pues se dedican a decir que l@s manifestantes son un@s violent@s. Un argumento, por cierto, muy recurrido por los que nos dirigen.
Cuando nos manifestamos en Madrid hace ya más de 4 años en las Marchas de la Dignidad para exigir pan, trabajo y techo ya nos lo decían, al igual que cuando ocupamos las plazas en el 15M acusándonos de desórdenes públicos, cuando nos ponemos en huelga y hacemos piquetes para defender nuestros puestos de trabajo, lo mismo, o cuando nos oponemos a cualquier desahucio. Somos violentos y gente peligrosa. Algo parecido les pasa ahora a los y las catalanas que se movilizan en las calles para conseguir que les dejen votar y decidir su futuro.
En esa línea están tanto PP como C’s. El flamante presidente del PP ha llegado incluso a decir que “no se puede dialogar con una pistola en la mesa” refiriéndose a los independentistas catalanes para acabar afirmando unos días más tarde que había que aplicar la ley de partidos contra la “kale borroka” en Catalunya o lo que es lo mismo: ilegalizar a los CDR, CUP y demás organizaciones políticas o sociales que luchan en la calle por el derecho a decidir. A esa “fiesta” se ha sumado rápidamente C’s e Inés Arrimadas que no quiere aparecer menos nacionalista española que Casado afirmando que los CDR son “comandos separatistas violentos”.
Sin embargo, ninguna mención por parte de C’s ni del PP de la violencia ejercida por el Estado y por la policía durante el referéndum del 1-O para impedir que la gente fuese… a ¡votar!. Y no lo decimos nosotr@s, lo dice un juez, que investiga la “actuación” policial y ya tiene imputados a varios agentes. Censura con contundencia en su auto la intervención policial responsabilizando a los policías y no a los votantes de la violencia: “Se observa como los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas de allí congregadas” (…) “iniciando una situación violenta” (…) “hasta el punto de observarse a personas empujadas por el suelo, una persona con la cabeza ensangrentada y un agente golpeando con su defensa (la porra) en la cara de las personas que ya estaban desalojadas”.
Al igual que también lo dice el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, al afirmar que quedó “consternado por la violencia durante el referéndum sobre la independencia en Catalunya en octubre” para acabar añadiendo que “ante lo que parece ser un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, es cuestionable la caracterización que hizo el Gobierno de la actuación policial como una medida legal, legítima y necesaria”.
El govern de Catalunya no sabe por dónde tirar y el de Pedro Sánchez tampoco…
La reciente división en el seno del govern sobre la cuestión de la suspensión de sus diputados y de la delegación de su voto refleja a las claras que dicho govern no tiene acuerdo sobre qué orientación política llevar a cabo a un año del referéndum. Está claro que existen divergencias en su seno, pero lo que predomina es que, por un lado, dan por cerrada la estrategia de la unilateralidad y de la proclamación de la República prefiriendo una solución que vaya en la dirección de un mayor autogobierno pero, por otro, que saben que esa postura les aleja de gran parte de l@s que este otoño pasado se han movilizado y siguen haciéndolo ahora.
Eso explica los vaivenes: por un lado manda a los Mossos a cargar contra los manifestantes cuando se movilizan en Barcelona en contra de los policías que conmemoraban la actuación policial del referéndum del 1-O y por otro anima a los CDR a salir a la calle diciéndoles por boca de Torra, president de la Generalitat, “amigos CDR, hacéis bien en apretar”.
Estos cambios no son casuales. Ocurren justo después de que los CDR hayan exigido la dimisión de Torra y de Buch (conseller de Interior) a la vez que los llamasen “traidores”. Eso también explica que un día después del aniversario del 1-O, Torra emplazase a Pedro Sánchez a buscar una fórmula para que “los catalanes puedan ejercer su derecho a la autodeterminación” antes de noviembre y que en el caso contrario, no podrá garantizar “ningún tipo de estabilidad” al gobierno Sánchez en el Congreso.
El gobierno del PSOE ha tenido que salir a la palestra de esas declaraciones afirmando que “no aceptan ultimátums” y que siguen “apostando por el diálogo”. La propuesta de Sánchez a día de hoy sigue siendo la de un referéndum de autogobierno pero en ningún caso de autodeterminación. A eso es a lo que tiene que responder el govern de Catalunya con los juicios de los presos políticos aún por celebrarse. ¿Está o no dispuesto a pasar definitivamente la hoja del derecho a decidir y centrarse en la cuestión de mayor autonomía? Eso dependerá mucho de lo movida que estén las calles en Catalunya.
El derecho a decidir en Catalunya sólo puede hacerse efectivo mediante movilizaciones masivas
La propuesta de PODEMOS de llevar a cabo un referéndum pactado entre el Estado Español y Catalunya es un bluf. Ni las instituciones, ni los partidos del régimen del 78 están dispuestos a ese acuerdo. Como con tantas otras cosas, hay que arrancárselo mediante la movilización. Si nuestros mayores están a punto de conseguir la subida de las pensiones al nivel del IPC, no es porque de pronto se les haya ocurrido en el Pacto de Toledo. Ha sido fruto de la movilización y de ella dependerá que se haga definitivamente efectiva y que se mantenga en el tiempo.
Con el derecho a decidir pasa lo mismo. El régimen del 78, sus instituciones y los que controlan las riquezas no tienen ningún interés en que eso ocurra ya que podría en primer lugar poner en tela de juicio instituciones como la Monarquía y en segundo lugar abrir la puerta para que los y las catalanas puedan decidir sobre todo. Qué tipo de República catalana, qué servicios públicos, qué pensiones, qué modelo de viviendas, qué derechos laborales, qué salarios, etc. Eso es lo que de verdad temen los que nos gobiernan en el resto del estado español y eso es lo que a nosotr@s debe animarnos a solidarizarnos con su lucha.
Los CDR ya han mostrado el camino saliendo a la calle y movilizándose para exigir el derecho a decidir. Organizaciones políticas y sindicales catalanas como la CUP, COS o SEPC declaran que el único camino es la movilización y ligar la lucha por el derecho democrático a la lucha por la transformación social. Esa es la forma de unificar a los y las que sufren la crisis del sistema capitalista en Catalunya por los derechos democráticos. En el resto del Estado los y las trabajadoras tenemos mucho más que ganar con la movilización del pueblo catalán si ésta incluye unas mejoras de sus condiciones de vida.
Los que no lo ven así son los grandes bancos y las grandes empresas del IBEX 35 que temen que una lucha por un derecho democrático pueda desembocar además en una lucha por cuestiones sociales que pongan en peligro sus intereses. Ese debería ser el discurso de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda estatal en lugar de contribuir a la desmovilización defendiendo orientaciones que legitiman el régimen del 78. Las organizaciones políticas y sindicales de Catalunya que defienden el derecho a decidir y la movilización deben cuanto antes convocar una huelga general como la del 3 de octubre pasado que ayude a desarrollar aún más a los CDR en los barrios, centros de estudios y de trabajo y a ligar las demandas sociales a las democráticas.