El pasado 28 de septiembre el Consejo de ministros aprobaba la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que pasa de los 950 a los 965 euros al mes. Tanto Yolanda Díaz como el resto de ministros de Unidas Podemos anunciaban a bombo y platillo una medida que no sólo es insuficiente, sino que además supone una pérdida de poder adquisitivo de l@s trabajador@s.
Apenas un día después de este anuncio conocíamos que la inflación alcanzaba su cota más alta de los últimos 13 años hasta situarse en el 4%, impulsada sobre todo por el imparable ascenso del precio de la luz. En cambio, el SMI solo se ha visto incrementado en un 1,6%. Las cuentas no fallan: la pérdida de poder adquisitivo es del 2,4%.
Estos datos ponen en evidencia una terrible realidad. Una vez más el peso de la crisis recae sobre nuestras espaldas. Porque mientras el mecanismo de los ERTE permite mantener casi intactos los beneficios de las grandes empresas, financiando con dinero público el salario y las cuotas a la Seguridad Social de sus plantillas, l@s trabajador@s volvemos a apretarnos el cinturón.
Todo ello mientras Yolanda Díaz se jactaba de haber puesto en marcha un gran “escudo social” para proteger a los más débiles. Sin embargo los datos dejan en evidencia a la ministra. Sólo en el segundo trimestre de 2021 se produjeron más de 11.000 desahucios -en los 6 primeros meses del año fueron más de 22.500- lo que supone el triple de ejecuciones si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. El precio de la luz se incrementó en un 195% durante el mes de agosto, alcanzando cifras nunca vistas, y los despidos en grandes empresas se cuentan ya por decenas de miles a pesar de la supuesta prohibición del gobierno. Sólo entre enero y mayo más de 30.000 trabajador@s se vieron afectados por un ERE, lo que puede darnos una ligera idea de la magnitud del problema.
La otra cara de la moneda la protagonizan las grandes empresas como Iberdrola, que durante los 6 primeros meses del año obtuvo un beneficio neto de 1.531 millones de euros, o el Banco Santander, que durante el mismo periodo alcanzó los 3.675 millones de beneficio atribuido.
Con estas cifras en la mano cabe preguntarse en qué se diferencia la gestión de esta crisis de la de 2008. Lo cierto es que, aunque el autodenominado gobierno más progresista de la historia haya presumido de poner en marcha una gestión “más favorable” para quienes más lo necesitan y para “no dejar a nadie atrás”, el resultado es el que ya conocemos: rescate con dinero público para las grandes empresas y pérdida de derechos para l@s de siempre.
Y es que no se trata únicamente de una cuestión de intenciones. Para encontrar una salida a la crisis favorable para la clase obrera, es necesario enfrentarse a quienes acaparan la riqueza. Algo que Yolanda Díaz y el resto de señorías de Unidas Podemos no parecen dispuestos a hacer.
Prueba de ello es que la ministra de Trabajo ha apostado de manera constante por el diálogo en lugar de la confrontación, poniendo en marcha una política de acuerdos que, lejos de representar una mejora sustancial en las condiciones laborales y de vida de la mayoría, solo nos ha conducido a una situación de precariedad y pobreza. De esta manera se demuestra que resulta imposible gestionar las migajas de un sistema basado en la explotación de las personas y la naturaleza para el beneficio de unos pocos.
Así, consignas como “O con la patronal o con la clase obrera” cobran hoy más sentido que nunca. La propia naturaleza del sistema capitalista se basa en la existencia de 2 clases antagónicas cuya relación pasa por la explotación de la una sobre la otra. Por tanto, un gobierno que pretenda mejorar las condiciones de vida de la parte explotada sin acabar con dicha explotación, nunca será un gobierno de los y las trabajadoras.