Hasta mediados de marzo iban 112 preavisos de huelga desde que empezó el año. La calle en Portugal hierve y promete superar los registros de récord de 2018, en el que hubo un total de 260 huelgas de muchos sectores, con dos que han decidido plantarse definitivamente: docentes y enfermer@s. Comparten las mismas reivindicaciones de base, que sus salarios se actualicen tras los años negros de la crisis y que no sigan cargándoles de horas extra para evitar reponer plantillas devastadas al paso de la troika. Ya no les valen prórrogas.
2019 es el cuarto y último año del Partido Socialista en el poder, comandados por un António Costa que quiere seguir siendo el adalid de la socialdemocracia europea ganando las elecciones legislativas de octubre, promete ser no solo el más movido de su legislatura, sino el que marque su lucha por la supervivencia para no perder el favor de su núcleo electoral: la clase trabajadora. Tras los años del memorándum, el conocido como ”gobierno de la geringonça”, como lo llamó la derecha saliente, prometía ser un bálsamo, hasta la segunda mitad del año pasado. Ya los presupuestos de 2017 evidenciaban que el fin de la austeridad quedaba pospuesto.
No había tantas huelgas desde 2015 y los paros vuelven a ser parte del paisaje. Los sindicatos dieron poca paz social al gobierno, apoyado por el PCP y el Bloco de Esquerda, que aprietan cada vez más pero no dejan caer al ejecutivo socialista. Además de las potentes movilizaciones en sanidad de las y los enfermeros, que tuvieron paros intermitentes el año pasado y cuya huelga fue intervenida por decreto-ley además de con la amenaza de identificar a quienes hayan aportado dinero a la caja de resistencia, se unieron en febrero docentes, movilizados por hasta 10 sindicatos en protesta por el congelamiento salarial, bomberos, ferroviarios, con una huelga de una semana que paralizó el país, y funcionarios judiciales.
El mayor sindicato del país convocó el 15 de febrero una huelga del sector público por el aumento salarial del 4% y el restablecimiento de subsidios eliminados durante los años de supervisión del país por Bruselas. L@s trabajador@s públic@s no han recibido un aumento salarial en 10 años. Sus salarios han sido congelados cada año por los gobiernos sucesivos, y el gobierno de Costa anunció en enero que la congelación continuaría por un año más. La CGTP denunció que el gobierno del Partido Socialista continúa profundizando la destrucción de las funciones sociales del estado, allanando el camino para su privatización e ignorando la precariedad.
Lo cierto es que en estos años de gobierno el presidente António Costa, aun con el apoyo de la izquierda parlamentaria (que tampoco se lo ha exigido en las negociaciones), no ha tocado la reforma laboral implementada durante el periodo de la troika, que facilitaba el despido y la precariedad laboral. El hartazgo social y la cascada de huelgas puede tener un efecto mayor en el gobierno socialista que en el de su antecesor, porque su base electoral es precisamente la clase trabajadora. En la calle se empieza a instalar la idea de que Costa no quiere hablar con los sindicatos porque se siente fuerte en su carrera hasta las urnas del próximo octubre.