Desde el 15 de junio, 5 trabajadores y una trabajadora del Centro de Atención al Usuario (CAU) de la Universidad de Granada se encuentran en huelga indefinida, luchando para mantener sus puestos de trabajo.

Estos trabajador@s llevan años (algunos más de una década) cubriendo el soporte informático de la universidad (resolución de averías y demás incidencias telemáticas) con excelentes resultados y funcionamiento, como así lo reconoce la Comunidad Universitaria. Tras años de servicio para la UGR y tras un cambio en la empresa adjudicataria que ofrece el servicio desde el 1 de julio, estos 6 trabajador@s no han sido subrogad@s y se encuentran en la actualidad en una situación de desempleo, lo que en la práctica se traduce en un despido que quebranta el derecho de los trabajadores a ser subrogados, como así recoge el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta situación se da con el beneplácito de la propia universidad, última responsable de las condiciones laborales de todo el personal que ofrece servicio en la institución sea directa o indirectamente. La rectora y la gerente no sólo no recogieron de forma explícita en el pliego de condiciones la necesidad de la subrogación y sino que no han velado en ningún momento por el mantenimiento de los puestos de trabajo de est@s trabajador@s, a quienes se los ha tratado como mano de obra de usar y tirar, que han tenido una dedicación extrema en estos meses de pandemia y a quienes ahora se les deja en la estacada.

El otro responsable no es otro que el empresario sevillano Ignacio Soto, de la empresa GPIC, que desde el primer momento anunció la no subrogación de los 6 trabajador@s, cuya explicación no se entiende si no es por la sustitución de los mismos por personal en formación, ahorrando así en costes de personal sin importarle lo más mínimo la calidad del servicio.

Esta es la lógica privatizadora de la gestión institucional del PSOE, que maneja lo público como si de su cortijo privado se tratara y en la que prima el beneficio empresarial sobre la calidad del servicio. La rectora y su equipo de gobierno son conscientes que sin un soporte informático de calidad la universidad no funciona. Y no es posible un servicio de calidad sin una estabilidad laboral y unos puestos de trabajo dignos. La calidad docente y la excelencia investigadora de la que tanto gusta presumir a la rectora hemos de exigírsela a ella en calidad en la contratación y excelencia en las condiciones de trabajo. Y eso pasa necesariamente por acabar con las subcontratas y las empresas privadas en el seno de la universidad, cuyo único objetivo es la búsqueda del máximo beneficio económico empresarial sin importarles ni el servicio ni los puestos de trabajado.

Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR nos solidarizamos con l@s 6 trabajador@s del CAU en su lucha y l@s acompañaremos en las concentraciones que sean necesarias. Exigimos la subrogación de sus puestos de trabajo y la salida de las empresas de la universidad. Por los derechos de l@s trabajador@s, por los puestos de trabajo, por una universidad 100% pública. Solidaridad con l@s 6 del CAU.

¡Basta ya de empresas carroñeras en los servicios público!

¡El dinero público a lo público, ni un euro más a las empresas privadas!