El cupo vasco y la aprobación de los presupuestos
Tras la aplicación del artículo 155 en Catalunya y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre estamos presenciando como las diferentes fuerzas políticas en el conjunto del Estado español intentan retomar la “normalidad” pero moviendo fichas para salir reforzados de esta situación. El reciente acuerdo sobre el cupo vasco es una clara muestra de ello. El PNV ha aprovechado el miedo que tiene el Régimen a encontrarse en un escenario en el que la crisis en Catalunya siga latente y en el que además no tengan capacidad de aprobar los presupuestos de 2018, para ganar un pulso que la burguesía vasca venía reclamando desde hace años. Las diferentes fuerzas que han votado a favor de este cupo, salvo el PNV y el PP, lo han planteado como un cuestión ajena a los presupuestos de 2018. El sí “crítico” de Unidos Podemos se argumentaba en que lo apoyaban“por ser un derecho ganado por el pueblo vasco”, dejando de lado que la aprobación de este cupo es la piedra que la faltaba al PP para sacar adelante los presupuestos, así como una forma de evitar el “contagio” de la cuestión catalana en el País Vasco. La oposición de Compromís, lejos de ser una afrenta a los presupuestos, partía del hecho de que no se aseguraban con este cupo las financiaciones al resto de autonomías, lo cual tiene elementos comunes con la crítica de la que partía Ciudadanos.
Las autonomías y el Régimen del 78
Al igual que el resto de los pilares de la Constitución, la articulación territorial salida de la Transición no da respuesta en ese momento a las legítimas aspiraciones de los pueblos del conjunto del Estado español. Los movimientos masivos, las luchas y las huelgas que se extienden por Catalunya, el País Vasco, Galiza pero también Andalucía, Canarias, etc. durante los años 70 partían de que más soberanía conllevaba una mejora de las condiciones de vida, algo que el Estado autonómico no solo no consigue sino que, como se muestra en la actualidad en Catalunya, es claramente insuficiente y supone un cierre en falso de elementos muy arraigados en el conjunto de los pueblos del Estado español. Durante estos últimos 40 años hemos presenciado como las autonomías se han convertido en un “fortín” para que las burguesías catalanas o vascas (pilares también del Régimen del 78) tengan una capacidad de negociación mayor respecto a la burguesía española y sus diferentes gobiernos, así como una válvula de escape por la que difuminar las aspiraciones de las naciones oprimidas. También hemos asistido en territorios como Andalucía (acogida también al artículo 151 de la Constitución) como la autonomía ha permitido al PSOE establecer una red con bases sociales muy sólidas que en ningún momento han pretendido dar respuesta a cuestiones como la cuestión agraria, la precariedad laboral, el paro o el acceso a la vivienda.
Partiendo de este breve balance histórico es importante tener en cuenta a día de hoy, con la brecha tan grande que ha abierto la cuestión catalana y a la luz de las posiciones de la burguesía catalana o vasca, que no es lo mismo luchar por más atribuciones autonómicas que por el derecho de autodeterminación de los pueblos. El hecho de defender el cupo vasco por Unidos Podemos o la posición de líderes autonómicos de Podemos como Teresa Rodríguez planteando la necesidad de más autogobierno autonómico en Andalucía no vienen a resolver qué se hace con ese cupo o con ese autogobierno andaluz. Como extraemos de estos últimos 40 años el problema central de la clase trabajadora no se centra en qué competencias se transfieren a tal o cual gobierno autonómico sino en cómo se reparte la riqueza, cómo se reparte el trabajo para acabar con el paro, cómo se aseguran los servicios públicos, el acceso a la vivienda, etc. Elementos centrales que los capitalistas en el Estado español y sus diferentes gobiernos blindaron a través del pacto constitucional.
La clase trabajadora tiene que defender el derecho a decidir y acabar con el Régimen y los capitalistas.
Por lo tanto, cuando se habla de reformar la constitución del 78 en ningún caso se refieren a modificar esos ejes centrales para la clase trabajadora que hemos señalado más arriba, sino que se trata de intentar cerrar la crisis abierta con la cuestión nacional y estabilizar el Régimen. Es por eso por lo que, aunque puedan parecer totalmente opuestos, el proyecto federal y la propuesta de la mayor centralización del Estado español cumplen esa función de estabilidad y paz social necesaria para mantener los beneficios de unos pocos a costa del resto.
Así pues, l@s trabajador@s no pueden albergar ninguna esperanza en que las reformas de los marcos territoriales por sí solos vayan a solucionar sus problemas No hay otra alternativa que la que sea la propia clase trabajadora la que ponga encima de la mesa sus reivindicaciones utilizando para su imposición sus propios métodos que no son otros que la movilización y la huelga. Frente al intento de estabilizar el Régimen, debemos dirigir nuestros esfuerzos al objetivo contrario, aprovechando cualquier brecha abierta para ampliarla y debilitar la posición dominante del Régimen del 78 y los capitalistas. El proceso catalán sigue siendo hoy una de las mayores oportunidades para lograr ese objetivo y por eso es necesario generar un movimiento masivo de solidaridad en el resto del Estado español que, frente a los acuerdos entre burguesías y los lavados de cara del Régimen que se proponen desde Unidos Podemos, aúnen el derecho a la autodeterminación al resto de demandas surgidas en las calles.