Con el anuncio de la operación abierta por la Guardia Civil esta misma mañana dirigida desde la Audiencia Nacional y la imputación de los delitos de rebelión y terrorismo a al menos 8 personas miembros de los llamados CDR o Comités de Defensa de la República, el estado concentra e intensifica las cotas de represión política. 2 personas siguen a estas horas detenidas acusadas de promover y coordinar las acciones de protesta en carreteras y peajes la pasada Semana Santa y cortes de vía pública en Barcelona en las dos últimas visitas del rey.
La Fiscalía ya había advertido que iba a poner toda su atención en las únicas estructuras que han apelado a la movilización desde antes del 1 de octubre para defender los derechos democráticos frente a la aplicación del 155 y su artillería de medidas represivas y la liberación de las y los presos políticos y el regreso de exiliados a Catalunya. Después de la orden del juez Llarena de pedir prisión incondicional a exconsellers y la detención de Puigdemont, son los CDR, espacios de base coordinados para la movilización que parecen mantener una autonomía con respecto al PdeCAt y ERC y los que han tomando el relevo de Omnium y la ANC, el objetivo del estado para acabar con toda expresión social de disidencia.
Las movilizaciones convocadas por los CDR la misma tarde del 23 de marzo han abierto un nuevo y muy necesario calendario de movilización en el que la huelga general, herramienta de la que se sirvieron exitosamente el 3 de octubre y el 8 de noviembre, nunca ha estado descartada y creemos que en ella debe desembocar. Es más que necesaria una hoja de ruta de clase e independiente a la brújula de las instituciones. Sus legítimas acciones de desobediencia parece que acertadamente responderán a cada uno de los ataques del estado hasta el fin del 155 y con ellas debemos expresar toda la solidaridad desde el resto del estado español.
Con la operación iniciada hoy que acusa a los CDR de instigar a la población de Catalunya a actos penados con delitos de rebelión y terrorismo, tutelada por el mismo ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, comprobamos una vez más como desde hace menos que el proceso soberanista abierto a inicios del curso político, y con enfrentamiento con el estado español desde el 1 de octubre, sirve como excelente laboratorio de pruebas para medir tolerancia ante unas medidas de excepcionalidad similares a la que sólo conocíamos en Euskal Herria.
Valoramos de enorme gravedad, también para el conjunto del estado español, el incremento de la criminalización y la persecución política de toda acción que disiente del acuerdo del gobierno de Rajoy y la Fiscalía, PSOE y Ciudadanos que los ha llevado a actuar contra el libre ejercicio al derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya. La violencia política que vimos desplegarse en los colegios electorales del 1 de octubre se sigue dirigiendo contra la autoorganización popular y las acciones de desobediencia y resistencia civil de las clases trabajadoras y la juventud que representan los Comités en Defensa de la República.
Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR no podemos más que solidarizamos y expresar todo nuestro apoyo con las y los detenidos y el conjunto de los CDR, denunciar toda represión y criminalización y llamar al conjunto de las organizaciones políticas y sindicales del estado español a movilizarse y alejarse de todo tacticismo electoral y calculada ambigüedad a la hora de defender las libertades políticas y los derechos democráticos y sociales del pueblo de Catalunya.
Si atacan a los CDR atacan nuestros derechos a la desobediencia, a la lucha y a la movilización. Respondamos con la máxima unidad a la represión y criminalización.