Han pasado ya más de 365 días desde que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez escenificaban con un caluroso abrazo el inicio de una nueva legislatura caracterizada por ser la primera desde la transición en la que un gobierno de coalición tomaba las riendas del ejecutivo. Algunos bautizaron a éste como el gobierno más progresista desde la Segunda República, en lo que parecía más un eslogan publicitario que una consigna de cambio real. Aún resuenan en las paredes del Congreso de los Diputados los ecos de aquel ya famoso “Sí se puede”.
Sin embargo, un año después, aquella euforia ha dado paso a la dudosa gestión de una de las mayores crisis económicas que ha atravesado el estado español en nuestra historia reciente. Atrás quedaron muchas promesas como la derogación de la reforma laboral o de la ley mordaza, el cambio de rumbo en cuestiones relacionadas con la migración, el fomento de las políticas de conciliación o el refuerzo de los servicios sociales.
La crisis del coronavirus ha condicionado de manera inevitable la agenda política de nuestro país. De hecho, la situación generada por la rápida expansión de la covid y la gran repercusión que ésta ha generado en nuestra economía, ha proporcionado al gobierno de PSOE y Unidas Podemos la excusa perfecta para justificar el mantenimiento de las políticas capitalistas y la toma de decisiones que, lejos de cuestionar el orden social establecido, no hacen sino mantener y perpetuar los beneficios de una minoría privilegiada.
Sin embargo, tal y como recordaba la diputada de la CUP Mireia Vehi en una sesión parlamentaria que tuvo lugar el 9 de abril del pasado año, la crisis no debe servir de excusa al autodenominado gobierno progresista, ya que “ahora es el momento de la confrontación política porque nos va la vida”. Vehi añadía que el ejecutivo era responsable de “una gestión de la crisis digna del peor capitalismo del desastre”.
En efecto, es en los momentos críticos cuando un gobierno demuestra de qué lado está. En este sentido, hemos sido testigos en estos últimos meses de cómo la maquinaria de Estado se ha puesto en funcionamiento para salvaguardar el beneficio de unos pocos. Estas medidas, lejos de ser criticadas por Unidas Podemos, han sido presentadas como beneficiosas para la mayoría social.
Así, una vez más, el peso de esta crisis recae sobre las espaldas de los y las trabajadoras. Los ERTEs son financiados con nuestros impuestos mientras se exime a las empresas del pago de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, el Estado avala las ayudas millonarias a las empresas a través de los préstamos ICO, y la banca mantiene intactos sus beneficios mientras miles de trabajador@s pierden sus empleos. Así, en junio de 2020 se registraba la mayor cifra de desempleo de toda la pandemia, con casi 4 millones de parados según datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que supone un incremento de casi un 30% respecto al mismo periodo del año 2019. Todo ello al mismo tiempo que la ministra Yolanda Díaz aseguraba que el gobierno había prohibido los despidos.
A todo lo anteriormente mencionado hay que sumar el bochornoso espectáculo al que hemos asistido en materia de desahucios. Y es que una vez iniciada la desescalada, las entidades financieras no han dudado en retomar los lanzamientos. Como consecuencia, cientos de familias han perdido sus viviendas durante este periodo. La situación se ha vuelto tan crítica que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca publicó hace unas semanas un contador con el número de desahucios que se han ido produciendo en estos meses, señalando al gobierno de PSOE y Unidas Podemos como el principal responsable.
No fue hasta el 22 de diciembre cuando el ejecutivo aprobó una moratoria para las familias más vulnerables, que lejos de ofrecer una cobertura real supone un pequeño parche para aliviar el problema. Sin embargo, este decreto contiene una pequeña trampa. Y es que en él se establece una cláusula, según la cual, el ejecutivo compensará a los grandes tenedores que dejen de ingresar beneficios como consecuencia del impago de los alquileres. En otras palabras: se utilizará dinero público para asegurar los beneficios de las empresas que especulan con un bien tan necesario como la vivienda, mientras l@s inquilin@s verán reanudados sus procedimientos de ejecución en apenas 4 meses.
Que la maquinaria del Estado sea puesta al servicio de los capitalistas no es algo de extrañar si tenemos en cuenta que se trata de un gobierno presidido por Pedro Sánchez, el mismo que defendió la reforma del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre cualquier gasto social. La novedad es que en esta ocasión, Unidas Podemos, esa formación que vino a asaltar los cielos, forma parte del gobierno. A las escandalosas medidas mencionadas anteriormente se suman otras más recientes como la subida del precio de la luz en plena ola de frio o la reforma de las pensiones que ya prepara el ejecutivo.
La formación morada siempre ha justificado su claudicación ante estas medidas como una cuestión de aritmética parlamentaria o de competencias ministeriales. De ahí que cada vez que se aprueba una medida impopular escuchemos en bucle argumentos como “esta decisión corresponde a otro ministerio”, “no podemos hacer más con 35 diputados” o “hemos intentado convencer a Pedro Sánchez pero no ha sido posible”.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Unidas Podemos nunca ha querido revertir el orden social, sino que siempre ha intentado gestionar el capitalismo desde una perspectiva amable. Así, UP ha tratado de convencer a su electorado de que no existen alternativas, y que estas decisiones son lo más beneficiosas posibles para la clase obrera. Así, por ejemplo, no se ha planteado la posibilidad de que sean las empresas con beneficios -en ocasiones millonarios- las que carguen con el peso de los ERTEs en vez de hacerlo con dinero público. En su lugar, la ministra Yolanda Díaz prefiere apelar al diálogo con quienes ponen en riesgo nuestras vidas para mantener sus beneficios.
La utopía no es pensar que existen alternativas que suponen una ruptura con el sistema capitalista. Lo realmente utópico es pensar que se puede sobrevivir en este sistema en el que poco o nada importan las vidas de quienes producimos la riqueza.
Por otro lado, si Unidas Podemos no es capaz de romper con el gobierno en un momento tan crítico, y cuando la balanza puede inclinarse hacia un lado u otro, estará siendo un colaborador necesario en el mantenimiento de las políticas capitalistas que benefician a los de siempre. El viejo mantra del “mal menor” que en tan repetidas ocasiones se utilizó para justificar el hecho de tener a un partido liberal como el PSOE como socio de gobierno, cae ahora por su propio peso. Quizás Unidas Podemos no haya querido nunca asaltar los cielos. Y quizás no vinieron para abrir el candado del 78. Quizás, solo quizás.