El pasado jueves 11 de octubre en Moncloa y en la sede de Podemos aplaudieron la fumata blanca de un preacuerdo para los presupuestos generales de 2019 entre el gobierno y la organización de Pablo Iglesias.
En primer lugar conviene aclarar algo más que evidente pero necesario para comprender la delgada línea sobre la que camina el gobierno de Sánchez: éstos no son los números con los que se aprobarán las cuentas del próximo año, sino que la firma es tan solo el punto de partida de una negociación con final incierto que necesita los apoyos del PNV y los grupos catalanes PdCat y ERC en un momento en el que dichas organizaciones ya han afirmado que no apoyaran dichas cuentas mientras sigan encarcelados los presos políticos catalanes. Esta situación de no resolverse conduce irremediablemente a un adelanto electoral. Tanto Podemos como el PSOE lo saben. Están ya de pre campaña por lo que pueda pasar y en ese contexto se enmarca el anuncio de dichos presupuestos.
Eso no significa que los anuncios realizados no sean positivos para nuestra clase pero sí que son claramente insuficientes, como más adelante desarrollaremos, y además aún deben pasar por el corte de Bruselas que ya ha dicho que sólo estudiarán dichos presupuestos una vez que éstos estén aprobados por el Congreso. Por su parte el gobierno de Sánchez ya ha tranquilizado a la Comisión Europea diciendo que la propuesta de presupuestos no rompe con el inamovible techo de déficit mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ha quitado hierro al asunto afirmando que no sería grave tener que reajustar los presupuestos en 1200 millones de euros ya que en sus propias palabras“ pasarse en un presupuesto, eso no tiene problema. Eso es poco, son 1200 millones, quitas o pones en el presupuesto, nada más”.
La subida del SMI a 900 euros no tapa la vigencia de la reforma laboral y de pensiones
La primera medida de importante calado y patrocinada a bombo y platillo por Podemos es el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. Lo primero que se puede decir es que cualquier avance del SMI es de celebrar. Sin embargo, eso no nos puede dejar de ver que está por debajo de lo prometido por el presidente Sánchez y de la reivindicación de 1080 euros que llevaba Unidos Podemos en su programa electoral a la vez que no revierte en ningún caso ni la pérdida de empleo de antes del 2007 (estando aún un 6,8% por debajo de los valores precrisis) ni el ritmo de progresión nominal de los salarios que pasó del 5,8% en el segundo trimestre de 2007, antes de la crisis, al 3,2% en el último trimestre del pasado año (según un informe de la OCDE). Más bien hay que situar esta cifra en un ligero estirón del acuerdo salarial del 3% entre las direcciones de CCOO y UGT y la patronal en junio, precisamente cuando las centrales sindicales renunciaron a poner la exigencia de derogación de la reforma laboral sobre la mesa.
Es innegable el carácter positivo aunque balsámico de este incremento, que afectará a un 12% de l@s trabajador@s, sin embargo tampoco podemos obviar que la luz ha subido más de 7 veces que los salarios desde que comenzó la crisis ni que en realidad nada le ha costado soltar al gobierno ni a las empresas del IBEX 35, cuando desde 2007 los impuestos a las rentas del trabajo han pasado de un 68% a un 77% el año pasado, según el propio ministerio de Hacienda, y sobre las rentas del capital, un descenso análogo, cuando el propio Sánchez retira el impuesto sobre la banca que anunció hace unos meses o cuando los beneficios de las empresas del ibex 35 se elevan este año a más de 22 700 millones de euros, un 8% más que un año antes.
También es bastante probable con la enorme desregulación que define el mercado laboral tras las 2 últimas reformas de Zapatero y Rajoy, haya muchas empresas que burlen esta medida y de esta forma eviten aplicar este incremento. Si a esto añadimos que los precios en los bienes de consumo y primera necesidad se han mantenido en progresivo ascenso en esta década de crisis, este nuevo SMI se convierte desgraciadamente en un par de gotas de agua en medio del desierto. No nos cansaremos de repetir, y las cifras de precariedad lo avalan, que sin la derogación de las reformas laborales este aumento es retrasar el hambre unos meses.
Con el anuncio de la subida de las pensiones – peleadas al calor de las movilizaciones sostenidas de l@s pensionistas durante 6 meses, no lo olvidemos nunca- y la vinculación al IPC hasta 2020 (¿acaso dentro de 2 años ya no van a vivir los pensionistas?) ocurre algo parecido: no es oro todo lo que reluce en el preacuerdo. Se firma un raquítico aumento de las pensiones mínimas de un 3% y del resto de ellas un 1,6%. Cabría pensar que PSOE y Podemos consideran que los gastos de nuestr@s jubilad@s han aumentado en un 1,6% y sería una broma de muy mal gusto. Nada hay de la derogación de la reforma de Rajoy de 2013 y menos del muy lesivo retraso en la edad de jubilación que trajeron bajo el brazo Zapatero y las direcciones de los sindicatos mayoritarios. No es de extrañar que l@s pensionistas organizad@s se mantengan escépticos y movilizad@s.
No salen los números para revertir los recortes en servicios públicos
Si los últimos años, bajo el último gobierno del PSOE y la primera legislatura del PP con Rajoy en La Moncloa, se caracterizaron por un calendario intermitente de recortes a los servicios públicos cada “viernes de dolores” tras el consejo de ministros, lo mínimamente esperable es que un preacuerdo presupuestario aplaudido con tanta vehemencia por Unidos Podemos se hubiese atrevido a romper con la lógica de la austeridad. Bien saben que cualquier documento que omita cómo se va a combatir el pago de la deuda y el déficit estructural contra la troika se convierte, por desgracia, en papel mojado.
La sanidad, la educación y la dependencia dependen de un compromiso abstracto, sin fecha y de la buena voluntad de las comunidades autónomas para recuperar el carácter público, revertir copagos, blindar el sistema frente a privatizaciones, reducir las tasas universitarias, mejorar la cuantía en dependencia y recuperar la cotización a Seguridad Social para cuidador@s, entre otras. No hay que ser un genio para saber que no sólo las comunidades gobernadas por el PP no van a llevar a cabo esa política. No hay más que fijarse en el balance de comunidades como la andaluza, gobernada por el PSOE, en la que la política también ha sido de recortes o destrucción de servicios públicos como la educación o la sanidad a favor de la su privatización. Mientras tanto, el nudo gordiano de la deuda y del artículo 135 de la Constitución contra el que Podemos nació siguen sin romperse al no asumirse una política que se enfrente sin rodeos con los intereses de los capitalistas. La repuesta a esta renuncia se encuentra en la contrapartida de incrementar entre el 2 y el 4% para los tramos más alto del IRPF y el 1% en el impuesto al Patrimonio superior a 10 millones de euros.
Consideramos para una mención específica la equiparación de permisos de paternidad y maternidad- para nosotr@s el debate no está en el número de semanas- que se hace depender a la voluntad de la patronal en el diálogo social y a una implantación gradual. Al igual que la declaración de intenciones que supone citar la “igualdad salarial entre mujeres y hombres”, son medidas que se quedan en papel mojado sin unas políticas de conciliación real que vengan de una marco no regulado por subcontratas, explotación y falta de derechos, el legado de las reformas laborales en vigor que parecen no tenerse en absoluto en cuenta.
En materia de política habitacional, la novedad será la regulación y limitación, relegadas a una ley en 2019, de las subidas abusivas del precio de los alquileres por los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Anunciar esto por gobierno y Podemos es una vez más quedarse en nada, puesto que más allá del leve aumento presupuestario en vivienda son políticas nada vinculantes al gobierno de Sánchez. No hay ni una palabra a las medidas impulsadas por la Ley de Vivienda de la PAH ni se habla de cómo evitar los 70.000 desahucios producidos en este 2018. De la dación en pago sólo hay humo.
La rueda no gira en sentido contrario, sólo chirría. Saquémosla de su eje con la movilización
Se podrían comentar otras políticas en las que el preacuerdo pasa vergonzosamente de puntillas. La Ley de Seguridad ciudadana y el endurecimiento del Código Penal que pactaron PP y PSOE y que encarcela y multa a activistas sociales siguen sobre la mesa casi 6 meses después de llegar, las concertinas siguen en su sitio, las devoluciones en caliente ahora se defienden ante la UE. La única migaja en materia penal es la modificación de los artículos alusivos a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.
En definitiva negamos la mayor: no es un preacuerdo de presupuestos que gire la rueda en el sentido contrario al del capital ni cierre con el ciclo de la austeridad. Son claramente insuficientes y muestran que hace falta mucho más que un futuro gobierno PSOE-Podemos para revertir las consecuencias de la crisis y para mejorar nuestras vidas. Hace falta reforzar y unificar las grandes movilizaciones y reivindicaciones que trabajador@s, juventud, pensionistas y mujeres llevan años sacando a las calles desde el 15M, las Marchas de la Dignidad o el pasado 8M. Para eso, sin duda este acuerdo que cumple la función de un documento-programa electoral de 2020 se queda más que corto.
Ante los histriónicos calificativos de “acuerdo histórico”, IZAR decimos que toca más que nunca organizarse para ganar en las calles, en los centros de estudio y trabajo, el programa que no mercadee con nuestras luchas. El 24 de octubre en muchas ciudades y el 27 del mismo mes en Madrid hay una movilización estatal que nos permite dar pasos en la necesaria convergencia de los sectores que se están movilizando por separado. Esa fuerza es la única capaz de imponer un programa que revierta los recortes, aumente los salarios, acabe con la precariedad, defienda nuestros empleos a la vez que acabe con cualquier tipo de opresión.