Unas 500 limpiadoras de 85 institutos valencianos iniciaron el 18 de febrero la huelga indefinida para exigir el pago de las nóminas atrasadas a la empresa valenciana Limpiezas Raspeig SL, una de las adjudicatarias del contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de los centros docentes públicos en 2016 que tiene la Generalitat Valenciana. Según los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, la deuda con algunas empleadas asciende hasta los 3.000 euros.
Celeste Salido trabaja de limpiadora al instituto Gilabert de Centelles, en Nules, en la Plana Baixa. Empezó en mayo de 2010, con un contrato fijo discontinuo, por lo tanto, la empresa tiene la obligación de gritarle todos los años cuando arranca de nuevo el curso escolar. Con otras 6 compañeras, entra a trabajar a la una y media del mediodía y acaban a las 8 y media de la noche, una jornada laboral de 7 horas diarias por la cual cobran unos 740 euros netos al mes.
La empresa, con sede en Sant Vicent del Raspeig, municipio de la comarca de l’Alacantí, se creó en el año 2000 para la limpieza y mantenimiento de grandes superficies. En sus orígenes, solo contaba con una plantilla de 8 empleadas y prestaba sus servicios en dos municipios. En la actualidad, su propietario, el empresario valenciano Enrique Vicente García, posee también la empresa valenciana de limpieza Netalia y una consultoría en materia de calidad y asesoramiento de productos, y Limpiezas Raspeig está presente en más de 50 localidades, tiene contratadas más de 850 trabajadoras y se encarga de la limpieza de centros de educación secundaria del País Valencià y Madrid, así como otros edificios de las consellerías de Educación, Hacienda o Justicia.
No es la primera vez que la empresa Limpiezas Raspeig no paga los sueldos a sus trabajadoras. En la anterior legislatura del gobierno valenciano (2011-2015), el expresidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, formalizó el contrato de los servicios de limpieza de algunos edificios públicos valencianos a la empresa, a pesar de que ya tenía problemas de solvencia. De hecho, desde el año 2014, las limpiadoras de las diferentes instituciones donde la empresa ofrece sus servicios han estado organizando concentraciones y huelgas indefinidas para reclamar el pago de sus salarios, así como para exigir responsabilidades a la administración. Según CCOO, Inspección de Trabajo ya actuó contra la empresa para tener trabajadoras sin dar de alta todas las horas que realizaban en algunos edificios de la Consellería de Justicia.
Desde CCOO y UGT, sindicatos que convocan la huelga, tienen muy claro que la responsabilidad es de la Generalitat, puesto que en 2016, el gobierno de izquierdas del Botánico (PSPE, Compromís y Podem) adjudicó el contrato de limpieza de los centros públicos valencianos a Limpiezas Raspeig SL, entre otros mercantiles del sector, aunque “hace años que no abona el salario a tiempo y amenaza las trabajadoras con problemas con las vacaciones o los permisos retribuidos, con atrasar todavía más el pago o directamente con no pagarlas el sueldo, si denuncian el impago”, relata CCOO.
Una deuda con las trabajadoras de 3000 euros
El contrato de adjudicación del servicio de limpieza de los centros docentes públicos del año 2016, publicado al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), indica que Limpiezas Raspeig SL fue la adjudicataria de los lotes 9, 12, 13, 24 y 25 por un total de 14.980.000 euros. Según explica Pedro Medina, un portavoz de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras-País Valencià, la empresa Raspeig se quedó con estos contratos de limpieza con un precio de entre un 22% y 26% por debajo del precio de licitación: “Por eso, la Consellería de Educación tiene mucha responsabilidad. Es ilegal que una empresa opte a un contrato de licitación si no tiene solvencia económica, y esta empresa tiene problemas desde hace años”.
La deuda de la empresa con algunas trabajadoras de limpieza de los centros educativos asciende hasta los 3.000 euros, según el sindicato. En algunos casos, el impago afecta las nóminas de diciembre, enero y febrero y la paga extra de Navidad. En otros, la paga extra sí que se ha pagado, pero también se deben liquidaciones de verano, puesto que un 90% de las trabajadoras tienen contratos fijos discontinuos. “La plantilla ha llegado a un límite. Hay algunas trabajadoras que están cobrando entre 500 y 600 euros al mes, como mucho, y van a trabajar sin cobrar. La empresa crea una indefensión, porque paga a unas y a otras no”.
Muchas trabajadoras denuncian que les está costando dinero ir a trabajar, puesto que se tienen que pagar la gasolina y, incluso, están pidiendo dinero en familiares para poder hacer frente a sus gastos, tal como cuenta Salido: “Me está afectando mucho, porque tengo que recortar por todos los lugares y gastar solo aquello que necesito. Además, mi hija ha tenido que dejarme dinero”.
Ante esta situación, a las 10.30 horas todos los días, las trabajadoras se concentrarán ante las consellerías de Educación a las ciudades de Castelló, Valencia y Alicante durante la huelga, a la cual también se han sumado empleadas de limpieza de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. La concentración se suma a la que ya hicieron en octubre y el pasado 31 de enero. “Haremos huelga hasta que nos pagan el último céntimo. La situación es insostenible y ya no podemos aguantar más”, sentencian.
La Consellería de Educación ha asegurado en varias ocasiones que se ha agilizado el pago de las facturas a la empresa Raspeig para que tenga liquidez y abono su deuda con las trabajadoras. Asimismo, desde la Generalitat aseguran que se ha pagado siempre “en tiempo y forma” a la empresa. CCOO reclama a la Consellería que no prorrogue el contrato con Limpiezas Raspeig SL, que vence el 31 de agosto de 2019: “La Administración es la responsable, porque está contratando este servicio. Nos consta que la Generalitat está pagando, pero la empresa no mujer el dinero que pertenecen a las trabajadoras”, remarca Medina.
Además del incumplimiento del pago de las nóminas, hace años que la empresa incumple el convenio colectivo de limpieza del País Valencià, el cual establece que los sueldos se tienen que pagar al inicio de cada mes, “pero paga cuando le da la gana, una semana, diez días o quince días más tarde”, subraya Salido, que la última nómina que cobró fue la del mes de noviembre y la empresa le ingresó el 15 de diciembre de 2018. Tampoco reconoce los días exactos de vacaciones de las trabajadoras. Los fijos discontinuos tienen que tener 26 días laborales de vacaciones, pero la empresa en mujer menos.
Desde la empresa Raspeig, explican que el retraso del pago de las nóminas es culpa de la entidad financiera con la cual trabajan. Según Medina, la entidad se encarga de avanzarle el dinero para pagar el salario de las trabajadoras, pero se queda con el derecho a cobro de un porcentaje de las facturas, por lo tanto, implica un coste adicional para la contratista. Se trata de un método conocido como factoring, utilizado por aquellas empresas que tienen problemas de solvencia. El sindicalista Pedro Medina explica que a través del factoring, la entidad bancaria se hace responsable de efectuar el ingreso de las nóminas, pero el banco solo puede pagar hasta la cantidad que le haya ingresado la empresa. Si esta no lo ingresa nada, la entidad no pagará nada en las trabajadoras.
Traducción al castellano del artículo de La Directa