Girona. Plaça del Vi. Concentració en suport als resultats de l’1 d’octubre i a favor de la República Catalana.
La represión del Estado (capitalista) español en Catalunya frente a la movilización social por el derecho a decidir y el avance en las libertades democráticas muestra el carácter reaccionario y caduco del régimen del 78. Un régimen político producto de una injusta Transición desde un régimen fascista. Esta represión estatal se está desarrollando mediante instrumentos policiales y paramilitares (guardia civil), judiciales, legislativos y ejecutivos, y se está plasmando en agresiones policiales, sanciones administrativas aplicando la Ley Mordaza, detenciones y encarcelamientos por el desarrollo de prácticas políticas, y la imposición arbitraria y autoritaria del artículo 155 de la constitución española destituyendo al Govern catalán y convocando elecciones en Catalunya desde el gobierno central.
El encarcelamiento de parte del Govern y los líderes de las organizaciones cívicas Omnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana por realizar actividades políticas de forma pacífica muestra los estrechos límites de la constitución española. Unos límites que no permiten la mejora de la limitada democracia burguesa surgida de la Transición. Una democracia que es aún más limitada por el gobierno conservador y de tendencia autoritaria del Partido Popular, con el necesario apoyo del PsoE y Ciudadanos (Cs).
Este aumento de la represión estatal en Catalunya abre las puertas a mayor represión en el resto del Estado español. Proceso represivo que ya venía agravándose desde que el Movimiento 15M, las Marchas de la Dignidad y varias huelgas generales sacaron a millones de personas a las calles contra la corrupción, por avances democráticos y contra la austeridad y sus recortes sociales. Pruebas de este aumento represivo a nivel estatal son, por ejemplo, la Ley Mordaza y las detenciones, procesamientos y encarcelamientos de sindicalistas. La reciente intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública es una prueba más de este aumento represivo y autoritario que afecta principalmente a activistas sociales, pero también a instituciones gobernadas por el nuevo reformismo. En este contexto, luchar contra la represión estatal en Catalunya es, más allá de mostrar solidaridad, una necesidad política en la defensa de las libertades democráticas de la población trabajadora en todo el Estado.
Desde hace unas semanas, nos encontramos con una Catalunya intervenida por el artículo 155, con el President en Bélgica solicitando asilo político, con gran parte del Govern en prisión y unas elecciones ilegítimas convocadas para el 21 de diciembre, las cuales dejan abiertos varios escenarios. Por otro lado, hemos vivido dos huelgas generales exitosas: el 3 de octubre y el 8 de noviembre, en el cual se bloquearon carreteras, vías de tren, y otros medios de transporte y empresas, con seguimiento masivo en sectores como el educativo, y todo ello encabezado por los Comités en Defensa del Referéndum / República (CDR), organizados por lxs trabajadorxs y lxs estudiantes. El conflicto político catalán nos deja una población catalana que se posiciona masivamente en contra de la situación de represión que está viviendo.
Tenemos que tener claro que el Govern está en un pulso en el cual ha declarado simbólicamente la independencia por la presión que se ha generado en la calle a través de las distintas movilizaciones y huelgas, y por la negativa del PP de dar una salida negociada al conflicto. Es este movimiento autoorganizado el que tiene en sus manos la decisión final sobre el futuro de Catalunya, pero requiere también de la solidaridad de la población trabajadora del resto del Estado. En este sentido, el papel que han jugado Podemos e IU (Unidos Podemos) ha sido nefasto. Por un lado, han llamado a garantizar un referéndum pactado, lo que supone que PP, PsoE y Cs lleguen a un acuerdo para la modificación de la Constitución, es decir, lo que supone una vía muerta, no una salida real. Por otro lado, han llamado en todo momento a respetar las leyes y las instituciones, e incluso a no votar el 1 de octubre y a no secundar la huelga del 8 de noviembre. Con todo ello, han reforzado el rechazo al movimiento catalán en el resto del estado y fortalecido la idea de ´la unidad de España‘.
Las elecciones ilegítimas impuestas por el gobierno del PP, con el acuerdo del PsoE y Cs, suponen el último intento de normalización forzada de la situación catalana. Tras la represiva convocatoria electoral para el 21 de diciembre, tanto PDeCAT como ERC se apresuraron a anunciar que concurrirían a dichos comicios, lo que no deja lugar a dudas: ninguna de las dos formaciones tenía una hoja de ruta para sostener un proceso real de independencia de Catalunya ni habían preparado al pueblo catalán a la necesidad de construir una correlación de fuerzas suficiente para enfrentarse a la represión del Estado.
En cuanto a la CUP, pensamos que ha sido la organización parlamentaria más coherente al apoyar la necesidad de la movilización y de la huelga para oponerse al 155 sin embargo también consideramos que en términos generales ha sido demasiado seguidista del Govern no dando una estrategía diferente a la de la “desobediencia institucional“ liderada por Puigdemont y Junqueras. El derecho a decidir sólo se podrá imponer mediante la movilización y la huelga de los y las trabajadoras y la juventud. La CUP debería llevar a cabo una estrategía de lucha acorde con esa premisa a que son los CDR, lxs trabajadorxs y lxs jóvenes, quines únicamente pueden generar un movimiento sostenido que cristalice en una situación de doble poder que realmente permtiese romper con el Estado español. Es necesario seguir fortaleciendo los CDR para canalizar hacia una misma dirección, de ruptura radicalmente democrática y de avance social, la fuerza que se está manifestando en la calle.
Hemos visto el poder de l@s de abajo cuando salen a la calle pero, sobre todo, hemos visto el poder de la huelga. Las huelgas generales han sido y siguen siendo la principal herramienta de presión de lxs trabajadorxs catalanxs. Hemos visto cómo desde el Govern con el apoyo de las direcciones de CCOO y UGT hicieron todo lo posible para dinamitar la huelga general del 3 de octubre y convertirla en un “paro de país“, es decir, un lock out y así evitar que los y las trabajadoras se pusieran en movimiento utilizando sus métodos de lucha (asambleas, comités de huelga, etc…) Esto se entiende por el miedo que suscitaba la huelga general a las burguesías, tanto española como catalana.
El 8N ha supuesto de nuevo una presión importante, lo que deja entrever la importancia de la huelga general para lograr las legítimas aspiraciones del pueblo catalán. Es necesario extender las huelgas, no sólo como herramientas de paralización de la producción y los servicios, sino también como impulso para poner a lxs trabajadorxs al frente de aquellas empresas que hayan decidido irse de Catalunya o de aquellos bancos que amenacen con llevarse capital. El terrorismo financiero y social lo está haciendo la burguesía, y lxs trabajadorxs catalanxs no deben sucumbir al miedo, sino tomar las riendas para evitar que les roben lo que es suyo.
Pero, además, es preciso profundizar en el debate sobre qué tipo de república construir en Catalunya. Sabemos muy bien qué hacen PdeCAT y ERC al frente de un gobierno: recortes, desahucios, beneficios para las empresas… Y nada, o solo migajas, para los y las trabajadoras y las clases populares. En la república catalana se tiene que poder decidir sobre todas las cuestiones, incluyendo el modelo de producción, su relación con los derechos laborales de lxs trabajadorxs (haciendo especial incidencia en la situación más precaria de mujeres y migrantes) y su relación con la sostenibilidad del planeta. En una Catalunya independiente se tiene que poder decidir el no pago de la deuda, la pertenencia o no a la UE, la OTAN…
En definitiva, hay que profundizar en un amplio debate sobre qué modelo de república, de sociedad, se quiere construir. Y para todo eso hay que movilizarse desde ya por una República catalana que aumente los salarios de los y las trabajadoras, que prohiba los despidos, que defienda los servicios públicos, que nacionalice los bancos bajo control obrero, que asegure una vivienda digna…
Por último, es imprescindible levantar en el resto del Estado un movimiento de solidaridad, no sólo con el derecho a decidir y contra la represión en Catalunya, sino también por la conquista de esas medidas de urgencia tanto para los y las trabajadoras de Catalunya como del conjunto del Estado Español. Hay que aprovechar la cierta inestabilidad del régimen del 78 para arrancar mejoras para l@s de abajo. La Constitución española y la mayoría de las leyes del Estado español no nos benefician y no las vamos a defender. Esto nos permitiría abrir una brecha importante en el Régimen del 78 para imponer medidas de urgencia a favor de la gente trabajadora en otras partes del Estado. Procesos de lucha social que nos permitan recuperar los derechos perdidos en los últimos años y ganar otros nuevos para avanzar democrática y socialmente.
No hay tiempo que perder-Andalucía